El tribunal desestima la petición de nulidad del juicio contra Sito Miñanco por blanqueo

La Audiencia de Pontevedra ha desestimado la petición de nulidad del juicio por blanqueo contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y otras cuatro personas, solicitada por los abogados de la defensa al entender que la investigación ha sido prospectiva y los hechos han prescrito. Además de Miñanco, para quien el fiscal pide 6 años de prisión y 10 millones de multa, se sientan en el banquillo su primera esposa, su cuñada, una de sus hijas y un empresario por su papel de presunto testaferro.

La primera de las dos jornadas señaladas inicialmente para este juicio se ha consumido con el trámite de cuestiones previas, con lo que las declaraciones de todos los acusados se concentrarán el jueves.

El abogado de Sito Miñanco ha solicitado que se fijen más fechas al dudar de que en la jornada que resta pueda concluir el juicio, y ha advertido de que se podría ver obligado a renunciar a la defensa de su cliente por problemas de agenda.

El tribunal ha desestimado la petición de la defensa de que dos de sus miembros se abstengan al haber dictaminado sobre qué juzgado, si el de Vilagarcía o el de Cambados, era competente para instruir la causa en su inicio.

Entiende el tribunal que no ha habido “contaminación subjetiva ni objetiva”, pues la Audiencia solo se pronunció sobre una cuestión de competencia territorial y no valoró el material probatorio de la causa.

Tampoco aprecia, como sugerían los abogados de la defensa, que la investigación fuese prospectiva ni que se haya vulnerado el derecho a la defensa alegado por el representante de Sito Miñanco.

El abogado de Miñanco, Gonzalo Boye, ha manifestado a la conclusión de la primera jornada del juicio que el jurado está “muy contaminado” y que solicitará su recusación.

Durante el trámite de cuestiones previas, Boye ha acusado al fiscal de buscar “por todas la vías” sentar a su cliente en el banquillo.

Ha asegurado que el hecho de que su cliente “tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos” y ha concluido: “No admitiremos jamás culpabilidad”.

También se ha quejado de las dificultades que ha tenido para preparar el juicio, ya que, en su versión, le han prohibido hablar con Miñanco hasta ayer.

Ha afirmado que han tenido a Prado Bugallo viajando “por media España” y que su salud se ha visto “comprometida”.

Y es que Sito Miñanco fue detenido de nuevo y enviado a prisión preventiva hace tres semanas en una nueva macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía, entre ellos un GEO, al que le alcanzó una bala.

Miñanco, de 62 años, veinte de ellos pasados en prisión, se encontraba en semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras.

Sin embargo, y pese a haber manifestado su arrepentimiento al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a cambio de la obtención de la semilibertad, los investigadores creen que en realidad dirigía desde 2016 una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España y a blanquear dinero.

En el juicio que hoy ha comenzado en la Audiencia de Pontevedra la Fiscalía acusa a Miñanco y a los otros cuatro encausados de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros, mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo.

Las defensas sostienen que los hechos han prescrito, en tanto que el fiscal ha incidido en que hay una nueva concepción sobre el delito de blanqueo, de modo que no se puede analizar de modo individual, sino de forma continuada y global.

Por este motivo, además, la prescripción sería a los diez años del último delito, ha incidido.

También ha rechazado que haya hecho una inspección prospectiva contra Miñanco, ya que la causa proviene de una investigación iniciada en Vilagarcía y hecha por un juzgado de Cambados en la que se observaron presuntos delitos sobre la actividad de la inmobiliaria.

Según se recoge en el escrito de acusación, esta agencia se hizo con un multimillonario patrimonio compuesto por más de 50 fincas, una veintena de casas, naves industriales, bajos comerciales, garajes y trasteros, utilizando el dinero derivado de las actividades ilícitas de Sito Miñanco.

Desde 1988, año en el que esta compañía adquirió una veintena de propiedades, la inmobiliaria habría comprado diferentes bienes durante todos los años de su actividad, a excepción de un pequeño parón a principios de los años 90.

Varias de estas propiedades, además, fueron adquiridas por una sociedad filial de la inmobiliaria y por algunos de los acusados a título personal.

Para justificar este origen ilícito del dinero con el que se adquirieron estos bienes inmuebles, el fiscal recuerda todas las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en las que condena al capo gallego a diferentes penas de prisión por narcotráfico.

Además de la pena de cárcel y la multa que Sito Miñanco y los otros cuatro acusados, todos ellos vinculados de alguna manera a esta sociedad, el fiscal solicita el decomiso de todas las propiedades y la clausura definitiva de la inmobiliaria San Saturnino.