Orden de detención contra la diputada de la CUP huida

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha emitido orden de detención contra la ex diputada Anna Gabriel que este miércoles no ha comparecido ante la Sala Segunda del Tribunal, aunque ya había anunciado a través de la televisión suiza, país en el que se encuentra desde hace semanas, en que no tenía intención de comparecer y que en caso de que la justicia española pidiese su extradición, pediría asilo político en el país helvético, alegando persecución política y falta de imparcialidad en un juicio justo.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido a Llerena que solicitase también a las autoridades suizas la detención y entrega de la diputada de la CUP, aunque el magistrado ha creído que no era el momento procesal oportuno y la orden de detención sólo tendrá vigencia en España. Igual que en su momento hizo el juez, en el caso de Puigdemont, refugiado en Bruselas, retirando la euroorden que había emitido, en su momento, la Audiencia Nacional, en este caso ha hecho lo mismo.

En el caso de Anna Gabriel, la ex diputada, ha venido estudiando durante semanas la situación judicial suiza para un eventual exilio en el país de los Alpes. Si en el caso de Bélgica se acudió a una euroorden, en el caso de Suiza (que no forma parte de la Unión Europea) se solicitaría la extradición según convenio firmado entre los dos países y que, según fuentes judiciales, ha venido funcionando razonablemente. Hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado por hecho que, en el caso de una solicitud de extradición, ésta se consideraría con normalidad.

Según las mismas fuentes judiciales, Suiza no se caracteriza por ser un país protector, como pueden ser Bélgica o Canadá, y su eficacia colaboradora está consolidada. Aun así, el sistema judicial podría retrasar e incluso paralizar la entrega, en el caso de la diputada y ya, esta misma mañana, ha habido una filtración del Ministerio de Justicia suizo, indicando que si hay persecución política, que es precisamente lo que alegará la diputada catalana, la entrega podría rechazarse. Ése es el objetivo de Gabriel, que intenta por todos los medios internacionalizar el proceso catalán.

El Código Penal suizo no tipifica como delito la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265 castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los “delitos contra el Estado” o intentar “cambiar mediante la violencia la Constitución” o “separar mediante la violencia parte del territorio”. Seria muy difícil que la Oficina Federal de Justicia   encargada del tema, accediese a una extradición de la justicia española. JOSÉ ONETO