Gobierno y oposición se enzarzan en un cruce de acusaciones por el último atentado yihadista

El último ataque yihadista registrado en Francia el pasado viernes en el que cuatro personas fueron asesinadas ha enzarzado al Gobierno y a la oposición en un cruce de acusaciones, con críticas este martes del primer ministro, Edouard Philippe, a quienes prometen un "riesgo cero" de atentados.

"A quienes afirman sin saberlo que ese atentado podría haberse evitado, a quienes creen poder prometer a los franceses un riesgo cero ante un atentado, les digo que asumen una gran responsabilidad por su ligereza", indicó el jefe del Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

La cadena de reproches comenzó este lunes, cuando Laurent Wauquiez, presidente de Los Republicanos, el gran partido de la derecha francesa, denunció la "ingenuidad culpable" ante el terrorismo del jefe del Estado, Emmanuel Macron.

Ese mismo día, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, pidió la dimisión del ministro de Interior, Gérard Collomb, por no haber tomado medidas para prevenir el ataque, que también dejó heridas a una quincena de personas.

Uno y otra coincidieron, además, a la hora de pedir mano dura contra el terrorismo, por ejemplo con la expulsión de Francia de los extranjeros que estén fichados por los servicios secretos para ser vigilados por si representan una amenaza contra la seguridad nacional.

El yihadista Radouane Lakdim figuraba desde 2014 en el llamado "Fichero S", de personas susceptibles de representar un peligro para la seguridad del Estado, y desde noviembre de 2015 había sido incluido dentro del Fichero de Señalamientos para la Prevención de la Radicalización Terrorista (FSPRT) por sus vínculos salafistas.

En el momento en que perpetró los atentados del viernes, según informó este lunes el fiscal de París, François Molins, era objeto de un "seguimiento efectivo".

"La ficha S es un instrumento policial, (...) no una prueba en sí misma, y solo interesa si las personas implicadas no saben que lo están", dijo hoy Philippe frente a quienes defienden que los fichados por ese mecanismo sean retenidos.

Ese registro aparece en el centro de la polémica sobre las medidas que deberían tomarse para frenar los ataques, pero según el primer ministro la propuesta de detenerlos supone "desconocer el Estado de derecho", porque en Francia "no se pueda privar a alguien de libertad sobre la base de una sospecha".

Philippe descartó igualmente restablecer el estado de emergencia, que estuvo en vigor desde los atentados en París del 13 de noviembre de 2015 y hasta el pasado 1 de noviembre, cuando fue sustituido por una nueva ley antiterrorista que recogía algunas de sus disposiciones.