Junqueras no confía en que le excarcelen y planifica la fórmula para poder ser investido ‘president’

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene que decidir este jueves sobre el recurso de apelación de la defensa de Oriol Junqueras contra la prisión preventiva incondicional del líder de ERC que ordenó el juez Pablo Llarena. Todo indica que Junqueras permanecerá en Estremera lo que, en principio, frustraría sus aspiraciones de optar a la presidencia de la Generalitat si, como parece más probable, Carles Puigdemont rechaza regresar a España y permanece en Bruselas. De ahí que la defensa del exvicepresidente estudie fórmulas para paliar su alejamiento de la escena política catalana.

Según ha reconocido su abogado, Andreu Van den Eynde, en una entrevista de Catalunya Ràdio, Junqueras pedirá ser trasladado a una cárcel catalana para poder acudir a los plenos del Parlament, incluso para ser investido presidente, en el caso de que el Supremo no acuerde este jueves dejarle en libertad. El letrado no ve ningún obstáculo para que su defendido pueda ejercer el cargo desde prisión. “Y tanto. Sí, sí. Él tiene derecho a salir a defender su proyecto en la sesión de investidura y, si fuera investido, sería presidente de la Generalitat y debería volver a la cárcel”, ha afirmado y ha añadido que “aunque se mantenga la cárcel provisional, tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Por lo tanto, tendremos que pedir el traslado a cárceles catalanas y la salida para asistir a los plenos”.

La posibilidad de que Junqueras sea el futuro presidente de la Generalitat gusta en Moncloa mucho más que la ‘restitución’ de Puigdemont -la fallida gestión de la crisis catalana por Soraya Saénz de Santamaría solo sirvió para tender puentes con su homólogo en el Govern- y no está mal vista por los partidos del arco parlamentario catalán, salvo Junts per Catalunya. Por lo que se refiere a Esquerra, su empeño en contemplar solo la opción de Puigdemont deja fuera a cualquier otro posible candidato de la ‘lista del president’ y sitúa al número dos del Ejecutivo catalán previo al 155 -Junqueras- con un pie en la presidencia.

Ahora bien, si el Supremo decidiera este jueves excarcelar al líder republicano y una semana después, el jueves 11, hiciera lo mismo con el número dos de la candidatura de JxCat, Jordi Sánchez, asistiríamos a otra dura pugna por la candidatura a la presidencia entre las dos principales formaciones independentistas, que dan por hecho que la minoritaria CUP como poco se abstendrá. Si Puigdemont regresara finalmente, lo que se produciría es una batalla legal entre los partidarios de dejar actuar a la justicia y los que sostienen que obligarle a responder por sus responsabilidades penales equivale a vulnerar sus derechos, democráticamente legitimados por las urnas del 21-D.

Y como los defensores de esta segunda tesis ven cada vez más remota la posibilidad de que el expresidente vuelva en las actuales circunstancias -la fórmula del ‘president por Skype’ no parece viable- han empezado a buscar otros métodos para hacer realidad sus deseos. El responsable de acción política del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, ha avanzado el último este mismo miércoles: un “pacto político” con el Estado previo al regreso de Puigdemont. “El pacto tiene que ser político y se tendrá que instrumentalizar. Los problemas políticos deben tener una respuesta política”, ha sostenido Bel en declaraciones a Cuatro al ser preguntado por si vería posible un acuerdo con la Fiscalía que permitiese el regreso del expresidente sin que sea detenido.

En paralelo, Bel no ha descartado que pueda producirse una “investidura telemática” de Puigdemont, pero ha apuntado que este extremo lo tienen que decidir “los 135 diputados” del Parlament: “Sin garantías habrá que buscar y explorar cualquier posibilidad”.  Pero sobre todo, viendo venir el pulso con Esquerra, el diputado ha negado que Oriol Junqueras pueda ser candidato a la presidencia en un debate de investidura: “El acuerdo era que el ‘presidenciable’ era Puigdemont si sacaba más escaños. No nos van a encontrar en ninguna batalla”, ha zanjado.

