La Ley 13/2008 de la Presidencia y del Govern de la Generalitat prohíbe la investidura telemática

La norma es clara: "El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la Cámara"

La investidura telemática de Carles Puigdemont, candidato a presidente de la Generalitat, es imposible. Y lo es porque sería claramente ilegal. No solo lo advirtió este jueves el Gobierno tras analizar el Reglamento del Parlament, que en su artículo 146.1 exige que el candidato a la presidencia presente su programa de gobierno y solicite la confianza del pleno y no contempla la posibilidad de una presentación no presencial, que no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación.

También el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su artículo 73.2 que el Parlamento puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el pleno y en las comisiones, en los términos que establece el Reglamento.

Y además, como recalca Xavier Vidal-Folch en ‘El País’, también lo impide la ley 13/2008 de la Presidencia y del Govern de la Generalitat del 5 de noviembre de 2018, que no puede ser más clara: “El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la Cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la votación”. Es decir, que se requiere la presencia física del candidato ante el Pleno. Y esta última expresión, ‘ante el Pleno’, es decir, ‘en presencia de’, no deja posibilidad a la investidura telemática bajo ningún concepto.

El debate de investidura, además, tiene una importancia esencial para la legislatura, en la medida en que la ausencia de investidura de un candidato determina la finalización prematura de la legislatura transcurrido el plazo estatutario.

Tanto ante el Congreso de los Diputados como en Cataluña y en el resto de las cámaras autonómicas, en España las investiduras se han hecho siempre de forma presencial, lo que permite afirmar que existe una costumbre constitucional y parlamentaria arraigada en ese sentido.

Por lo tanto, si se permitiera una defensa no presencial del programa de Gobierno se estaría poniendo en cuestión la propia existencia del Parlamento como sede física de representación de los ciudadanos de Cataluña.