Torrent convoca la ‘investidura exprés’ de Turull para este jueves a las 17.00 con la duda de qué hará la CUP

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado una ‘investidura exprés’ a la medida del bloque independentista, más interesado en mantener vivo el desafío al Estado que en solucionar de una vez por todas la situación de bloqueo político en la que está Cataluña. Por eso, Torrent ha hecho una rápida ronda de consultas telefónicas para cubrir el expediente -está claro que es la mayoría secesionista la que decide- y ha convocado el pleno para investir a Jordi Turull este jueves a las cinco de la tarde. JxCat, ERC y la CUP han dedicado toda la tarde a negociar esa ‘investidura exprés’ para adelantarse a la acción de la justicia, lo que no significa que la invalide.

De lo que se trata es de anticiparse a la vistilla convocada para el viernes por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El magistrado ha anunciado para ese día la notificación del auto de procesamiento a varios dirigentes del ‘procés’ investigados, entre ellos Turull, lo que podría conducir a su inhabilitación si se le aplicara el delito de rebelión y se le impusiera prisión provisional. No es que ser investido ‘president’ vaya a frenar la acción de la justicia pero sin duda inhabilitar a un ‘president’ elegido por la Cámara autonómica tensaría más el conflicto y potenciaría el discurso victimista que los secesionistas siguen explotando.

Aunque Turull sea investido, la inhabilitación sigue siendo una amenaza muy seria que podría forzar que la lista siga avanzando hacia la ‘opción D’. Otro interrogante es qué nombre figura en esa posición: Elsa Artadi, número cuatro de la lista de JxCat y con muy pocas ganas de ser presidenta, según ha demostrado hasta ahora, o la casilla de salida, Carles Puigdemont, lo que significa vuelta a empezar con el pulso al Estado sobre si es posible la investidura y el ejercicio de la presidencia por plasma. El expresidente sigue asumiendo el rol de guía espiritual de sus correligionarios hasta el punto de dar la impresión de que nada se mueve hasta que él da el visto bueno.

“@jorditurull será un gran presidente para revertir los efectos del 155, para hacer respetar el resultado del # 21D y para garantizar la legitimidad de las instituciones nacionales catalanas. Es un hombre honesto y trabajador. Ninguna maniobra del Estado podrá resquebrajar su dignidad”, ha escrito Puigdemont en Twitter.

De momento, es probable que se consiga un retraso de la vista en el Supremo, siempre que el magistrado así lo acuerde, puesto que al comenzar este jueves el pleno de investidura tendrá que prolongarse hasta el viernes. Los independentistas no tienen garantizada la mayoría absoluta por lo que tendrían que investir a Turull por mayoría simple en una segunda votación si en la primera no logran sumar los cuatro votos de la CUP a los 32 de JxCat (34 menos los de Puigdemont y Comín que retienen sus actas de diputados y no pueden ejercer su derecho telemáticamente ni por delegación) y los 32 de ERC. Solo así tendrían 68 apoyos, que son precisamente los que marcan la mayoría absoluta en una cámara con 135 escaños.

Pero la CUP no ha decidio aún qué hará. De hecho, ha convocado a los medios este miércoles por la noche solo para anunciar que a las tres de la tarde de este jueves celebrará un consejo político, que será el que decida el voto de sus cuatro diputados. Sin esos cuatro apoyos, la investidura quedaría a expensas de lo que decida el juez del Tribunal Supremo. Si Llarena mantiene la citación para el viernes, la segunda votación de la investidura tendrá que posponerse sí o sí.

Los partidos no independentistas han puesto el grito en el cielo por la convocatoria a toda prisa del pleno, pero lo cierto es que no estamos ante una nueva experiencia. En el año 2016 la investidura de Puigdemont se desatascó en cuestión de horas: Artur Mas compareció la tarde del sábado 10 de enero para anunciar que daba ‘un paso al lado’ tras haber logrado un acuerdo con la CUP que exigió a cambio su cabeza y, al día siguiente, el domingo 11 de enero, Puigdemont fue investido.

Esta vez, con la CUP presionando también hasta el último minuto, el detonante ha sido la citación por el juez Pablo Llarena para el viernes de todas las partes personadas en la causa que instruye contra el proceso independentista en Cataluña y de seis de los investigados -Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa- para comunicarles el auto de procesamiento. La providencia que ha dictado el juez este miércoles no dice nada de los delitos por los que se dispone a procesarles, por lo que habrá que esperar al viernes para saberlo. Y la otra gran incógnita es si encarcelará a Turull, recién proclamado candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.

