Rajoy vuelve a dar largas a la reforma de la Constitución y pide un ‘consenso generalizado’

Nadie sabe a ciencia cierta qué acordaron exactamente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el 11 de octubre, cuando el líder del PSOE accedió a “acompañar” al Gobierno en la aplicación del artículo 155 a Cataluña a cambio de abrir la reforma constitucional. Esta es la versión que ofreció entonces el propio Sánchez y a la que sigue aferrándose a día de hoy. Pero difiere notablemente del tono y el fondo de sucesivas declaraciones del presidente, la última de las cuales se ha producido este miércoles con motivo del 39 aniversario de la Constitución. Básicamente, el jefe del Ejecutivo ha reiterado las condiciones que, año tras año y en idénticos actos institucionales, ha esgrimido como una barrera: que haya “consenso” y “una idea clara de lo que hay que hacer.

Rajoy ha hecho hincapié en esas condiciones para la reforma del texto constitucional en declaraciones a los periodistas en el Congreso antes de asistir a la recepción con motivo del Día de la Constitución. “Estoy dispuesto a hacer la reforma, pero hay dos o tres cosas que me gustaría dejar claras”, ha dicho y ha detallado en qué consisten esas líneas rojas: “No voy a aceptar de ninguna manera que se rompa la soberanía nacional, para mí lo que sea España lo deciden todos los españoles y no una parte de ellos”. (…) “En segundo lugar es muy importante que la Constitución, su reforma, se haga con un consenso muy generalizado, como en 1978. Una Constitución, por mayoría, no se puede reformar, eso es un disparate. Y en tercer lugar, es muy importante también que cada uno diga qué es exactamente lo que hay que reformar”.

Al hilo de todo lo anterior, el jefe del Ejecutivo ha mostrado su orgullo por lo que ha representado la Constitución de 1978, ha resaltado su plena vigencia y ha aprovechado para defender la aplicación del artículo 155 ante los pasos de los soberanistas en Cataluña.

La crisis catalana atraviesa inevitablemente todo el debate sobre la reforma de la Carta Magna desde el momento que tanto el Gobierno como los partidos que le apoyan -el PP y Ciudadanos, ya que el PSOE no parece compartir ese discurso- se han empeñado en que modificar el modelo territorial o hacer concesiones en materia de financiación sería tanto como ‘renunciar’, es decir, someterse a las presiones de los golpistas -los independentistas-. Es la conclusión lógica a la que llegan fruto de la dialéctica victoria-derrota sobre la que han construido su argumentación.

Rajoy, por otra parte, se ha perdido en una digresión sobre Europa que, según él, “es dónde se están produciendo los cambios más importantes que afectan a nuestra Constitución”. Ha mencionado la moneda única, el BCE y la decisión de continuar el proceso de integración -defensa común y profundización de la integración económica y monetaria, con un presupuesto común y un ministro de Finanzas europeo-. Se le ha olvidado hacer alguna referencia a la regla de gasto, el artículo 135 que se modificó gracias a un pacto entre el PP y el PSOE, y que impide gastar a ningún municipio, por mucho ahorro que haya conseguido y por muchas necesidades sociales que tenga que atender, más allá del límite establecido por el Gobierno. Es lo que está en el origen del conflicto entre Madrid y el ministro Cristóbal Montoro, por ejemplo.

Preguntado también por la posibilidad de que se apruebe ya un modelo de financiación autonómica, ha asegurado que su disposición “es total” aunque resulta imprescindible para ello “el concurso del PSOE”. “Si dicen que es urgente, que se apliquen el cuento”, ha recalcado, porque el PP con 137 diputados no puede hacerlo en solitario.

En cualquier caso, ha quedado clara la inclinación de Mariano Rajoy a mantener las cosas como están. El presidente ha llegado a decir que lo que acordó con Sánchez fue solamente “hablar”, sin comprometerse a nada más, y ha avisado de que “sólo por mayoría no se puede reformar” (la Constitución) y de que, en ningún caso, los cambios deberían afectar a la soberanía nacional. Este miércoles ha colgado un tuit en el que da a entender que no ve necesario acometer ninguna actualización del texto constitucional.

