Estrasburgo condena a España a indemnizar a los etarras del atentado de la T-4 por malos tratos policiales

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a los dos miembros de ETA que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006. El fallo obliga a España a indemnizar a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales y concluye que el Estado español vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (por no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Portu y Sarasola fueron detenidos el 6 de enero de 2008 en Mondragón (Guipuzkoa) llevando pistolas y munición. Un año antes, el 30 de diciembre de 2006, habían puesto la bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) que provocó la muerte de los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que se encontraban durmiendo en sus coches. Por ese atentado, que rompió una tregua que había mantenido la banda terrorista desde marzo de ese año, los dos etarras fueron condenados a 1.040 años de cárcel.  Las circunstancias que rodearon a la detención son las que han determinado la condena de Estrasburgo diez años después.

Portu y Sarasola alegaron que tras su arresto, fueron conducidos por los agentes de la Guardia Civil a una pista forestal, donde se ensañaron con ellos propinándoles golpes y patadas por todo el cuerpo. Después les condujeron al cuartel de Intxaurrondo y por la tarde, durante los registros de sus domicilios, Portu empezó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado. El diagnóstico fue colapso pulmonar, dos costillas rotas, neumotórax y hematomas por todo el cuerpo y su foto en la UCI con un collarín y moratones en la cara dio la vuelta al mundo. Los guardias civiles se defendieron asegurando que los dos etarras se habían resistido a la detención y que ese fue el motivo de las lesiones, una versión refutada por las defensas de ambos.

De hecho, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa dio la razón a Portu y Sarasola y condenó a cuatro guardias civiles por torturas y lesiones en diciembre de 2010. Pero, un año después, el Tribunal Supremo revocó la condena y determinó que no había pruebas de torturas y que todo había sido una denuncia falsa de los terroristas.

Ahora, la corte europea dirige un duro reproche contra España ya que, aunque aprecia contradicciones en el relato de los etarras, afirma que con todo el caso puesto sobre la mesa “ni las autoridades nacionales, ni el Gobierno, presentaron argumentos convincentes o creíbles para explicar o justificar los daños sufridos por los denunciantes”.  El tribunal considera probado que las lesiones se produjeron “cuando (Portu y Sarasola) estaban en manos de la Guardia Civil” y a falta de esa explicación de los responsables de su custodia,  estima que “la responsabilidad por las lesiones descritas debe ser imputada al Estado”.

El tribunal descarta considerar los hechos como tortura y lo justifica de esta manera: “En la medida en que los demandantes no han alegado que las lesiones en cuestión han tenido consecuencias a largo plazo para ellos, y a falta de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato infligido, el Tribunal estima que los malos tratos infligidos a los demandantes no pueden ser calificados como torturas. No obstante, fueron suficientemente graves para ser considerados como trato inhumano y degradante”.

Por lo que se refiere al maltrato procesal, la corte europea da un severo tirón de orejas al Tribunal Supremo que revocó la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por aceptar sin más que las lesiones se produjeron durante el arresto de los etarras. En el fallo del Supremo de noviembre de 2011 se podía leer que “debe tenerse en consideración que la estrategia de presentar denuncias falsas y la previa elaboración de ‘kantadas’ se aprende en la llamada ‘eskola’ y que todo activista de ETA está obligado a ponerla en práctica”. Además, desautorizaba la denuncia de Portu y Sarasola de que los agentes les habían propinado patadas y puñetazos en número abundante porque “esa asombrosa e increíble cantidad de agresiones deberían dejar necesariamente huellas y su ausencia es lo que consigue devaluar o descalificar su testimonio”.

El Supremo no tuvo en cuenta el informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal Vasco que examinaron a Portu y Sarasola el mismo día de los hechos y que consideraron que la versión de los agentes de la Guardia Civil no era compatible con la mayoría de las lesiones sufridas por los detenidos. Este informe sí es mencionado en la sentencia de Estrasburgo que reprocha al alto tribunal español que no explorara si el recurso a la fuerza física de los agentes durante el arresto fue estrictamente necesario y proporcional, ni si las lesiones más graves sufridas por Portu fueron imputables a los agentes responsables de su detención y vigilancia. “Estas omisiones han supuesto que los tribunales nacionales no han establecido los hechos y todas las circunstancias de manera tan completa como habrían debido y era su obligación”, afirma la sentencia.

Tras el fallo del Supremo, los denunciantes llevaron el caso al Tribunal Constitucional que lo desestimó. Fue entonces cuando decidieron acudir a la justicia europea.

Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera del Tribunal han votado a favor de que el Estado indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales. Ambos cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén. Y, según han avanzado ya fuentes de la Abogacía del Estado, se pedirá que la indemnización ordenada por el TEDH se detraiga de la deuda pendiente con las víctimas del atentado en la T-4. Siguiendo precedentes como el de la también etarra Inés del Río, la Abogacía del Estado informará de la deuda pendiente contraída en concepto de responsabilidad civil y se ‘bloqueará’ la indemnización comunicada este martes por Estrasburgo.

España ha sido condenada por el TEDH once veces desde 2004 por casos de malos tratos o por no investigarlos, nueve de ellos relacionados con miembros de ETA.

ETA reventó la tregua dejando dos muertos tras de sí

El 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA colocó una bomba en una furgoneta que iba cargada con entre 200 y 500 kilos de explosivos. La furgoneta bomba, un Renault Trafic, estalló el mismo día, un sábado, 30 de diciembre de 2006 a las 9:01 en el aparcamiento D de la T-4 del madrileño aeropuerto de Barajas matando a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. El atentado puso fin al proceso de paz con ETA. El diálogo entre el Gobierno y la organización terrorista quedó cerrado entre las dos partes aunque más tarde se reanudó en secreto.

Y es que la banda había anunciado un cese en su actividad criminal  el 22 de marzo de 2006, un alto el fuego “permanente”, que entró en vigor 48 horas después. En un comunicado, enviado a la radiotelevisión pública vasca y el diario Gara, ETA justificó su decisión en el deseo de “impulsar un proceso democrático en Euskal Herria”. Este comunicado fue el que dio lugar al proceso de negociación entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista después de pedir autorización al Congreso de los Diputados y hasta que ETA dinamitó la tregua con el atentado de la T-4. Pese a todo, los terroristas no hicieron oficial la ruptura de su tregua hasta el 5 de junio de 2007.

Cuando se produjo la explosión, Zapatero acababa de protagonizar una comparecencia cargada de optimismo en la que aseguró que estábamos mejor que un año antes, cuando “había coches-bomba coincidiendo, por ejemplo, con las Navidades”. Llegó a aventurar incluso que en un año estaríamos mejor que en ese momento. El 31 de diciembre volvió a comparecer empleando un tono completamente distinto. “Ayer fue un día duro y difícil”, dijo y tuvo que reconocer que “«es evidente que hoy estamos mucho peor que ayer”, aunque siguió insistiendo en su deseo de que “en el futuro estemos mejor y terminemos con esta lacra”.

Habría que esperar cinco años, hasta el 20 de octubre de 2011, para que la banda terrorista anunciara a través de un vídeo difundido por Gara, la BBC y ‘The New York Times’, el “cese definitivo de su actividad armada”, haciendo un llamamiento a los Gobiernos de España y Francia “para abrir un proceso diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada”. No obstante, la banda terrorista no hablaba de su disolución, ni de la entrega de las armas y no dedicaba ni una sola línea para recordar a los 829 asesinados.

 

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