La amenaza de prisión se cierne sobre los 6 diputados citados

El magistrado cita a los investigados acompañados de letrado “a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Ese precepto se refiere a la convocatoria por parte del juez o tribunal de una audiencia “en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza”. Y esto significa que el juez les preguntará al fiscal y a la acusación popular ejercida por Vox si solicitan medidas cautelares o no. En situación de libertad bajo fianza se encuentran ya Forcadell, Turull, Romeva, Rull y Bassa, así como los exconsejeros Carles Mundó y Meritxell Borras, que no han sido convocados el viernes y que también fueron enviados a la cárcel por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de que la instrucción pasara al Tribunal Supremo. El exconseller Santi Vila, que dimitió antes de la aprobación de la declaración de independencia, está junto a ellos en la causa y en libertad bajo fianza.

La única que no ha pasado por la cárcel es Rovira. Los ex consejeros tuvieron que pagar una fianza de 100.000 euros para abandonarla y la ex presidenta del Parlamento catalán abonó 150.000 euros. La secretaria general de ERC se libró previo pago de 60.000 euros, que tuvo que depositar en un plazo de 10 días.

En lo que se refiere a Turull, la decisión del magistrado tendrá una especial trascendencia ya que, a falta de confirmación oficial, el exconsejero de Presidencia será con toda seguridad el nuevo candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, cargo para el que está previsto que sea elegido, a ser posible, la próxima semana. Si el candidato fuera de nuevo encarcelado y ya con el auto de procesamiento en la mano, el juez podría inhabilitarle sin esperar a la condena, lo que impediría que pudiera ser investido ‘president’ ni ejercer ningún otro cargo. Es lo que establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

En todo caso, se trata de posibilidades que se confirmarán el viernes, cuando se conozca cuál es el delito por el que resultan procesadas las personas implicadas y también qué medidas cautelares adopta el magistrado. De momento, el instructor ha decidido cerrar la instrucción por la causa de rebelión y sedición y dejar aparte la malversación de caudales públicos, delito por el que ha abierto una pieza separada. En concreto, el juez ha solicitado a la Guardia Civil la aportación de documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte al contenido de un informe ya entregado por este cuerpo relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum ilegal de independencia. De dicho informe se desprende que sí hubo desvío de dinero público con ese fin, al contrario de lo que reiteradamente se ha venido asegurando desde el propio Gobierno central.

Rull, uno de los citados, ha denunciado que los políticos independentistas han conocido la noticia de su citación a través de los medios de comunicación antes de que sus respectivos letrados fueran informados “formalmente”. “Como es habitual en este ‘Estado de derecho’, a estas horas ni nuestros procuradores ni nuestros abogados aben nada formalmente. En cualquier caso, iremos con la cabeza bien alta”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Entre los imputados en este proceso, además de los citados y de quienes están en prisión preventiva (el exvicepresident Oriol Junqueras, los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el exconseller de Interior Joaquim Forn) figuran dirigentes del ‘procés’ como el expresident Artur Mas o Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP). A ellos se suman, entre otros, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados, como Gabriel. El listado, hasta un total de 28, lo completan la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, y los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares.

El auto de procesamiento significa que se pone punto final a la instrucción pero no implica necesariamente que se vaya a sentar en el banquillo a todos los investigados. Además, este auto puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. Una vez que sean resueltos los futuros recursos, el juez acordará el auto de apertura de juicio oral, que ya no es recurrible. Es bastante probable que Llarena decida llevar a juicio a los encarcelados, a los citados el próximo viernes para la vistilla de medidas cautelares y a los huidos que podrían ser juzgados en rebeldía.

No obstante, otra de las posibles consecuencias del auto es la reactivación de las órdenes de detención europeas e internacionales contra los prófugos, entre los que se encuentra el expresidente Carles Puigdemont. Estas órdenes fueron dictadas por la juez Lamela el 3 de noviembre de 2017 pero el juez Llarena las anuló al asumir toda la instrucción. El juez temía que las autoridades belgas que debían decidir la entrega la autorizaran por alguno de los delitos menos graves, como el de malversación, dejando fuera los de rebelión y sedición que no tienen equivalencia en sus leyes. Por eso, argumentó que prefería esperar a que la instrucción estuviera lo suficientemente avanzada, es decir, al auto de procesamiento, para presentar un caso suficientemente sólido, que garantice que Puigdemont y los exconsejeros que le acompañan en Bruselas serán juzgados por los mismos delitos que los que se quedaron en España.

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