Desde el PSOE, mientras tanto, hacen oídos sordos a las supuestas reticencias y se muestran convencidos de que el presidente cumplirá el compromiso adquirido. Pedro Sánchez ha apostado a que en 2018 será cuando se empiece a “trabajar en la actualización de la Constitución” española, de la que ha dicho que los socialistas hacen una lectura “positiva, pero también autocrítica”. Tras recordar que la comisión sobre el modelo territorial tiene el “horizonte claro de trabajo de seis meses”, ha recordado que “existe el “compromiso” del presidente del Gobierno “de que se abra una subcomisión en la Comisión Constitucional” para abordar su reforma.

Más pesimista se ha mostrado su compañera de partido y presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que no considera posible una modificación de la Carta Magna esta legislatura, porque no ve “voluntad de hacerlo ni al PP ni a Podemos”. “Rajoy está en estado puro y no es precisamente un reformista convencido, dispuesto a poner toda la carne en el asador para dar a este país un modelo que garantice la convivencia otros cuarenta años”, ha lamentado.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha salido una vez más por la tangente para proponer un “diálogo de país” sobre la reforma constitucional, una fórmula con la que apela una vez más a los ciudadanos para saltarse y ningunear al Parlamento. Según él, hay un debate en España que “incumbe a toda la sociedad” y no se puede resolver con comisiones parlamentarias, en alusión a la que estudiará en el Congreso el modelo territorial y a la que no se ha incorporado Podemos.

A quien decididamente no le entusiasma la reforma constitucional es al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha aprovechado para hacer campaña defendiendo la aplicación del artículo 155 a Cataluña y haciendo cábalas sobre posibles combinaciones postelectorales. Ha asegurado que no vería mal un tándem Inés Arrimadas-Miquel Iceta para gobernar Cataluña, si es que dan los números el 21 de diciembre, pero siempre que sea en ese orden: Arrimadas presidenta e Iceta vicepresidente. La clave de las elecciones, ha dicho, es que la suma del PSC y de los comunes sea menor a la que consiga Ciudadanos y así el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, no tendrá otra alternativa que formar gobierno con el partido naranja. Por tanto, durante estos días de campaña que quedan, el objetivo, ha afirmado Rivera, es que esa “llave” que tiene En Comú Podem, según la mayoría de las encuestas, vaya siendo cada vez más “pequeñita”.

La cuestión es que el modelo territorial y la financiación autonómica son los contenidos de la Carta Magna que necesitan una revisión más urgente según la mayoría de los constitucionalistas. Lo reconocen hasta presidentes autonómicos del PP como la madrileña Cristina Cifuentes, que lo ha reiterado en declaraciones a La Sexta antes de entrar en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Menos acuciante lo ve la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha respondido “no lo sé, espero”, cuando le han preguntado si se baraja un nuevo modelo de financiación autonómica. Ha añadido que “si hay voluntad y consenso, sería bueno” y ha señalado que el modelo no es ni más ni menos que la financiación de los servicios públicos que, junto con las pensiones, suponen ese marco de bienestar que se paga “entre todos los españoles”.

De las declaraciones hechas en corrillos con periodistas tras el acto institucional del Congreso ha sido especialmente significativa la de Santamaría, quien ha asegurado que el procés está “kaput”, “agotado” y su esquema ya no tiene recorrido ninguno.

A su juicio, el mundo independentista “no rasca bola” en la esfera internacional y por ese motivo ha dado a entender que no le preocupa la concentración de este jueves en Bruselas. Se refería así a la gran manifestación a favor de la independencia de Cataluña convocada por Òmnium Cultural y la ANC en la capital belga para este 7 de diciembre. Bajo el lema ‘Europe wake up’ (Europa, despierta), la marcha arrancará a las 11,30 y está previsto que Puigdemont y Marta Rovira pronuncien sendos discursos al término del recorrido, que cruzará el barrio en el que tienen sus sedes las instituciones de la UE.

La vicepresidenta ha hablado también de la anulación de las órdenes de detención europea contra Puigdemont y cuatro exconsellers, señalando que es una manera de garantizar la igualdad de los imputados.

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