Resumen judicial del 2017

2017: el año en el que Rajoy declaró como testigo por el 'caso Gürtel'

Este año también nos ha traído la caída de Ignacio González, la sentencia del caso Nóos y el comienzo del juicio por la pieza política de los ERE

'Lo niego todo'. No estamos hablando del último disco de Joaquín Sabina, sino del titular que podría haber resumido la primera declaración judicial como testigo de un presidente en activo, en este caso Mariano Rajoy, en el juicio de la primera etapa de la trama corrupta Gürtel.

Frases como "jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad" y "desconozco las actividades del señor Correa porque ni le conocía ni estaba en esas cosas" valen para describir el paso de Rajoy por la Audiencia Nacional en julio, en plenas vacaciones de los españoles, lo que hizo que la declaración del jefe del Ejecutivo tuviese menos repercusión, aunque la tuvo, de lo que debería haber tenido.

Durante dos horas también tuvo tiempo para mantener la calma, ser sarcástico y tomarse las cosas con humor, algo que indignó a muchos y gracias a lo cual salió airoso: "La respuesta debe ser muy gallega, porque no puede ser riojana", dijo después de que el abogado de Adade se quejase de una respuesta "muy gallega" cuando Rajoy le explicó que un viaje a Canarias lo pagó el PP "hasta donde yo sé".

El caso es que la declaración del presidente del Gobierno no cambió nada respecto a lo que se sabía de Gürtel, cuyo juicio, que ha durado más de un año, todo un récord, contra los 37 acusados por participar en los primeros años de la trama (1999-2005), quedó en noviembre visto para sentencia. Por la Audiencia pasaron exministros del PP o la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, todos con poco que aportar a la causa.

Así, todo terminó con uno de los principales acusados, Francisco Correa, ofreciendo en su último turno de palabra su "total colaboración" a la Fiscalía para “aclarar todas las causas pendientes”, pero, eso sí, estando en libertad hasta que las sentencias en su contra fuesen firmes, y pidiendo el indulto para el juez Baltasar Garzón porque considera que su causa tiene un “tinte político y no jurídico”. Surrealista.

Ignacio González a prisión

No ha sido lo único destacable de un año judicial, corrupción mediante, en el que el PP se ha llevado la mayoría de los titulares. Y van ya unos cuantos años así.

En 2017 nacieron nuevos casos de corrupción como el de Lezo, que se llevó por delante al expresidente madrileño Ignacio González por su gestión en el Canal de Isabel II, reforzando así las sospechas de una financiación irregular del PP de Madrid que destapó el caso Púnica, por el que el exconsejero de la región Francisco Granados recibió en el último mes del año su primera condena, dos años de cárcel.

Con Granados todavía preso -salió en julio para afrontar en libertad el primer juicio de Púnica-, el caso Lezo estalló en abril sacando a la luz la presunta compra fraudulenta de filiales del Canal de Isabel II en Sudamérica con la complicidad de González y otros exdirectivos de la empresa pública.

Todos ingresaron en prisión y fueron saliendo poco a poco con fianzas bastante altas, los últimos el expresidente madrileño y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Con Lezo se estrenó el por entonces recién nombrado fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix, una investigación que le causó desde el principio tensiones con los fiscales del caso por tratar de paralizar al inicio unos registros relacionados con la filial colombiana del Canal, Inassa, y que podrían afectar al también expresidente regional del PP Alberto Ruiz-Gallardón. Todo digno de película de Martin Scorsese.

Reunidos todos los fiscales anticorrupción en una junta, los fiscales del caso defendieron completar toda la operación y expusieron una grabación de una conversación en la que González manifestaba al exministro del PP Eduardo Zaplana su agrado por el posible nombramiento de Moix como fiscal jefe anticorrupción.

Los fiscales, con el apoyo de la mayoría de los reunidos ese día, consiguieron finalmente su propósito y Moix acabó accediendo a que se practicaran todos los registros.

Después de este episodio, surgieron otras polémicas con los fiscales que investigan el 3% o al clan Pujol, y en plena guerra en la Fiscalía apareció una información que relacionaba a Moix con una cuenta de una sociedad en Panamá a la que su padre, ya fallecido, tenía adscrito el chalé familiar.

Tras negar varios días las posibles irregularidades, Moix presentó su dimisión ante el fiscal general del Estado que le había nombrado dos meses antes, el fallecido José Manuel Maza, que aceptó su renuncia y que le defendió a capa y espada.

Pero las intervenciones telefónicas de Lezo tenían mucho más que ofrecer y fueron para la prensa un regalo casi diario. Entre otras cosas, sacaron al descubierto desavenencias y supuestas venganzas en el PP, un posible chivatazo de la operación y la existencia de un vídeo en la que un empresario, Rafael Palencia, aseguraba haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones.

Grabación que podía además haber sido utilizada para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este último descubrimiento reactivó la causa sobre la caja B del PP, que el juez José de la Mata reabrió en 2016 después de que Correa asegurara en el juicio que poderosas empresas españolas pagaban comisiones al partido.

De la Mata ha incorporado ahora esas grabaciones a la investigación, y ha llamado a declarar a González, Zaplana y a Javier López Madrid, el yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, estos dos últimos imputados en Lezo.

A Moix, que duró sólo dos meses al frente de Anticorrupción, le sucedió Alejandro Luzón, un fiscal de total confianza, de la casa, que servía para calmar las aguas en una convulsa Fiscalía que le recibió con alivio.

Y Luzón empezó fuerte, con la operación Soule, que destapó la utilización de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para sus intereses personales por parte del que había sido su presidente los últimos 29 años Ángel María Villar, suspendido temporalmente pero aferrado al sillón, y de su hijo Gorka, que estuvieron algo de más de un mes en prisión provisional. Entre otras cosas, se supo que la Federación hacía contratos a dedo. Entre ellos por ejemplo hay uno de 36,5 millones de euros a una empresa por suministrar camisetas para árbitros que no se usaban por su mala calidad. Una ganga.

Sentencia del caso Noós

En 2017 se cerró también el caso Nóos. La sentencia llegó en febrero y fue, como poco, benévola. Absolvía a la infanta Cristina, que no obstante pagaría una multa de 265.088 euros, y condenaba a su marido a 6 años y 3 meses de prisión, una pena muy inferior a la petición del fiscal, que era de 19 años. De los 17 acusados, el que recibía la condena más alta era el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, a quien se castigaba con 8 años en prisión.

Hasta el fallo definitivo del Tribunal Supremo, todos campan en libertad. En el recurso ante el alto tribunal, Urdangarin argumentó que se limitó a ser un "amigable componedor" y un "mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo. Veremos si le creen.

El año judicial terminó dejándonos las estampa de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados en el banquillo de los acusados junto a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, junto numerosos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el inicio del juicio por la denominada "pieza política" del caso de los ERE.