Orden de detener a Puigdemont en Dinamarca el día que será candidato a la investidura

La Fiscalía General del Estado ha confirmado que pedirá “inmediatamente” que se active la orden internacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont si finalmente viaja este lunes a Dinamarca para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague. Nadie ha aclarado si la participación del político catalán se va a producir de forma presencial o ‘vía plasma’, pero en cualquier caso inaugura una nueva ‘vuelta de tuerca’ a la estrategia diplomática del ‘expresident’ para llevar su discurso a países europeo de bajo riesgo para su futuro procesal. Mientras, en Barcelona, está previsto que el presidente del Parlament proclame su candidatura a ser investido presidente de la Generalitat.

El ‘expresident’ tiene previsto participar en un debate sobre Cataluña este lunes en la Universidad de Copenhague, mientras que el martes se reunirá con un grupo de diputados en el Parlamento danés. Así lo ha anunciado uno de los impulsores del encuentro, Magni Arge, miembro de una formación independentista del territorio autónomo de las Islas Feroe. Tanto esas islas como Groenlandia mantienen reclamaciones soberanistas frente al Gobierno danés que les han permitido ensanchar los márgenes de su autonomía, pero que difícilmente les conducirán a la independencia por su inviabilidad económica.

Ninguno de los tres partidos de la coalición de Gobierno danesa acudirá a esa cita. Dinamarca, un referente habitual para los soberanistas catalanes que ven en el pequeño país europeo un modelo de democracia y economía estable que les encantaría aplicar en su futura república, nunca ha respaldado oficialmente el delirio rupturista de Puigdemont. Aunque los políticos daneses no ocultaron su malestar ante las imágenes de las cargas policiales del 1-O, siempre han recordado que cualquier cambio del status catalán debería producirse en el marco del diálogo con el Gobierno español y dentro de los márgenes de la Constitución.

A Puigdemont, de cuyo deseo de tensar la cuerda hasta lo inverosímil no cabe ya ninguna duda, nada podría gustarle más que ser detenido mientras está rodeado de universitarios que escuchan sus teorías sobre cómo poner fin al yugo de un Estado autoritario y represor. Pero esa escena es dudoso que llegue a producirse. Desde el momento que la Fiscalía solicite formalmente la reactivación de la euroorden para su detención y entrega hasta que el juez Pablo Llarena, que es quien tiene la potestad de hacerlo, proceda en consecuencia, el expresidente puede haber hecho el recorrido de Bruselas a Copenhague y viceversa varias veces.

Según recoge la nota que ha difundido este domingo, la Fiscalia se encuentra pendiente de la confirmación oficial vía policial de los movimientos de Puigdemont para asistir al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague. “De producirse esta confirmación, es intención de la Fiscalía actuar inmediatamente solicitando al magistrado instructor del Tribunal Supremo que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega para solicitar a la autoridad judicial danesa la detención del investigado”, subraya el Ministerio Público.

El pasado 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista que se encuentran con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España. Llarena consideró que se debían retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.

Es decir, teniendo en cuenta que de los cargos que pesan sobre los cesados miembros del Govern solo el más leve, la malversación, está plenamente homologado en la legislación belga, se corría el riego de que la entrega a España se hiciera condicionándola a que los arrestados fueran juzgados solo por ese delito excluyendo los más graves, rebelión y sedición.

Además, parece que el magistrado del Tribunal Supremo prefiere esperar a tener una sentencia contra el resto de los imputados por el ‘procés’, entre ellos Oriol Junqueras, lo que significaría contar ya con una resolución judicial como base firme para activar la euroorden. Es por eso que no parece probable que Llarena tome una decisión que frustraría su plan inicial, aunque todas las declaraciones que se han producido este domingo apunten en la dirección contraria.

“Si se activara la euroorden y se encuentra en Dinamarca, la Fiscalía actuará para que pueda ser detenido”, ha subrayado en una entrevista radiofónica el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido. El propio fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha recordado en un comunicado que el ex presidente catalán “persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación”. Además, le ha advertido de que su idea de que no puede ser enviado a prisión por su inmunidad parlamentaria está muy alejada de la realidad y de que “la protección de los parlamentarios no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante tribunal competente. Y el abogado español del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, ha admitido por su parte en una radio catalana que si “el Estado español tiene la euroorden preparadísima (…) el riesgo de detención es bastante alto”.

La dura prueba de la investidura y ¿después?

Mientras las miradas están puestas en Copenhague, este lunes también está previsto que el presidente del Parlament, Roger Torren, anuncie que el candidato a la presidencia que se someterá al debate de investidura es Puigdemont. El número uno de la candidatura de Junts per Catalunya es el único que cuenta, a día de hoy, con los apoyos necesarios para superar ese trámite parlamentario. Pero, a partir de ahí, todo son incertidumbres.

Todavía no se han resuelto las dudas sobre el voto delegado de los cinco diputados refugiados en Bruselas que, de no ser admitido, dejaría al bloque independentista con 65 escaños, tres menos de los 68 que se necesitan para la mayoría absoluta y en igualdad de condiciones que el llamado bloque constitucionalista, siempre que se sitúe a los Comunes al lado de Ciudadanos, el PSC y el PP catalán. En segundo lugar, está por resolver la fórmula para desarrollar el debate de investidura sin la presencia del candidato. El objetivo es hacerlo en un acto único para evitar la reacción, sobradamente anunciada, del Tribunal Constitucional.

Y, en tercer lugar y suponiendo que Puigdemont sea elegido ‘president’ aunque sea imponiendo sus propias reglas en contra del criterio de los letrados del Parlament que ya se han pronunciado en contra de una investidura a distancia, queda otra prueba igual de compleja o más que la anterior: la toma de posesión. La ley de la Presidencia establece en su artículo 5 que el ‘president’, “una vez investido por el Parlament, es nombrado por el rey”, el nombramiento debe ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -gestionado ahora por el Gobierno central en virtud del artículo 155- y tiene efectos a partir de la toma de posesión -que se sitúa en el plazo de cinco días a partir del nombramiento-.

Parece que ahora mismo Puigdemont solo piensa en la investidura pero de cara a los pasos siguientes ya se barajan opciones como una presidencia instrumental, que esté físicamente en Cataluña y que podría ejercerse a través de un ‘conseller en cap’ con amplios poderes -los nombres de Elsa Artadi y Eduard Pujol han sonado con fuerza para el puesto- o mediante la restitución de la vicepresidencia que antes del 155 ejercía Oriol Junqueras. La pega de esta segunda opción para JxCat es que significaría dejar el gobierno en manos de ERC que, tal y como repiten en la candidatura del expresidente, “no ha ganado las elecciones”. De momento, las declaraciones que Puigdemont hizo el viernes asegurando que no podría gobernar desde la cárcel se han interpretado como una desautorización de su antiguo vicepresidente y un intento de frenar sus aspiraciones.

Por otro lado, ya no resulta creíble que se pueda cumplir la única promesa electoral del expresidente: la restitución de la situación previa a la intervención de la autonomía por el Estado. Varios exconsellers han anunciado que no desean seguir en la primera línea: Meritxell Borràs, Carles Mundó, Joaquim Forn y Dolors Bassa. A ellos puede sumarse Raül Romeva, que no dispone de  pasaporte por encontrarse en libertad condicional y que tendría que renunciar a ejercer como conseller de Exteriores.

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