El Senado aprueba por unanimidad que el Gobierno realice exhumaciones en el Valle de los Caídos

El PSOE consigue que Patrimonio Nacional y el Ministerio de la Presidencia ejecuten un informe elaborado por la Abogacía del Estado

El Senado, por unanimidad, aprobó este lunes por la tarde una proposición del PSOE para que el Gobierno realice exhumaciones en el Valle de los Caídos. La decisión parlamentaria, adoptada en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, autoriza a Patrimonio Nacional y el Ministerio de Presidencia a que ejecuten un informe elaborado por la Abogacía del Estado para que inicien las gestiones necesarias para exhumar los restos.

Francesc Antich, el promotor de la iniciativa, ha mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado gracias a una enmienda transaccional a su moción en la que se insta al Gobierno a la realización de exhumaciones en el cementerio público del Valle de los Caídos. La nueva redacción señala que la citada Comisión senatorial “muestra su total apoyo a Patrimonio Nacional y al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales con el fin de que, de acuerdo con los informes de la Abogacía del Estado, proceda a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos”. Asimismo, a ambas instituciones a que continúen impulsando las iniciativas necesarias encaminadas a facilitar las exhumaciones en ese cementerio público.

El senador por las Islas Baleares destacó, no obstante, que los socialistas defienden “un acuerdo mucho más integral” para el Valle de los Caídos, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, sobre el que tienen presentada otra iniciativa en la Comisión Constitucional. También ha recordado que es conocida la posición de su grupo parlamentario sobre la necesidad de “dar estabilidad a la Ley de Memoria Histórica” con una partida presupuestaria suficiente que haga posible la aplicación de dicha norma y también la importancia de adecuar la Ley a los informes de la ONU, resolviendo deficiencias, como por ejemplo, “que exista una mayor responsabilidad del Estado en las exhumaciones, entre otros muchos temas, tal y como recogemos en la proposición de ley que tenemos presentada en el Congreso y que el Gobierno parece que ha vetado”. “Para buscar restos de las víctimas de la Guerra Civil no hay dinero y este Gobierno ha eliminado todas las ayudas y, en cambio, parece que sí lo hay para la repatriación de restos de participantes en la División Azul, según hemos podido saber recientemente”, criticó.

Cementerio público, no sagrado

La iniciativa socialista aprobada con el apoyo del PP -que tiene mayoría absoluta en el Senado- trata sobre las solicitudes actuales de las exhumaciones de restos cadavéricos en los osarios adyacentes a las capillas de la nave central y a las capillas de la nave del crucero de la Basílica del Valle de los Caídos. “Un lugar –ha precisado- que el Servicio Jurídico del Estado, a petición de informe de Patrimonio Nacional, ha calificado recientemente como cementerio público y no de cementerio de la Iglesia, sin que, por tanto, tenga condición de lugar sagrado ni les alcance para ello la garantía de la inviolabilidad”.

Antich subrayó que el citado Informe señala al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que, para realizar exhumaciones, se deberá recabar información sobre el estado del osario, debido al deterioro del lugar, así como solicitar informe forense sobre la identificación de los restos cadavéricos que se pretendan exhumar. En este punto, ha puntualizado que el auto que la exhumación de los restos cadavéricos, señala que “deberá adecuarse al principio de proporcionalidad, imponiendo además que se garanticen toda una serie de medidas y que solo se procederá a la entrega de los restos una vez sean identificados por medio de la prueba del ADN”.

Negociar con la comunidad benedictina

Dado que la comunidad benedictina tiene presentado un recurso contra ese auto, el senador socialista ha abogado por que se mantengan reuniones con la Iglesia “al más alto nivel” para que deje de “poner obstáculos” para que el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional adopten medidas “puramente preliminares” con el fin de saber “en qué condiciones está el osario” y “qué obras tendrían que hacerse para poder llevar a cabo estas exhumaciones, además de analizar el deterioro de los restos”.

El senador del PSOE hizo hincapié en que el Informe de la Abogacía del Estado “abre el camino para realizar este tipo de exhumaciones” y recordó que, una vez se puso en marcha por Patrimonio Nacional y teniendo ya una fecha para realizar las actuaciones, han sido paralizadas por una medida cautelar derivada de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por parte de la comunidad benedictina, responsables de la Basílica, por los posibles daños a la misma, en el caso de realizarse estas obras. “Un recurso que, al parecer, responde a una cierta militancia de la abadía en contra de la aplicación de la Memoria Histórica”, lamentó.

“Parece ilógico que la Iglesia esté en contra de que unos familiares puedan recuperar sus restos -que hay que recordar que fueron depositados allí sin ningún consentimiento de la familia-, al objeto de poder darles una sepultura digna”, lamentó. “Por tanto, creemos que es bueno este acuerdo y que es bueno que el Ministerio de la Presidencia esté implicado en este tema, al ser un ministerio que coordina las políticas importantes del Gobierno”, concluyó antes de mostrar su desconfianza del Ministerio de Justicia. Antich reclama que sea el Ministerio de la Presidencia y no el de Justicia el que se responsabilice de todo lo relativo a la Memoria Histórica “porque se trata de una materia muy transversal” que necesita que se le dé “la importancia que tiene”.