El fiscal general ordena facilitar que Forn quede libre mientras Sánchez se descarta para ser ‘president’

En un giro inesperado, la Fiscalía General del Estado ha ordenado al fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena que solicite la libertad con fianza de 100.000 euros para el exconsejero de Interior Joaquim Forn. Así lo ha admitido el propio fiscal, que ha presentado la petición “por imperativo legal”, tras haberse mostrado partidario de que Forn continuara en prisión en su escrito previo a la sala de apelaciones del alto tribunal. Forn ya había renunciado a su acta de diputado y la segunda sorpresa del día ha sido que el candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha seguido su ejemplo lo que le descarta para seguir aspirando al cargo. Así las cosas, parece que el Gobierno afloja la presión sobre los dirigentes del ‘procés’ y deja un poco más solo a Carles Puigdemont, que cada vez tiene menos argumentos para demostrar la ‘represión’ del Estado.

La defensa de Sànchez, Jordi Pina, ha anunciado ante los magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, que ha celebrado dos vistas para analizar los recursos del exlíder de la ANC y de Forn contra su prisión provisional, que su cliente estaba dispuesto a renunciar al acta de diputado obtenida por Junts per Catalunya en las elecciones del pasado 21 de diciembre y volver a su puesto de profesor en la universidad. La decisión descarta la candidatura de Sànchez a la investidura como presidente de la Generalitat que se ha mantenido hasta este mismo martes, pese a los crecientes rumores de que Junts per Catalunya estaba a punto de lanzar el ‘plan C’, la candidatura de Jordi Turull, y a una metedura de pata de Meritxell Serret que daba por cierta la noticia a primera hora. Para ser presidente de la Generalitat es indispensable ostentar la condición de diputado.

Las fuentes de la acusación ejercida por Vox, presentes en la vista del Supremo, han explicado a los medios de que en dos ocasiones el abogado defensor ha informado a los magistrados de que su cliente iba a renunciar a su acta parlamentaria. Tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo como VOX han interesado que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional para Sànchez al persistir en su caso el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos que se le imputan indiciariamente.

Muy al contrario, el abogado defensor ha explicado que su representado nunca ha estado en política sino en la docencia, a la que podría volver, y que lo que quiere es salir en libertad y abrazar a sus hijas. Si eso pasa por renunciar a la política -ha asegurado- estaría dispuesto a ello. El propio Sànchez ha tomado la palabra para una exposición de unos diez minutos en la que no ha rectificado las afirmaciones de su abogado y no se ha referido en ningún momento a la petición de un permiso para acudir al Parlament y someterse presencialmente a su investidura.

El todavía diputado de JxCat ha tomado la palabra ante la Sala para pedir su libertad afirmando que no ha cometido ningún delito ni tiene intención de cometer ninguno, de modo que no hay riesgo de reiteración delictiva, según su defensa. Además, y según fuentes de la acusación popular, Sànchez ha dicho que nunca recibió instrucciones judiciales, y por tanto no pudo haber desobediencia; que es un hombre de paz, y que no ha detentado ningún liderazgo carismático en el “procés”, como se le atribuye en los autos que decretaron su prisión.

No opina lo mismo el juez Llarena, instructor de la causa contra los dirigentes del ‘procés’, que mantiene en prisión a Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por la actuación de ambos durante el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre. Basándose en el control de los concentrados que demostraron tener ‘los Jordis’ ese día -la movilización se mantuvo mientras ellos la alentaron y se disolvió cuando ellos así lo decidieron- el magistrado sí piensa que existe riesgo de reiteración y, además, de alteración del orden público durante su eventual traslado al Parlament.

El pasado viernes 9 de marzo, cuando el juez denegó a Sànchez la autorización para acudir al pleno de investidura que Torrent había convocado para el lunes siguiente, Llarena subrayó en un auto que aunque el encausado nunca hubiera buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre del 2017 tanto él como Cuixart “tuvieron que representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y si, aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar este comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en este proceso”.

Y añadía: “Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto de la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”.

