Bárcenas confirma la confesión de Costa sobre la financiación en ‘B’ del PP valenciano

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha ratificado este martes ante el juez José María Vázquez Honrubia de que el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa le avisó de que la formación política había dado instrucciones de girar facturas falsas a empresarios para que sufragasen los costes de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Bárcenas ha declarado como testigo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en el que está saliendo a la luz cómo el partido liderado entonces por Francisco Camps pagó los eventos contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

Ricardo Costa se convirtió el pasado 24 de enero en el primer alto cargo aún militante del Partido Popular en reconocer la financiación ilegal en la formación política, ya que cuando el extesorero Bárcenas tiró de la manta había sido ya expulsado del partido. “Es cierto que el PP se financió con dinero negro” en las campañas electorales de 2007 y 2008, dijo Costa que en varias ocasiones lamentó no haber hecho nada para evitarlo y se declaró dispuesto a asumir la responsabilidad por ello.

Veinte días después, Bárcenas ha corroborado la versión de Costa, aunque ha tenido un exquisito cuidados para desvincular a la dirección nacional del partido. A preguntas de la fiscal Myriam Segura, el testigo que en 2007 y hasta junio de 2008 era gerente del PP, ha confirmado que se reunió con el entonces secretario general del PPCV debido a la ausencia del tesorero Álvaro Lapuerta. En ese encuentro, el político valenciano le comunicó que estaba “preocupado” porque el exvicepresidente regional Víctor Campos le había informado de las instrucciones dadas por Camps y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino sobre “tener relaciones con los empresarios que financian al partido”, mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Concretamente, Costa le comentó que Campos que, según Bárcenas, “era el tesorero de facto” de la rama valenciana del PP y quien “llevaba los temas económicos”, le había dado la instrucción de “asignarle facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos” generados por actos de campaña del PP. “No recuerdo el detalle exacto, recuerdo el hecho”, ha detallado el extesorero, quien sí ha relatado sin vacilaciones cuál fue su reacción: “Le trasladé que estaba terminantemente prohibido”.

“Parece que no se cumplieron las instrucciones”

En su empeño por mantener al margen a la dirección nacional de los ‘populares’, el extesorero ha asegurado que después informó a Lapuerta de esta conversación y ha concretado que éste le dijo que “hablaría con Valencia para insistirles en que eso estaba prohibido”, además de recordar “experiencias pasadas” que afectaban a su partido y “sobre todo al PSOE”. “Yo me imagino que hablaría” con los responsables del partido regional, pero “parece ser que no se cumplieron las instrucciones”, ha lamentado y ha añadido:”Sabíamos las consecuencias de hacer las cosas mal en el partido”. Precisamente, en su declaración Costa comentó que Bárcenas le había advertido de que esas prácticas podían derivar en “un Filesa 2” y que no estaban aceptadas en el PP.

En otro momento de la declaración, Bárcenas ha explicado al juez cómo se financiaban las campañas electorales. Ha apuntado que él era administrador de las campañas de 2007, mientras que las de 2008 fue su sucesor Cristóbal Páez -también citado a declarar como testigo-. En este sentido, ha indicado que él controlaba los gastos de los comicios municipales, ya que la sede nacional remitía unos fondos a las sedes provinciales para organizar los actos electorales.

No obstante, ha subrayado que “había una instrucción precisa de que los únicos fondos que se podían utilizar en campaña eran esos, cualquier gasto no controlado podía suponer superar los límites de gastos”. Asimismo, ha constatado que existía un manual de campaña en el que figuraban “muy claramente” esas indicaciones de que no estaba permitido aportar “fondos propios”.

En cuanto a las campañas autonómicas, ha afirmado que era cada comunidad la que contrataban los servicios que necesitaban pues tenían “autonomía para organizar los actos”, salvo si participaba el candidato a la presidencia del Gobierno, que entonces se encargaba de todo la sede nacional. Aún así, ha precisado que “había una parte de la contratación que se hacía de forma generalizada” desde la sede de la calle Génova de Madrid para optimizar los costes, pero después se pedía a los proveedores que “fraccionasen” esa factura imputando a cada sede provincial el importe que le correspondían a cada uno de ellos.