Domènech (los ‘Comunes’) dice que el caso Palau es ‘la Gürtel de CDC’

El líder de los 'comunes', Xavier Domènech, ha atribuido la dimisión de Artur Mas como presidente del PDeCAT a la sentencia del caso Palau conocida hoy, que ha definido como la "Gürtel de CDC", y ha pedido explicaciones "públicas" a los ex dirigentes convergentes pero, también, a Junts per Catalunya.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y cinco meses de cárcel al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar y ha ordenado el decomiso de 6,6 millones de euros al partido por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En la sentencia por el expolio del Palau de la Música, notificada hoy, la Audiencia de Barcelona condena también a 9 años y ocho meses de cárcel al ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a 7 años y seis meses a Jordi Montull, su mano derecha, por el saqueo que perpetraron en la entidad cultural entre 2000 y 2009.

En rueda de prensa, Domènech ha afirmado que la sentencia del caso Palau certifica “claramente” que estamos ante la “Gürtel de CDC”, con una “corrupción”, un “saqueo sistemático” de los recursos públicos de Cataluña durante años y con una financiación ilegal de la antigua Convergència.

Según el líder de Catalunya en Comú, es “evidente” que Mas dimitió al frente del PDeCAT la semana pasada para “no tener que dar explicaciones” sobre este caso de corrupción que “acusa directamente a CDC”, por “muchos cambios de nombre” que haya en el partido tras el que “no pueden esconderse” los que fueron responsables de esta fuerza política.

Por ello, Domènech ha exigido explicaciones “públicas” de los ex dirigentes convergentes, pero también a Junts per Catalunya, porque “jurídicamente es una coalición entre CDC y el PDeCAT” y “no puede sustraerse a las explicaciones públicas”.

Domènech, además, ha propuesto al resto de formaciones políticas un “acuerdo nacional para una Cataluña libre de corrupción” de cara a la próximo legislatura, que incluye un paquete de medidas.

Entre otras, los ‘comunes’ proponen prohibir que las empresas que operan o tienen sedes o filiales en paraísos fiscales puedan hacer contratos con la administración pública, proteger a las personas que denuncian casos de corrupción, impedir las puertas giratorias, dotar de más recursos a la Oficina Antifraude de Cataluña o un mayor control sobre las cuentas de los partidos y fundaciones vinculadas.

También la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, se ha pronunciado sobre la sentencia y ha reclamado “responsabilidades políticas que vayan más allá de las judiciales”.