Cataluña cierra un año de sobresaltos y entra en el 2018 sin despejar la incertidumbre

La crisis catalana, más conocida como ‘el monotema’, ha acaparado el debate político, ha abierto los 'salmones' de información económica, ha desplazado las grandes preocupaciones sociales y, en definitiva, ha terminado hartando a la población durante el año que termina. El problema es que 2018 arrancará sin perspectivas de mejora ya que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, lejos de clarificar el panorama y poner fin al desvarío independentista, podrían haber dado paso a su cronificación.

De los dos bloques enfrentados, el constitucionalista y el independentista, ninguno ha sido capaz de obtener el respaldo de una mayoría arrolladora que legitime plenamente sus aspiraciones. El partido más votado ha sido el españolista Ciudadanos que, sin embargo, no tiene posibilidad alguna de formar Gobierno. Sí podrán hacerlo en cambio los secesionistas, que siguen estancados en el 47% de los votos, incluso ligeramente por debajo del resultado que lograron en las elecciones de 2015.

El problema es que las dos formaciones que representan ese voto independentista, Junts per Catalunya –la plataforma que absorbió al PDeCAT para las elecciones- y ERC quieren volver a la situación previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, a la intervención de la autonomía por parte del Gobierno central. Eso significa restituir en sus cargos al presidente y a los consejeros del Govern que fueron cesados en virtud de dicho precepto y que se encuentran encarcelados o huidos.

En cualquier caso, todos ellos están imputados por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1-O y sus actuaciones para declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral. Si volvieran a sus antiguas responsabilidades, podría darse la circunstancia de que fueran condenados en un juicio a penas de cárcel e inhabilitación –las que les corresponden por los delitos de rebelión y sedición de los que se les acusa- y se vieran obligados a abandonarlas.

Con este panorama por delante, y pese a que durante la campaña han proliferado las declaraciones a favor de abandonar la unilateralidad y optar por la negociación con el Estado, podría resurgir la tentación de la DUI ya que solo la declaración de una república independiente de nuevo cuño podría sustraerles a la acción de los tribunales españoles siempre y cuando, claro está, pudieran hacer efectiva la famosa desconexión.

De momento, la situación es tremendamente enrevesada y compleja. La primera gran incógnita es si Carles Puigdemont, cartel electoral de JxCat que ha quedado por delante de Esquerra en los resultados finales del escrutinio, va a volver o no para ponerse al frente de la Generalitat a riesgo de ser detenido y encarcelado. En principio, según la Ley Electoral y el reglamento del Parlament no tendría dificultad alguna para tomar posesión del acta de diputado desde Bruselas, donde se refugió tras el 155, a través de un apoderado. Y esto mismo se aplicaría a los ‘exconsellers’ que le acompañan en la capital belga y que también han sido candidatos en las elecciones.

Los problemas surgirían más adelante, si se quiere que Puigdemont sea candidato a la investidura como presidente de la Generalitat. El reglamento del Parlament sí exige que la investidura sea presencial, es decir, que el candidato debe subir a la tribuna para defender su programa de Gobierno. Si el expresidente decidiera volver para someterse a ese trámite y acabara en prisión, deberá pedir permiso al juez -en este caso el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que instruye toda la causa contra el Govern y miembros de la Mesa de la Cámara autonómica por rebelión- para acudir al Parlament. El juez podría autorizarlo o no. De hecho, hay precedentes en el País Vasco de diputados autonómicos a los que se les permitió tomar posesión de sus escaños de forma presencial, en los años en los que la izquierda ‘abertzale’ presentaba como candidatos a presos preventivos de ETA.

El calendario sigue corriendo sin que se vea cuál puede ser la salida

Por lo demás, los plazos que establecen el Estatut y el reglamento del Parlament son claros: en los 20 días hábiles siguientes a las elecciones, la cámara catalana debe haberse constituido y, por lo tanto, debe haber sido elegido un nuevo presidente del Parlament y una Mesa. A partir de esta elección, el presidente de la cámara tiene 10 días hábiles para, previa ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, proponer un candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Se trata de plazo obligatorio, por lo que si el calendario se cumple a rajatabla y los partidos llegan a acuerdos, Cataluña podría tener presidente a finales de enero y recuperar así su autonomía. En este caso, la aplicación del 155 en Catalunya se habría prolongado unos 100 días.

La importancia de estos plazos reside en que ya han empezado a correr. Es imposible que en Cataluña ocurra lo mismo que en la fallida XI legislatura en el Congreso, cuando el reloj de la investidura no se puso en marcha hasta que el rey Felipe VI no propuso a un candidato a la Presidencia, en ese caso a Pedro Sánchez. El jefe de Estado no está obligado a proponer un aspirante a la investidura si ninguno da el paso de presentarse, de manera que si el líder socialista no se hubiese ofrecido, la situación de ingobernabilidad se hubiera prolongado sine die. En aquel periodo de 2015 y 2016, España estuvo más de 10 meses con un Gobierno en funciones y celebró dos elecciones generales para desencallar la situación.

