El Parlament debate el derecho a ser investido de Puigdemont que ha solicitado el voto delegado

A falta de un Govern efectivo, el Parlament de Catalunya se ha convertido en la institución más activa de la comunidad. Y aunque sus iniciativas no sirvan para nada desde el punto de vista práctico, sí contribuyen a amplificar el debate sobre el futuro del independentismo y la denuncia de la ‘represión’ del Estado en la que se apoya. De ahí que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, se haya prestado a un inusual cambio del orden del día a petición de uno de los protagonistas del pleno de este miércoles, el Síndic de Greuges.

El síndic Rafael Ribó, que traducido al castellano sería el 'síndico de agravios' o una especie de defensor del pueblo, será quien abra al pleno a las diez de la mañana para exponer el informe que realizó sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. La principal conclusión de ese informe es que hubo un "uso excesivo de la fuerza" por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se da la circunstancia de que uno de los procesado por el juez Llarena por los acontecimientos que condujeron a la declaración unilateral de independencia es Jordi Sànchez quien, antes de liderar la ANC, fue el adjunto a Ribó en la Sindicatura.

No es de extrañar, por lo tanto, que el informe que va a presentar Ribó arremeta duramente contra el Estado español y la Fiscalía acusando al Gobierno central de conculcar los derechos de libertad de expresión y de reunión y a la Fiscalía de “falta de proporcionalidad en sus actuaciones”. Se omite toda referencia a las movilizaciones del 20 de septiembre cuando, con motivo de los registros de la Consejería de Economía y otras dependencias de la Generalitat, los líder de ANC y Òmnium, Sànchez y Jordi Cuixart, convocaron a miles de personas que permenecieron concentradas impidiendo a la Guardia Civil que realizara sus funciones hasta que ellos mismos dieron por finalizada la algarada.

Sin embargo, Ribó hace constar en su informe que "el encarcelamiento del exadjunto general al Síndic (Jordi Sànchez) y actual presidente de la ANC, y también del presidente de Òmnium, constituye una decisión contraria a los derechos y las libertades comprendidas en los tratados internacionales ratificados por el Reino de España, en especial a la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación y el derecho a la libertad y seguridad”. Y subraya que “la trayectoria pacifista de los señores Sánchez y Cuixart es sobradamente conocida”.

Este será pue el preámbulo del pleno urgente propuesto por Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP para reivindicar la figura de Carles Puigdemont y defender su "derecho" a ser investido president, así como los "derechos políticos" de los diputados encarcelados o en el "exilio". Según ha anunciado la institución en su cuenta en Twitter, en la sesión extraordinaria se debatirán y votarán cinco propuestas de resolución, de cuyo contenido informa la propia institución en Twitter.

Aunque el tuit habla de las diez de la mañana como hora prevista para iniciar el debate de las propuestas, en realidad será más tarde puesto que antes el síndic expondrá su informe. Las tres primeras iniciativas son dos de JxCat, ERC y la CUP "sobre la liberación de los procesados y las medidas acordadas por la ONU" y una de Ciudadanos sobre la neutralidad institucional, que el grupo viene reclamando desde hace tiempo y que culminó el lunes en  la petición de la dimisión de Torrent. Además, se analizarán otra del PSC sobre el diálogo y la reconciliación y una última propuesta de Catalunya en Comù, sobre los derechos civiles.

El objetivo del bloque independentista es conseguir que el Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que el expresidente Carles Puigdemont puede ser investido en el Parlament. Las iniciativas también piden las mismas medidas para garantizar los derechos parlamentarios y la investidura del actual candidato, Jordi Turull, y del excandidato y exdiputado Jordi Sànchez. Mientras que Puigdemont se encuentra encarcelado en Alemania, donde fue detenido el pasado domingo, Turull y Sànchez lo están en una cárcel española, a la que fueron enviados la semana pasada por el juez Llarena nada más notificarles su auto de procesamiento.

El expresidente, por cierto, se ha pronunciado por primera vez desde su arresto a través de Instagram para hacer un llamamiento a la unidad y agradecer los apoyos recibios, pero sin hacer mención alguna a ese nuevo intento de investirle o a sus planes de futuro.

"No me rindo. A pesar de las adversidades, no desfalleceré en la defensa de mis ideales. Desde aquí hago un llamamiento a la unidad del soberanismo, esta será una lucha larga pero que acabará bien. Quiero transmitir un agradecimiento especial a toda la gente que me está mostrando su apoyo, en Cataluña, en toda Europa, por carta, a través de las redes y también en la calle pacíficamente", ha escrito el expresidente que vuelve a recurrir implícitamente a la recomendación de que se evite la violencia por lo que ello podría suponer para su situación procesal.

El texto de la propuesta de Ciudadanos dice lo siguiente: "Ante la constatación" de que Torrent "sistemáticamente ejerce sus funciones de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida, el Parlament solicita que dimita del cargo que ocupa para que el pleno de la cámara pueda proceder a nombrar un nuevo presidente que pueda y quiera cumplir sus funciones adecuadamente".

Así, reclama "dar fin a la estrategia de utilización partidista" del Parlament, y "apostar decididamente por la recuperación de la normalidad institucional en pro de la convivencia de todos los catalanes". Por otro lado, Ciudadanos exige en esta iniciativa parlamentaria que el futuro Govern "trabaje desde el respeto pleno a la legalidad estatutaria y constitucional en beneficio de todos los catalanes, no solo de una parte de ellos como desgraciadamente ha ocurrido en los últimos tiempos".

En cuanto al grupo parlamentario PSC-Units, pide que el Parlament marque "las pautas de un proceso de reconciliación nacional" y llama a restablecer "consensos básicos en la sociedad catalana, que se encuentra profundamente dividida". "Los conflictos políticos se deben resolver en el marco de la política, y no encontrarán solución en su judicialización", dice la propuesta socialista que aboga por "la necesidad de establecer un marco de diálogo entre las fuerzas políticas y sociales catalanas con el fin de romper la dinámica de enfrentamiento y bloqueo actual".

Asimismo, apuesta por "establecer proyectos políticos colectivos que puedan ser ampliamente compartidos por la sociedad", por lo que, de salir adelante la votación, el Parlament rechazaría "cualquier propuesta unilateral o ilegal". El texto afirma que se debe "defender el cumplimiento de la ley porque solo hay democracia desde el respeto a la legalidad", y añade que "es necesario que los poderes públicos garanticen en todo momento los valores constitucionales básicos".

La quinta propuesta es de Catalunya en Comú Podem que, siguiendo la llamada de su líder, Xavier Domènech, al PSC y la CUP, en el pleno simbólico del sábado, ha registrado un texto en el que reclama a la Cámara que teja "mayorías amplias y plurales" para defender la "democracia, la libertad y la justicia", que están siendo "vulneradas en los últimos tiempos", además de los derechos políticos de los diputados. Es decir, confluye con la llamada a un "frente unitario" que hizo Roger Torrent el domingo por la noche, tras la detención en Alemania de Puigdemont y las primeras movilizaciones de protesta en Cataluña.

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