La prioridad: garantizar la mayoría absoluta del independentismo

Pero como el propio Bel ha reconocido, la prioridad tanto de JxCat como del PDeCAT pasa por que tanto Puigdemont como los exconsellers huidos en Bruselas y los encarcelados en Estremera puedan obtener el acta de diputados, a ser posible “in situ” y, si no, de forma que el independentismo conserve la ajustada mayoría que perdería si no pudiera contar con los votos de esos ocho parlamentarios que se encuentran apartados de la Cámara por distintos motivos. De 70 escaños pasaría a tener solo 62, seis menos de los 68 que se requieren para la mayoría absoluta.

Los que están en esa circunstancia son cinco prófugos (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, los tres de JuntsxCat, y Antoni Comín y Meritxell Serret, ambos de ERC) y tres encarcelados (Junqueras -ERC-, Sánchez y Joaquim Forn -ambos de JxCat-), y de ellos depende que el 17 de enero, el día señalado por Mariano Rajoy para la sesión constitutiva del Parlament, los independentistas controlen la Mesa de la Cámara ya que su ausencia dejaría en mayoría a Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP.

Sánchez y Forn ya han hecho llegar al registro del Parlament la documentación necesaria para que les entreguen sus actas de diputados, lo que demuestra una confianza en su inminente excarcelación que no se corresponde con la impresión más generalizada en fuentes próximas al Supremo, que destacan que los motivos por los que el juez Llarena decidió el 4 de diciembre no modificar la prisión incondicional ordenada por la jueza Carmen Lamela siguen plenamente vigentes.

Entre esos motivos destacaba uno, el de la reiteración delictiva de los imputados a los que el magistrado vinculaba directamente con la “explosión violenta” que se produjo en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre, cuando se llevaron a cabo detenciones y registros para intentar frenar el referéndum ilegal. Aunque Junqueras ha utilizado las redes para hacer pomposas declaraciones a favor del diálogo y el amor universal, Sánchez no ha seguido su ejemplo como se aprecia en este tuit en el que asegura que este año “la libertad de Cataluña será imparable”.

“Tenemos inhabilitaciones y tenemos sanciones, tenemos prisión y exilio, pero quien tiene un problema es Mariano Rajoy porque este 2.018 la #llibertat de Cataluña será imparable”, escribió el exlíder de la ANC el martes para celebrar el arranque del nuevo año.

En su petición de libertad, el líder de ERC tendrá en contra a la Fiscalía y a la acusación popular que ejerce Vox, partidarios de que se le mantenga en prisión. El Ministerio Público alegó en su escrito remitido a la Sala de Apelaciones que todavía existen indicios que sostienen la rebelión y basó su postura en el documento ‘Enfocats’ encontrado en el domicilio del número 2 de Junqueras en Economía, Josep María Jové y considerado como hoja de ruta del ‘procés’. Es previsible que la defensa quiera que al final de la vista, que comenzará a las 10.30 horas, el líder de la formación independentista se dirija directamente a la Sala teniendo en cuenta la solicitud de que esté presente en la vista.

El abogado Van den Eynde ha reconocido que es “incierto” el resultado de la vista de apelación, en la que estará presente el propio Junqueras a petición propia y en la que la defensa alegará que dejarle en libertad no sólo va en apoyo de sus derechos personales, sino de los derechos colectivos, una vez ha sido elegido diputado en las elecciones del 21-D. Entre otras cosas, el letrado recordará que el propio magistrado Llarena sostuvo en la resolución en la que confirmó la orden de prisión acordada por Lamela que esta medida se podía revisar tras las elecciones.

Ante la probable decisión en contra de sus intereses, ha avisado de que el Supremo se debe guiar por “criterios jurídicos”, pero que inevitablemente sus integrantes estarán “influidos” por el contexto político y social y por sus circunstancias personales.

Por otra parte, el letrado ha indicado que no le ha planteado ninguna recomendación jurídica a su clienta Carme Forcadell, que pagó una fianza de 150.000 euros para salir de la prisión -en la que permaneció una noche-, a la hora de que decida si opta o no a repetir como presidenta del Parlament.

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