Boya (CUP) admite ante el juez que la declaración unilateral de independencia no fue solo ‘cosmética’

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del 'procés', ha interrogado este miércoles a la expresidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña Mireia Boya, que ha acudido arropada por representates de la CUP, JxCat, ERC y Demòcrates. En contra de lo que han hecho otros investigados en la causa del 'procés' como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Boya ha admitido que la independencia se declaró el día 27 de octubre de forma real y no simplemente simbólica. Lo que ocurre es que no pudo ser efectiva por lo que vino después.

Boya ha reconocido ante el juez que la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, que se proclamó de forma más o menos explícita en el Parlamento catalán buscaba esa “efectividad real” que finalmente no pudo alcanzar. Es decir, que no fue “cosmética” o “simbólica”, como han declarado otros dirigentes independentistas citados antes que ella. Así lo han explicado fuentes presentes en la declaración, incluido el abogado de la representante de la CUP, quien ha explicado que su representada también ha reconocido la falta de efectividad de esa declaración debido a la reacción del Gobierno central quien, inmediatamente después de haberse producido, decidió intervenir la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155.

La propia Boya ha respondido a preguntas de los periodistas que la esperaban a las puertas del Supremo y ha asegurado que en el curso de la comparecencia no se le ha pedido que acatara la Constitución. Tampoco ha querido responder a los medios qué habría contestado si se lo hubieran preguntado. Lo que sí ha hecho es aprovechar para defender que la interpretación de la Constitución “no se tiene que convertir en un muro”, por lo que ella apuesta por “hacer otra” y “por hacer la nuestra (la catalana) con un proceso constituyente propio”.

La declaración de la representante de la CUP ha sido seguida con atención por los demás líderes del ‘procés’ que han sido convocados por Llarena, entre ellos Neus Lloveras, Artur Mas, Marta Rovira, Marta Pascal, y la cupera Anna Gabriel. A todos ellos les ha lanzado este mensaje: “Nosotros no hemos modificado ni un sola coma de nuestro proyecto político y las siguientes declaraciones deberían parecerse a las que he hecho yo aquí”. A lo que ha añadido que “esto es un juicio político y tenemos que actuar defendiendo nuestros postulados”.

En esa línea, Boya ha considerado que la causa abierta en el Supremo “no tiene sentido” y ha detallado que ella ha acudido al tribunal para “explicar lo que realmente ha pasado” en un proceso “ratificado por las urnas” que desembocó en un “referéndum que ganamos”, pero que “se vio truncado por un golpe de Estado en forma de 155”. Se ha referido al 21-D como “las elecciones que hemos vuelto a ganar”, en alusión a todo el bloque independentista que componen JxCat, ERC y la CUP, para denunciar que “seguimos igual, sin diálogo por parte del Estado”.

La exdiputada también ha insistido en rechazar las vías violentas para ejercer política porque “si hay algún acuerdo y conspiración entre todos es la no violencia” y “nunca ha habido violencia en Catalunya”, de manera que “la gente ha sido ejemplar” y esta forma de hacer “desmonta los delitos por los que nos acusan y que están provocando cárcel y exilio”.

Esto es lo que Boya ha dicho a los periodistas aunque ante el juez, según la acusación particular ejercida por Vox, ha defendido los incidentes frente a la consejería de Economia del 20 de septiembre de 2017 que acabaron con el destrozo de varios vehículos fue por culpa de los periodistas. Según el relato del abogado de Vox, la exdiputada ha pretendido hacer creer que los vehículos los destrozaron los periodistas, a lo que el juez ha puntualizado que esa afirmación es más bien una suposición y que parece más verosímil que los destrozos fueran obra de los concentrados ante el edificio.

El mismo abogado ha contado que la exdiputada ha acusado a los agentes de la Policía Nacional de salir de paisano a la caza de independentistas con motivo del referéndum del 1-O y ha negado que tuviera relación con comité estratégico que orquestó el ‘procés’ que había de culminar en la DUI, si bien ha admitido que estuvo en reuniones en las que se debía definir la hoja de ruta soberanista por mandato de sus electores.

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