En el momento que se proponga un candidato a presidente de la Generalitat, si no es investido en el primer debate -con mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en la segunda-, arranca un nuevo plazo de dos meses para que se vayan probando nuevos candidatos. Si se forma entonces el Govern, el 155 habrá durado cinco meses. Pero si ni así el Parlament elige a un president, la cámara se disolvería automáticamente y le correspondería al presidente en funciones, esto es, de nuevo a Rajoy, convocar unas nuevas elecciones que deben tener lugar en los siguientes 54 días. Es lo que estuvo a punto de ocurrir tras las elecciones del 27-S, cuando se agotó el plazo hasta el último día para elegir finalmente a Carles Puigdemont después de que Artur Mas, el candidato de JxSí, optara por apartarse para facilitar el apoyo de la CUP y evitar así las elecciones.

En el caso de una repetición electoral, la convocatoria a las urnas se haría para el mes de mayo, lo que pospondría la formación del Govern hasta junio. Se habrían cumplido nada menos que ocho meses con la Generalitat en manos del Gobierno central desde el pasado 27 de octubre.

El escandaloso pleno de septiembre, el referéndum del 1-O y la DUI

En cuanto a cómo se ha llegado hasta aquí, hay que recordar que las sucesivas decisiones del Govern y de la mayoría independentista en el Parlamento catalán y la respuesta del Gobierno recurriendo cada una de ellas a los tribunales han provocado una escalada de tensión política, especialmente en el último trimestre del año. Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del país.

El referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona). Los plenos del Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre, en los que los independentistas aprobaron en solitario las llamadas leyes de desconexión, así como las protestas del 20 de septiembre contra los registros de varias consellerias y la detención de altos cargos de la Generalitat, permitieron al Gobierno constatar que los secesionistas iban a por todas.

Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat de Carles Puigdemont para evitar que destinara dinero público a sufragar el referéndum del 1-O, pero a mediados de septiembre dio un paso más y acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas. Por esas fechas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a los líderes independentistas de que el Ejecutivo también iba en serio. “Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, les dijo desde Barcelona.

Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno garantizando que no habría ningún referéndum, de que en los días previos se incautaran millones de papeletas y tarjetas censales, y del despliegue de policías y guardias civiles ante el temor de la inacción de los Mossos, 2,2 millones de personas pudieron votar en medio de un sinfín de irregularidades.

Las cargas policiales fueron lo más destacado de esa jornada en las portadas de medios nacionales e internacionales y aún hoy son exhibidas por los secesionistas para ilustrar la represión con la que el Estado español, según ellos, trata de silenciarlos. No obstante, las acusaciones más gruesas sobre esa supuesta represión las lanzó la número 2 de ERC, Marta Rovira, al asegurar que el Gobierno amenazó con muertos en las calles si no se frenaban las pretensiones independentistas, afirmación que no ha podido demostrar y por la que ha sido muy criticada.

Huida hacia adelante de Puigdemont y aplicación del 155

Una muestra de la “extrema gravedad” de la situación fue el discurso de carácter excepcional dirigido a los españoles por el Rey Felipe VI el 3 de octubre, en el que advirtió de que los “legítimos poderes del Estado” deben asegurar “el orden constitucional”, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Aún así, los independentistas otorgaron validez a los resultados de esa consulta, y con ellos y las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre intentaron internacionalizar el conflicto que, por unos días, ocupó las portadas de medios de comunicación de medio mundo.

Puigdemont amagó con la independencia el 10 de octubre -llegó a proclamarla y la dejó en suspenso segundos después- y el Parlament la declaró el 27 de octubre aunque sólo en el preámbulo del texto aprobado, una vez más, con la cámara dividida. Ningún país del mundo ha reconocido a Cataluña como Estado independiente y Puigdemont no ha dudado en arremeter estas últimas semanas contra la UE y sus dirigentes y ha llegado a sugerir un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir dentro de la Unión, palabras que luego tuvo que matizar.

Tras las declaración unilateral de independencia en el Parlament, el Gobierno invocó el inédito artículo 155 de la Constitución para cesar a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, cerrar las delegaciones de Cataluña en el exterior y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. La aplicación del 155 ha sido mucho menos traumática de lo que el propio Gobierno temía y todos los partidos sin excepción han acabado presentándose a los comicios. El que no hayan contribuido a resolver el enredo ha desatado ya algunas críticas hacia Rajoy por una convocatoria que algunos ven precipitada. Si las elecciones se hubieran celebrado más tarde, dicen, los catalanes habrían empezado a sufrir los efectos de la inestabilidad política y la incertidumbre económica y hubieran dado la espalda mayoritariamente a la aventura independentista.

Tanta tensión política ha tenido su reflejo en las calles, con manifestaciones multitudinarias de uno y otro signo en un ambiente tremendamente polarizado y enrarecido. A la sobradamente constatada capacidad de movilización de los independentistas en las calles (la Diada, las concentraciones en los colegios el día del referéndum, las convocatorias en protesta por la actuación policial) se han sumado por primera vez las protestas de quienes consideran que Cataluña es una parte de España y reclamaban el fin del “procès”.

2017 ha sido el año de las banderas, ya que la presencia de esteladas en ventanas y balcones de Cataluña ha tenido como respuesta una nunca antes vista -salvo con motivo de algún éxito deportivo- exhibición de banderas españolas en muchas ciudades del país. Esa nada habitual expresión del “nacionalismo español” ha sido identificada por los independentistas catalanes como un resurgimiento del franquismo y el totalitarismo en España. En las últimas décadas, el fantasma de Franco nunca había estado tan presente en el debate político como ahora y hasta el cantautor Joan Manuel Serrat ha sido tachado de fascista por criticar el 1-O.

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