El juez retira las órdenes internacionales contra Puigdemont para poder juzgarle por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha retirado las órdenes europeas e internacionales de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas, tomando así una decisión que reorienta la investigación judicial sobre los principales responsables del órdago independentista catalán en una doble dirección: por una parte, vuelve a corregir la actuación de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En segundo lugar, asesta un golpe definitivo a la estrategia de defensa de Puigdemont.

Si el expresident pensaba que por huir a Bruselas y ponerse en manos de la justicia belga iba a librarse de los delitos más graves por los que está imputado, a partir de ahora deberá replanteárselo.Tampoco le queda la opción de refugiarse en otro país de la UE para tratar de aprovechar la circunstancia de que rebelión y sedición no son delitos armonizados en la UE.

El juez recuerda en su auto que según la Decisión Marco que regula la Orden Europea de Detención y Entrega “se podrá denegar (dicha) orden si los hechos que motivan la misma no son constitutivo de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución”. La juez Lamela dictó la OEDE el 3 de noviembre contra Puigdemont y los exconsellers por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que fueron objeto de la querella de la Fiscalía, y además añadió los cargos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

Ahora bien, ni la rebelión ni la sedición forman parte del listado de delitos que los Estados firmantes del acuerdo sobre la OEDE pactaron para proceder a una entrega inmediata. Además, en el caso concreto de Bélgica, los delitos de rebelión y sedición no están tipificados en los mismos términos que en España, lo que dificulta la comparación entre los distintos códigos penales. La clave reside en el alzamiento violento, un requisito sobre el que los penalistas no se ponen de acuerdo a la hora de determinar si es aplicable o no a Puigdemont y sus exconsejeros. La cuestión es, además, que el criterio de doble incriminación, o existencia de los delitos tanto en el país que reclama como en el que entrega, es necesario para que la orden de detención surta efecto.

Lo anterior, recuerda el juez, podría ser motivo para denegar la extradición, total o parcialmente, como también lo sería que “tratándose de infracciones contempladas en dicho precepto (artículo 2, apartado 2 de la Decisión Marco o artículo 20.1 de la ley española que traslada la normativa), no sean punibles con una pena o medida de seguridad privativas de libertad por un periodo máximo inferior a tres años en la legislación del Estado miembro de la emisión”. Eso desvirtuaría la finalidad con la que fue cursada la euroorden contra los políticos catalanes huidos a Bruselas: servir como “instrumento destinado al adecuado desenvolvimiento del proceso y a una mejor satisfacción de la finalidad inherente al proceso penal, evitando la impunidad de aquellas personas que hayan decidido sustraerse a la acción de la justicia, refugiándose en otro Estado miembro de la Unión Europea”.

Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa en el Supremo, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

Es decir, el juez Llarena cree que en el presente caso se “puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados”.

En definitiva, si la justicia belga reconociera solo que Puigdemont y sus exconsellers son culpables de un delito de malversación, cuya pena es mucho más leve que la que castiga la rebelión o la sedición, se produciría un trato desigual respecto a los imputados que están en España introduciendo, como dice el auto, “una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor (el Tribunal Supremo), quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”.

Puigdemont no aclara si regresará para votar el 21-D

El juez recuerda, por otra parte, que “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”. En cualquier caso, la orden de detención nacional se mantiene, lo que significa que en cuanto Puigdemont y los otros ex consellers pisen territorio español serán detenidos. Esto deja solo dos opciones al expresidente catalán: acudir a las elecciones del 21 de diciembre y ser inmediatamente detenido y enviado a prisión o no regresar a España para poder seguir en libertad.

El abogado belga que ha asumido su defensa, Paul Bekaert, ha declarado al diario “L’Echo” nada más conocer la retirada de la euroorden que “Puigdemont no abandonará Bélgica”, al menos de momento. “No tenemos ninguna decisión oficial, no hemos visto ninguna notificación. Mientras no tengamos esos documentos, no vamos a reaccionar”, ha señalado el letrado a la agencia Efe. Otro abogado del expresidente, el español Jaume Alonso-Cuevillas, sí ha abierto la puerta a un posible regreso en declaraciones a Rac1. Según ha dicho, Puigdemont podría volver para votar en las elecciones catalanas del 21-D por su “compromiso político firme”.

En su auto, el juez Llarena considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella, “pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta”.

Los nacionalistas ven ‘miedo al ridículo’ del juez Llarena

La decisión del juez, en cualquier caso, ha sido interpretada muy negativamente por el mundo nacionalista que, como era de esperar, lamenta la pérdida de un trato más favorable a los intereses de Puigdemont por parte de la justicia belga. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha querido constatar que “la Justicia belga es una Justicia garantista” y “preocupada por los derechos fundamentales de las personas”, mientras que en España los jueces han abusado de la prisión provisional, en alusión a la situación de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis.

También ha criticado a la Justicia española la diputada Esther Capella de ERC, quien cree que el juez ha retirado la eurorden por “miedo” al “ridículo internacional”, por lo que ante la posibilidad de “sentirse enmendado por un tribunal belga” ha decidido “dar un paso atrás”. “Es evidente que la Justicia belga es realmente independiente y la Justicia española tiene muchos defectos y carencias”, ha señalado Capella, quien ha criticado que en la campaña electoral para el 21 de diciembre ERC vaya “con las manos y los pies atados”.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, tiene la “sensación” de que el juez retira la eurorden “porque Bélgica iba a enmendar la plana a los jueces españoles” y “no porque haya habido novedades de que vayan a volver o no el presidente de la Generalitat y los consellers”. “Simplemente porque yo creo ha valorado que había un riesgo evidente de que los delitos de sedición y rebelión no los vieran de la manera que lo están calificando los jueces españoles en Bélgica, pues ante eso, ha dado un pasito atrás”, ha explicado.

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