La Guardia Civil acusa a Turull de gastarse medio millón en publicidad para el 1-O

El Govern de Carles Puigdemont se gastó 502.639 euros en publicidad en los medios de comunicación relacionada con el referéndum del 1-O, según afirma la Guardia Civil en un informe, que destaca la dificultad de obtener una cifra fiable por las "argucias" de la Generalitat y pide que se auditen sus cuentas. En el documento fechado el pasado 20 de noviembre, entregado al juzgado de Barcelona que investiga el proceso independentista, la Guardia Civil hace un análisis del dinero presuntamente malversado para financiar la consulta ilegal en lo referido a la publicidad en los medios.

Obtiene la cantidad total de la suma de 277.804 euros que costó el anuncio “Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?”, animando al voto y con instrucciones para votar, que se sufragó con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), y de otros 224.835 euros de la campaña “Sí o no” de registro de catalanes en el exterior.

Las dos partidas fueron pagadas por la Conselleria de Presidencia de Jordi Turull, indica el informe, que destaca que es difícil obtener cifras fiables dadas las “argucias” usadas por el Govern para impedirlo y cree necesario para determinarlas con exactitud hacer una auditoría a las cuentas de la Generalitat por parte de la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, la Guardia Civil apunta posibles delitos de prevaricación y desobediencia que podrían haber sido cometidos por Turull y otros miembros de su equipo. La campaña se habría presupuestado en 2,29 millones de euros y se adjudicó a Focus Media bajo el lema “Civisme”, si bien la empresa elegida finalmente se echó para atrás y el contrato no se desarrolló. No obstante, sí se insertaron anuncios en los diarios con el eslogan “¿Sí o no?” y se emitieron anuncios en TV3 en relación con el referéndum con ese coste de más de medio millón de euros según concluye el Instituto Armado.

El informe que la Guardia Civil ha sido entregado al juez de Instrucción número 13 de Barcelona José Antonio Ramírez Sunyer y en él se señala que la campaña de registro de catalanes en el exterior se creó “con el claro propósito de difundir un mensaje estrechamente relacionado con el referéndum del 1-0” que había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Para votar era necesario estar inscrito -así se señalaba en el artícul 17 de Decreto de Normas Complementarias para la celebración del Referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña-, por lo que según la Guardia Civil se buscaba promover la inscripción de los catalanes residentes en el exterior.

La propuesta partió de la Dirección General de Difusió y en ella trabajaron el secretario de Difusió I Atenció Ciutadana de Presidencia, Antoni Molins y el director general de este departamento, Jaume Mestre, quien ha sido cesado en aplicación del Artículo 155 de la Constitución. La tramitación de los anuncios, por el carácter de urgencia, comenzó el pasado 24 de agosto “a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta”, un aspecto que además fue advertido por la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación.