El Constitucional cierra vías a Puigdemont y los ‘exconsellers’ renuncian a sus actas para favorecer la investidura

El Tribunal Constitucional impide en su auto del sábado 27 de enero que Carles Puigdemont pueda ser investido de forma telemática, por sustitución de otro parlamentario o tras una aparición sorpresa en el Parlament. Solo le deja una vía: ponerse a disposición de la justicia y obtener la autorización pertinente para asistir al debate y someterse a la investidura. Y es lo que piensa hacer según ha anunciado el diputado de Junts per Catalunya (JxCAT). Josep Rull, en Catalunya Ràdio. En ese caso, tendría los votos suficientes para ser elegido gracias a la renuncia al acta de diputados de tres ‘exconsellers’ huidos a Bruselas.

Lluís Puig y Clara Ponsatí, de JxCat, y Meritxell Serret, de ERC, huyeron con Puigdemont a Bélgica y no se les ha autorizado a votar por delegación. Así que, renunciarán a sus actas de diputados del Parlament lo que permitirá que el independentismo alcance los 68 votos que necesita para tener mayoría absoluta. Los únicos que retienen sus actas sin estar físicamente en el Parlament son, por ahora, el expresidente catalán y Toni Comín. La renuncia ha sido anunciada por Puig este domingo.

La pregunta que se plantea y que probablemente estará haciéndose el independentismo es qué sentido tiene investir a un presidente de la Generalitat que, en cuanto sea proclamado, tendrá casi con toda seguridad que ingresar en prisión preventiva, como su exvicepresidente Oriol Junqueras, para después someterse a un proceso judicial que terminará con una condena de años de cárcel e inhabilitación.

Yendo a lo más inmediato, el Constitucional no sólo es claro al exigir la presencia de Puigdemont si quiere ser investido, sino que avisa de que no se puede celebrar la votación si Puigdemont logra sortear a las Fuerzas de Seguridad y aparece por sorpresa en la Cámara. De nada sirven, pues, las especulaciones sobre las estratagemas a lo James Bond para acceder al Parlament. El intento de investidura a distancia implicaría la inmediata suspensión del pleno convocado para este martes 30 de enero como medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso presentado por el Abogado del Estado contra la candidatura de Puigdemont a la investidura anunciada el pasado día 22 por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Lo cierto es que el TC optó el sábado por un apaño para no tener que responder directamente a la pregunta que le hacía el Gobierno en su recurso, si era posible invalidar esa propuesta de Torrent. El Consejo de Estado estimó que no había fundamente jurídico para anular un acto de forma preventiva -la elección de un presidente de la Generalitat investigado por la justicia- y el Constitucional ha evitado dejarse atrapar en el debate tirando por la vía de en medio: “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”.

La solución salomónica se adoptó para evitar una fractura entre los miembros del tribunal que hubiera quebrado la tradición de unanimidad que se ha seguido desde 2013 en todas las resoluciones sobre Cataluña, es decir, desde la impugnación de la primera declaración soberanista. El sábado, sin embargo, había cinco magistrados partidarios de no admitir a trámite el recurso del Gobierno -Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde Pumpido, Fernando Valdés, Encarnación Roca y María Luisa Balaguer- y seis a favor de la admisión -Juan José González Rivas, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya-. Andrés Ollero, perteneciente al sector conservador, estaba ausente por enfermedad.

Finalmente, se llegó a la decisión de compromiso consistente en declarar “promovido” el recurso del Gobierno pero dejando el debate sobre su admisión para otra sesión posterior. Mientras tanto, se decidió no cuestionar la idoneidad de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat pero acotándola con estrictas condiciones para mantenerla: 1) investidura presencial 2) permiso para comparecer en el Parlamento catalánde Pablo Llarena y 3) prohibición expresa de delegación de voto de los diputados huidos.

La redacción del auto completo del Constitucional queda pues pendiente para los próximos días. Será entonces cuando el tribunal de garantías se pronuncie sobre el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la candidatura de Puigdemont. De momento, hay alivio en el Ejecutivo ante el desenlace de una iniciativa arriesgada que estuvo a punto de volverse en su contra. Es probable que esperara un mayor respaldo del Constitucional a su requerimiento aunque la única reacción palpable es un aséptico tuit del presidente.

