Por qué el juez de Lezo imputa a la cúpula de Gallardón y no al expresidente madrileño (por ahora)

El miércoles se conoció un auto del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea -el apoyo del instructor del ‘caso Lezo’ Manuel García Castellón- por el que se cita como investigados/imputados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial INASSA en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid. La imputación ya le ha costado el cargo al exgerente del Canal y hasta este jueves presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, que ha dimitido. Pero la pregunta es: ¿Cómo es posible que Gallardón, siendo el máximo responsable en ese momento, se haya librado de la imputación?

Entre los hechos que investiga el juez se encuentra la compra de la colombiana INASSA, cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, que se acordó en una reunión del Consejo de Administración de CYII del 14 de noviembre de 2001 y en otra que celebró el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de ese mismo año, es decir, quince días después.

En el auto del juez De Egea se señala especialmente a dos consejeros de Gallardón: Pedro Calvo y Juan Bravo. Calvo se encargaba del área de Medio Ambiente y presidía el consejo de administración del Canal. El órgano ejecutivo que presidía, además, lo facultó expresamente para que negociara la compra de la compañía colombiana, lo que hizo junto a Canalda quien, previamente a recibir la autorización, ya estaba en tratos para adquirir el 75% de la sociedad latinoamericana. Bravo, como consejero de Hacienda, tuvo que tener especial conocimiento de los informes para llevar a cabo la operación que tuvo que autorizar él mismo junto al presidente del Consejo de Gobierno.

Esa firma que tuvo que estampar Gallardón en la autorización de la compra es uno de los documentos que podrían involucrarle si existiera constancia del mismo porque, según relata el juez, “hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno” de aquél momento. Esa documentación es lo primero que el magistrado requiere a la Comunidad de Madrid para que se la remita en un plazo no superior a diez días.

El juez, por otra parte, llama la atención sobre dos de las flagrantes irregularidades que se cometieron en la compra de INASSA: la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal, la Sociedad de Aguas de América SA -SAA- y la determinación del precio de compra, en la que se aprecia una “sobrevaloración” dentro de unas condiciones contractuales “claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar”.

Por lo que se refiere a SAA, el acuerdo del consejo de administración de CYII no hacía ninguna mención en su texto a la interposición de esa sociedad panameña, pero el juez sabe que aparecía en gran parte de los informes que manejaron los miembros del consejo (también Calvo y Bravo) para tomar su decisión.

Sobrevaloración e historia de un ‘pelotazo’

Tras los acuerdos adoptados por el consejo del Canal y el Consejo de Gobierno de la CAM, el 5 de diciembre se creó la sociedad CANAL EXTENSIA SA por CYII y TECVASA (Técnicas Valencianas del Agua SA), adquiriendo cada una de ellas, respectivamente, un 75% y un 25% de su capital social. EXTENSIA se encargó de la compra de INASSA que se firmó el 13 de diciembre por 73 millones de dólares, que entonces eran 83,6 millones de euros.

La historia de este auténtico ‘pelotazo’ es la siguiente: INASSA (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se creó en 1996 en Barranquilla para llevar agua potable al municipio colombiano. El primer socio español de INASSA fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (AGBAR), que tenía el 51% de la compañía. AGBAR decidió vender su participación en el año 2000 porque el negocio no le resultaba rentable. Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de INASSA a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época) que, un año después, EXTENSIA multiplicó por diez en su contrato de compraventa.

Al denunciar la sobrevaloración en el precio de adquisición, el juez reprocha que el ente público CYII “no adoptara los controles necesarios para asegurarse de que las condiciones pactadas -especialmente las económicas- eran ajustadas al valor real que correspondía al objeto de su operación (…) limitándose a realizar la valoración con la información suministrada por los trabajadores del Canal que se desplazaron a Colombia (…) quienes la sustentaron parcialmente en la efectuada por los asesores contratados por TECVASA y Rothschild, sociedades ambas con intereses contrapuestos a los del ente público”. Es más, el juez considera “relevante” que, en las fechas en las que se gestó la operación, “entre los socios de TECVASA se encontraban ocultos tras sociedades interpuestas algunos de los propietarios de la sociedad panameña SAA y, por tanto, de INASSA”.

Investigación “compleja” e “incipiente” en la que queda mucho por hacer

En cualquier caso, el juez admite la necesidad de impulsar una investigación muy compleja que se encuentra en fase incipiente “sin que, hasta la fecha, se haya analizado la documentación incorporada a las actuaciones tras las entradas, registros y requerimientos practicados en el mes de abril de 2017”.  Ese mes, fue detenido otro expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y enviado a la prisión de Soto del Real en el marco de la Operación Lezo que investiga el saqueo del Canal de Isabel II. Unos días después, Esperanza Aguirre, que le había precedido en el cargo tras suceder a Gallardón, dimitió del único caso de representación del partido que aún mantenía, el de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En la parte dispositiva del auto, el juez enumera toda la documentación que solicita al Canal de Isabel II y a varias consejerías de la Comunidad de Madrid junto a la Intervención General de la Consejería de Hacienda, entre la que destaca este requerimiento: “Identificación completa de todos los miembros del Gobierno de la CAM que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta que, en su caso, se redactó de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo”, en alusión al que dio luz verde a la compra de INASSA.

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