Torrent reactivará este miércoles el proceso para la investidura

Sobre cómo se va a materializar la renuncia de Sànchez, el portavoz de JxCat Eduard Pujol ha manifestado su “respeto absoluto a una decisión que es personal” y que proviene de “alguien que ha demostrado su coraje y su compromiso cívico tantas veces”, por lo que JxCat lo que va a hacer es “escuchar, entender, comprender y acompañar”. Pujol ha considerado que “quizás es incompatible la defensa de determinadas libertades con ejercer la política”. Y ha terminado con este mensaje: “Va a haber un Gobierno en Cataluña presidido por JxCat” porque “este es el compromiso que tenemos con los votantes de las fuerzas independentistas”.

Esta declaración se ha producido no mucho después de que el mismo dirigente, Eduard Pujol, defendiera que Jordi Sànchez seguía siendo el candidato a la investidura para corregir el desliz de la exconcejera Meritxell Serret, quien adelantándose a los acontecimientos había anunciado en TV3 a primera hora de la mañana que ya estaba decidido que corriera la lista para que el candidato fuera Turull. La propia Serret ha tenido que desdecirse en Twitter.

“Ha sido una confusión mía fruto de las publicaciones en la prensa. Creía que JXC le había propuesto formalmente y por eso he expresado mi opinión sobre Jordi Turull. El candidato es quien propone JXC y es Jordi Sánchez”, ha escrito la exconsejera.

Independientemente de que se quiera respetar al máximo el procedimiento, parece claro que el nuevo candidato a la investidura como ‘president’ será el número tres de la lista de JxCat, Jordi Turull. La intención de esta formación y de ERC es que pueda ser investido en un pleno que se celebraría lo antes posible, es decir, en plena Semana Santa. La fecha exacta será anunciada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, en una comparecencia que tiene prevista este miércoles a mediodía. De hecho, la Mesa de la cámara y la Junta de Portaveus ya acordaron este lunes la celebración de un nuevo pleno ordinario aunque Torrent evitó fijar una fecha a la espera de que se despejara el panorama para la investidura.

De todas formas, a la investidura de un candidato de JxCat, sea Turull o cualquier otro/a, le sigue faltando una pata fundamental sobre la que asentarse: el acuerdo con la CUP. El diputado de los anticapitalistas Carles Riera ha afirmado este martes que su formación “no tiene prisa” para que se celebre el debate de investidura y que desea seguir negociando el Plan de Govern, puesto que si no hay una mejora del mismo, mantendrá las 4 abstenciones, al margen de que haya un cambio de candidato.

Una de las condiciones que ha planteado es que la Mesa del Parlament admita el voto delegado de los diputados que están en Bruselas -Carles Puigdemont y Antoni Comín- lo que supondría desobedecer al Tribunal Constitucional y desafiar al Estado español. “O manda el pueblo o el Tribunal Constitucional”, ha recalcado el diputado, a la vez que ha reprochado la disposición de ERC y de JxCat “a que el Parlament acate los posicionamientos de los tribunales españoles”. Para la CUP, ha añadido Riera, “una vez pasada la pantalla de la candidatura de Carles Puigdemont, el nombre no es una cuestión relevante, no lo era el de Sànchez y tampoco lo será el de Turull; lo trascendente para nosotros es si se quiere hacer un gobierno republicano o autonómico -ha dicho-“.

Turull o la estabilidad a medias y no por mucho tiempo

La designación de Turull como candidato no es, por otra parte, garantía de total estabilidad. En su expediente judicial consta que se le imputan los delitos de rebelión, sedición y malversación por organizar el referéndum del 1-O, motivo por el que pasó un mes encarcelado en Estremera por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, antes de que toda la causa fuera a parar a manos del juez Llarena. Además de que las medidas cautelares que se le impusieron al quedar en libertad le impiden poder ejercer el cargo de ‘president’ con plenitud de atribuciones -no podrá viajar fuera del territorio español, por ejemplo- su situación puede verse alterada conforme vaya avanzando la investigación.

Es poco probable, sin embargo, que se le inhabilite antes de que haya sentencia firme en el juicio por el 1-O. Aunque el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) prevé la inhabilitación automática del cargo para los procesados por delitos de rebelión, terrorismo o pertenencia a banda armada, también establece dos requisitos para su aplicación: que exista un auto firme de procesamiento y se haya decretado prisión provisional: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Esto significa que Turull, que salió de la cárcel de Estremera el 4 de diciembre de 2017, podría ejercer la presidencia durante año y medio o casi dos años.

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