La Audiencia condena a Granados a dos años de prisión por el chivatazo de la Púnica

El guardia civil que le avisó de la operación, José Manuel Talamino, ha sido condenado a la misma pena

La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados por el soplo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica, la misma pena que ha recaído en ese agente, José Manuel Talamino, mientras que para el tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia, la pena ha sido de un año y medio.

La sección primera de lo Penal les considera responsables de un delito de revelación de secretos. En el caso de Granados y de Caro Vinagre es de aprovechamiento de esa revelación, y en el de Talamino, de violación del secreto. La Fiscalía pedía tres años para Granados y Talamino, y a Caro Vinagre la misma pena que le ha sido impuesta.

Se trata del tipo agravado del delito de revelación de secretos porque el soplo partió de un funcionario público, Talamino, que, por formar parte del operativo de la UCO, tuvo acceso a esa información y la difundió causando “un intenso daño a la causa pública”.

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, que cree que el “conseguidor” de la Púnica David Marjaliza y su secretaria -que aseguraron que Granados les pidió que destruyeran documentación y la quemaran un día de niebla- incurrieron en “numerosas contradicciones”, por lo que ve falta de “verosimilitud” en sus declaraciones incriminatorias hacia Granados.

Para el tribunal, “las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid”, son “circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta”.

Los magistrados consideran probado que Talamino -que vivía en Valdemoro (Madrid) y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad- alertó el 5 septiembre de 2014, poco antes de que estallara la Púnica, de la instalación de cámaras frente al despacho de Marjaliza en el edificio Éboli de Pinto, sabiendo que el exconsejero y el presunto conseguidor de la trama eran amigos.

Quedó con ellos aprovechando las fiestas de Valdemoro y se encontró con Granados en un local, donde le contó que la UCO vigilaba a Marjaliza y, al día siguiente, Caro Vinagre, a petición del exconsejero, buscó a Talamino “para obtener más información” .

Dio el chivatazo “consciente de la importancia de la información para los intereses de Granados, Marjaliza y de su amigo personal José Luis Caro Vinagre”, al que Granados había contratado como asesor, y “decidió avisarles (…) sabiendo que violaba el deber de confidencialidad”.

A raíz de la filtración, los investigados cambiaron sus conductas, “dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas”, afirma la sentencia.

Al saberse investigado, Granados pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios -facturas de la compra de regalos, organigrama de sus sociedades y testaferros y contratos en cuya adjudicación había mediado- y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez.

En su voto discrepante, Poveda no cuestiona las penas impuestas sino “los razonamientos que dan lugar a la valoración de la prueba” y pone en duda lo declarado por Marjaliza y su secretaria.

Recuerda que ambos aseguraron que, a raíz del soplo y por petición de Granados, se quemaron “tres carros del Carrefour” con apuntes contables de entregas de dinero a alcaldes y concejales y documentos de licitaciones de la Comunidad de Madrid.

Pero, para Poveda, “no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación ni su contenido exacto” y la única prueba que lo demuestra son sus propias manifestaciones, teniendo en cuenta, señala el juez, que tanto Marjaliza como Ramírez están acusados en la pieza principal de la Púnica.

Además, cree que no solo Granados se aprovechó del soplo de Talamino, sino que también “ha quedado acreditado” que Marjaliza adoptó junto con el exconsejero madrileño “medidas que entorpecieron y perjudicaron de forma sustancial la instrucción de la causa”.

Granados recurrirá la condena

Granados ha afirmado que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión. Asimismo, ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según han informado fuentes presentes en la causa, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal tiene “la puerta abierta abierta” al recurso de casación por dos circunstancias: la primera que los hechos expuestos en esta resolución no cumple con los “requisitos de tipicidad” y la segunda porque las intervenciones telefónicas son “nulas”.

El abogado de Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los ‘pinchazos’ telefónicos durante la instrucción de la causa son “intervenciones en prospección” y que infringen las reglas del control jurisdiccional”. Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.

Las fuentes consultadas han explicado que el auto que justifica las escuchas no es “válido” para responsabilizar a alguien del delito de revelación de secretos: “Tiene que haber un auto específico que autorice la intervención telefónica; no vale el auto de causa general para justificar una pieza separada”, han apuntado y recordado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respeto.

“Las intervenciones son nulas y la Sala ha hecho muchos folios, un alarde en mayor defensa del criterio del fiscal”, han dicho. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que las escuchas “son cuestiones de derechos fundamentales” y que la defensa ha mostrado su disposición a llegar hasta Estrasburgo si no le dan la razón antes sobre la vulneración de los mismos.

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