En JxCat se han apresurado a interpretar el auto resaltando lo que consideran que favorece sus tesis. Rull ha afirmado que se mantiene el pleno vigente aunque la intención del Gobierno era que no se pudiera investir al expresidente “de ninguna manera”. Según Rull, la decisión del alto tribunal es una “bofetada con la mano abierta a Soraya”. “No la han podido evitar aunque crean que se han salido con la suya”, ha insistido.

JxCat descarta un ‘plan B’ y Puigdemont no desvela sus planes

A la pregunta de si Puigdemont asistirá igualmente al pleno de investidura aunque la justicia no le dé la autorización, Rull no ha querido adelantar acontecimientos. “Habrá pleno. Lo que no quería Sáenz de Santamaría. Con unas condiciones inauditas, pero habrá pleno”, se ha limitado a afirmar.Rull ha ratificado que “ahora toca investir Puigdemont” y, por tanto, que se pedirá la autorización judicial -tal como ha acordado el TC-, para poder asistir físicamente al pleno de investidura convocado para el próximo martes.

El diputado de JxCat ha afirmado también que “nunca se renunciará al mandato de los ciudadanos” de Cataluña y ha añadido que no están autorizados a negociar con el voto de los ciudadanos. “Si negociamos la democracia, como nación no tenemos viabilidad”, ha insistido. Sobre si sigue manteniendo la premisa de ‘ Puigdemont o Puigdemont’, Rull ha respondido que cuando se dice “Puigdemont o Puigdemont se está diciendo democracia o democracia” . Finalmente, Rull ha manifestado que le gustaría terminar el trabajo como conseller de Territori i Sostenibilidtat y ha asegurado que su voluntad es continuar en este cargo con Puigdemont como presidente.

En una línea similar se ha expresado el también diputado de JxCat Eduard Pujol, reiterando que no presentarán candidato alternativo a Puigdemont: “No hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia”. Pujol ha asegurado que el Tribunal Constitucional, con su decisión de ayer de impedir una investidura a distancia de Puigdemont, ha “demolido el Estado de derecho”, y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En declaraciones a la prensa ante el Parlament, Pujol ha asegurado que la resolución de ayer del Alto Tribunal supone “mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia”, y ha añadido que “cualquier democracia adjetivada no es democracia”.

En cuanto a ERC, la sorpresa la ha dado este domingo el diputado en el Congreso Joan Tardá, en una entrevista en ‘La Vanguardia’, con esta declaración: “Si es imprescindible tener Govern, si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo. ¿O no ha habido patriotas a lo largo de la historia que se han tenido que sacrificar con el fin de ir avanzando y seguir siendo lo que somos: una nación sin Estado?”. Después, el portavoz del partido, Sergi Sabriá, ha salido a matizarle, asegurando que después de la decisión del Tribunal Constitucional de este sábado queda “más claro que en cualquier otro momento” en que Carles Puigdemont tiene que ser el candidato a la presidencia de la Generalitat.

Desde la candidatura ideada por Puigdemont para los comicios del 21-D se han apresurado a censurar las palabras de Tardà. “Nunca sacrificaremos el derecho inalienable del pueblo de Cataluña, representado en el Parlament, de escoger quien es su president”, ha sostenido el vicepresidente primero de la Cámara catalana, Josep Costa. Aún más explícito ha sido el expresidente de la Associació Catalana de Municips y miembro no electo de la lista de JxCat, Miquel Buch: “Pensaba que se trataba de dignidad democrática, de cumplir lo que los catalanes hemos decidido en las urnas y restablecer todo el Govern que el 155 destituyó”.

El propio Tardá ha salido al paso de las críticas remarcando en Twitter que “no es bueno recorrer el insulto y la descalificación. Yo ratifico dos verdades: Puigdemont y Junqueras mi y nuestro presidente y vicepresidente; y el çbien superior a preservar es la titánica victoria independentista del 21-D”.

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