Rajoy avala al jefe del dispositivo del 1-O como responsable de la Guardia Civil de Madrid

El nombramiento como responsable de la Guardia Civil de Madrid del coronel que dirigió las fuerzas policiales que trataron de impedir la celebración del referéndum independentista del 1-O, Diego Pérez de Cobos, enfrentó ayer una vez más al partido de Carles Puigdemont, el PEdCAT, con el presidente del Gobierno en la sesiòn de control del Congreso.

Para los independentistas, lo que consideran un ascenso supone “un enorme insulto a quienes nos horrorizó la actuación policial del 1 de octubre”. Para el presidente sólo se ha tratado de un cambio de puesto que responde a una decisión de la Dirección de la Guardia Civil que él respalda aunque dijo que no es de su competencia.

El portavoz adjunto del grupo nacionalista catalán del Congreso, Jordi Xuclá, dijo se trata de un ascenso “que tiene una evidente carga política y que envía un mensaje de desprecio a quienes criticamos la violencia atroz practicada el 1-O”.  El diputado independentista recordó que en octubre se inició un proceso de elecciones internas para elegir al responsable en Madrid de la Guardia Civil y que, días antes de que se cubriera la plaza, la Dirección General de Cuerpo dejó desierto el puesto aunque concurrieron tres coroneles “con muy destacada trayectoria”. “Dentro del Cuerpo era un secreto a voces que la plaza estaba reservada para Pérez Cobo”, señaló.

Para Xuclá, “el mensaje del Gobierno es que premia la violencia gratuita, a quien se presentó el 23 de febrero de 1981 en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla tras sumarse al golpe de Estad y a quien formó parte del Caso Urra por malos tratos a un detenido ue terminó con la condena de España en la ONU”. “Rectifique, pida perdón por la violencia y destituya, no promocione, al máximo responsable policial el 1-O”, dijo. “Y digo responsable policial porque el responsable político es usted”, remató.

Rajoy, tan tranquilo como acostumbra, tras destacar que esos nombramientos no los hace el sino la Dirección de la Guardia Civil, replicó que se trata “de un cambio de puesto, de destino, no de un ascenso”. “La Guardia Civil cumplió con su obligación de llevar a cabo un mandato judicial y no hay ni carga política, ni un ascenso, ni supone un desprecio a nadie, ni ha habido violencia gratuita ni es un insulto a persona alguna”, comentó.

“Lo únicos a los que no les gusta la Guardia Civil son aquellos que se saltan la ley a la torera”, dijo el presidente aludiendo sin citarlos a los dirigentes del independentismo catalán. Pero, por si no había quedado claro, añadió que  “Han roto todos los límites, se han saltado la ley, han dividido a la gente, han echado a las empresas, han subestimado al Estado y han sobrevalorado a sus líderes, y si no, vean lo que está ocurriendo en estos momentos”, destacó.

El presidente concluyó dando un consejo a los independentistas: “Yo les recomendaría que mirasen hacia delante, que pusiesen a un candidato limpio, que cumplan la ley y a ver si entre todos somos capaces de construir algo positivo”.

PNV: Estado “oscurantista” de Derecho

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también interpeló al Gobierno sobre la Ley de Secretos Oficiales que aún sigue siendo la que funcionaba en el franquismo y sobre la que se ha iniciado la tramitación de su reforma a petición de los nacionalistas vascos. El diputado vizcaíno criticó que el PP haya planteado “enmiendas gatopardianas de cambiar para que ni cambie nada” y lamentó que el Gobierno pretenda subir a 50 años el tiempo en que deben permanecer siendo secretos los documentos clasificados.

Tras lamentar que el Ejecutivo quiere que el director del CNI sea quien controle los papeles (“es como poner al zorro a cuidar el gallinero”, precisó), Esteban se escandalizó de que el Gobierno pretenda que los documentos que ahora son secretos no se puedan conocer hasta 2023, que Ciudadanos propongan hasta 2040 y el PSOE hasta 2030. “Esto, más que un Estado de Derecho, se convierte en un Estado Oscurantista de Derecho”, concluyó.

El presidente le respondió que está “dispuesto a revisar la Ley para actualizar y mejorar la normativa sobre secretos oficiales”. “Pero –añadió- conviene hilar muy fino y actuar con sensatez porque se trata de una materia muy delicada”. Una materia relacionada con la seguridad y la defensa, dijo, “que no sólo nos afecta a nosotros sino también a nuestros aliados internacionales de nuestro entorno, por lo que tenemos que conseguir un sistema de clasificación homologado”.

Para el presidente, la reforma es necesaria, pero debe hacerse “con el máximo consenso posible”. Y él, concluyó, está dispuesto a conseguirlo.

Finalmente, preguntado por Margarita Robles, la portavoz socialista, si coincidía con los portavoces de su partido que han asegurado que “las movilizaciones de pensionistas no sirven para nada”, Rajoy dijo que “hay que escuchar la voz de la calle” y mostró su máximo respeto por las manifestaciones porque son “la expresión de la necesidad de que debemos seguir trabajando”. Sobre todo, señaló, en el Pacto de Toledo. “Les invitamos a que lo hagan si quieren y, si no, lo haremos nosotros en solitario”.