La Comunidad de Madrid borró los correos de Granados solicitados por el juez de la ‘Púnica’

La investigación del ‘caso Púnica’ vuelve a verse comprometida por otro agujero documental en la Comunidad de Madrid. El juez instructor Manuel García-Castellón reclamó al Gobierno regional todos los correos electrónicos de Francisco Granados entre 2003 y 2011, una petición que no ha podido ser satisfecha dado que la administración madrileña eliminó todos los emails del exconsejero de Transportes y de Presidencia, según informó este miércoles ‘El País’.

García-Castellón busca más pruebas del supuesto amaño en la adjudicación en 2014 de tres obras del Metro de Madrid y de otras irregularidades de Arpegio. Por eso envió el pasado 30 de enero a la Guardia Civil a recabar los correos corporativos de Granados y los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid.

Sin embargo, los agentes no pudieron encontrar nada de lo que andaban buscando, porque los mails simplemente ya no existían, habían sido borrados por la administración madrileña por “política interna”. Lo único que pudieron llevar al juez fue un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital, donde certificaba que dichos correos ya no estaban en la base de datos.

Según este documento,  es “política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. Al no existir ninguna copia de seguridad en las bases de datos, Julia Molina asegura que  “se realizarán todas las consultas necesarias” con la Consejería de Transportes para descubrir qué empresa las gestiones relacionadas con el correo hasta 2011, año en que pasó a encargarse de ello Madrid Digital.

Este borrado de pruebas es el último de una serie de escándalos en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio Arpegio admitió a la Audiencia Nacional que había encontrado ‘vacías’ varias carpetas sobre contratos investigados. Meses antes, el 9 de marzo, el Gobierno de Cristina Cifuentes reconoció que no encontraba la documentación de otro contrato investigado. También, el pasado julio se detectó que habían desaparecido documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia.

A este agujero documental se añade las trabas del Gobierno regional a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II. Unos papeles que estuvieron ‘traspapelados’ casi cinco meses. Cuando por fin iba a entregarlos a la oposición, el juez García-Castellón lo impidió al considerar que se debe preservar “el derecho a la presunción de inocencia” de los acusados en el ‘caso Lezo’ teniendo en “cuenta la fase del procedimiento penal”.

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