Ignacio González señala a Esperanza Aguirre ante la UCO por la financiación ilegal del PP

El expresidente madrileño también fue interrogado por los contratos de reputación online y de nuevo señaló a su antecesora en el cargo

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, declaró el pasado 4 de diciembre ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por su presunta implicación en la trama Púnica, según informa la Cadena Ser. Los agentes le preguntaron por los contratos de reputación online (a través de las redes sociales) que se investigan en la trama porque fueron pagados con dinero público y también por la supuesta financiación ilegal de la campaña del PP en las elecciones autonómicas del año 2007.

Según fuentes de la investigación, el objetivo del interrogatorio al expresidente regional es completar informes que se están realizando todavía en el caso Lezo.

González aseguró ante la UCO que él solo era coordinador de la campaña electoral de 2007, en la que el PP se financió con contratos inflados a la agencia de informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Así, aunque González dice que organizaba la agenda o cerraba los debates, señala que no tenía nada que ver en lo que se refiere a asuntos económicos. En este sentido, el expresidente regional señaló directamente a Esperanza Aguirre como responsable al ser la candidata y afirmó que de la parte del dinero se encargaba el tesorero de ésta, Beltrán Gutiérrez.

Sobre los contratos de reputación online, que se habrían pagado con dinero público, González explicó que la contratación con las empresas de Alejandro de Pedro, conseguidor de la trama Púnica, era acordada por el gabinete de comunicación de Esperanza Aguirre.

El expresidente madrileño quedó en libertad el 8 de noviembre tras abonar la fianza de 400.000 euros y abandonar la prisión de Soto del Real, en Madrid.

El juez García Castellón acordó la libertad de González al entender que había disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá, así como el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

El magistrado considera que las acciones de Ignacio González dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recordó que está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.