RTVE tensa aún más la relación con sus trabajadores al suprimir la privacidad de los correos

La corporación de RTVE ha aprobado una "Norma sobre uso seguro de los sistemas de información en RTVE" con un punto especialmente conflictivo, el que habilita a la compañía a acceder al correo de los trabajadores y monitorizar su actividad en los móviles y equipos de trabajo, lo que podría vulnerar el derecho al secreto profesional que ampara a los periodistas.

El ente justifica la aprobación de esta norma “con motivo del fuerte incremento del riesgo de ataques de ciberseguridad en los últimos tiempos y teniendo en cuenta la necesidad de proteger al máximo los archivos y servicios informáticos de RTVE”. Pero, al mismo tiempo, se establece lo siguiente:”La dirección, en uso de sus facultades organizativas y de dirección y en aras de revisar el correcto uso de los medios puestos a disposición de los trabajadores podrá controlar si se hace un uso correcto y responsable de dichos medios y recursos incluyendo la supervisión del uso del correo electrónico y el acceso a internet durante la jornada de trabajo”.

Añade además que se podrán “adoptar medidas específicas de control y prevención del uso incorrecto realizando revisiones periódicas de los equipos e instalando programas de monitorización, estableciendo alertas, revisiones técnicas y del contenido de los equipos y dispositivos”.

Esta nueva regulación ha causado un gran revuelo entre los empleados de la cadena pública, mientras que los consejos de informativos han expresado su “más profunda preocupación por lo que podría concretarse en un grave atentado contra un derecho reconocido por la Constitución en su artículo 20.1d. El secreto profesional es uno de los pilares de la libertad y el derecho a la información, salvaguarda de la confidencialidad en las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes”. Afirman, además, que supone una “amenaza a la necesaria privacidad” que necesitan en su relación con los profesionales de la información y sus posibles denuncias de malas prácticas.

La norma, que aún debe desarrollarse, deberá hacerlo mediante un protocolo de actuación que será remitido para su aprobación al consejo de administración. Este deberá garantizar los derechos fundamentales y, de manera especial, los derechos de los profesionales de la información recogidos expresamente en el Estatuto de la Información.