Por imperativo legal

Estamos en uno de esos momentos en los que parece que no existe una clara separación de poderes en el país, pues lo legal se supedita a lo conveniente y lo conveniente a lo que es opinable y a los intereses de no sabemos quién. Resulta así que la ley aparece como esclava y gregaria de la paz social.

Ese recelo puede estar latiendo en el ánimo de la gente, que ya aventuraba Ortega: “España es un lugar donde la gente está orgullosa de su pueblo pero detesta su país”.

Hechos que han ocurrido a la vista de todos y que parece que encajan en los conceptos de desobediencia, malversación de fondos, sedición…han llevado a prisión a políticos y activistas sociales, autores indubitados de hechos que podrían constituir alguno de esos graves delitos, que se compadecen con penas elevadas. De ahí, la diaria crónica palinódica, repleta de retractaciones y rectificaciones.

La secuencia es conocida: querella del fallecido Fiscal General del Estado, auto de prisión incondicional de la magistrada de la Audiencia Nacional, acumulación de todos los sumarios en el Tribunal Supremo y petición de libertad para los encarcelados.

Y ahí estamos. Con un nuevo episodio de colisión entre la reclamada paz social y el respeto a la ley. Los imputados conservan todos sus derechos, porque aun no han sido juzgados y, por tanto, la presunción de inocencia exige considerarlos inocentes hasta que sean, si así fuere, condenados.

No debe olvidarse la diferencia esencial entre la prisión provisional y la prisión impuesta por una sentencia condenatoria. La prisión provisional es una medida excepcional, que sólo debe ser aplicada en el caso de que exista riesgo de fuga, de reiteración del delito o de destrucción de pruebas, a juicio del tribunal o juzgado competente. El arrepentimiento del inculpado puede ser valorado por el juez para poner fin a la prisión provisional o para que el ya condenado a una pena de cárcel pueda acceder a grados penitenciarios más benignos o solicitar el indulto.

Por una parte, las defensas de los inculpados que están en prisión tratan de seguir el mismo camino procesal que ha evitado la prisión provisional a la presidenta del parlamento catalán y a los componentes de la Mesa. Por otra, hay una lógica presión política para que las elecciones autonómicas se celebren con normalidad.

La ley, las garantías jurídicas de defensa y la presión política constituyen un triángulo de intereses contrapuestos, que sulfura a los espectadores españoles no populistas y a los catalanes unionistas, quienes no quieren enjuagues y aspiran a que se haga justicia, con independencia de lo que piense la opinión pública europea y de lo que tengan a bien escribir los medios anglosajones.

La exasperación y la rabia tienen que ver con lo que se percibe como un burdo ejercicio de cinismo, protagonizado por un puñado de recalcitrantes que son capaces de aceptar y jurar lo que les digan, para luego, previsiblemente, hacer lo que les venga en gana.

Quienes han urdido, a vista de todos, una compleja trama golpista con sofisticados programas informáticos y estructuras financieras y mediáticas “ad hoc”, destinadas a facilitar el golpe de Estado, acatan, en su petición de la libertad provisional, el artículo 155 por “imperativo legal”. Es decir, porque les obliga la ley, no porque se arrepientan de lo que han hecho. No existe arrepentimiento y, al no existir éste, no desaparece el riesgo de que intenten reincidir en la misma conducta, presuntamente delictiva, que ha llevado a un juez a dictaminar su prisión.

Todos vivimos bajo el imperio de la ley, ya que, en caso contrario, estaríamos acampados en un terreno propicio al aprovechamiento de un estado de derecho garantista, como es el nuestro, que ahora permite que se trate de liberar a quienes han incurrido, desde dentro de organismos del propio Estado, en hechos presumiblemente delictivos. E invocan el poder imperativo de la ley como causa de su acatamiento, con la pretensión de no tener que cejar en su intento de deslegitimar las instituciones y de dificultar la investigación de la trama que desde hace años vienen creando.

Sus comentarios pueden enmarcarse en una táctica de guerra puramente dialéctica, en la que las palabras sólo denotan lo que dicen, con olvido de todas sus connotaciones. Primero eran hombres de paz, no violentos, para terminar impulsando a algunos a subirse encima de vehículos de la Guardia Civil. Ahora, la maniobra es intentar tapar con palabras realidades y hechos que son obvios.

Todavía no están en libertad y, sin embargo, a dos semanas de las elecciones y en previsión de que los resultados del 21-D les sean adversos, ya están maniobrando con la insidia de un posible fraude electoral, que imputan, naturalmente, a instancias gubernamentales. Esta es la fiabilidad de sus promesas, que no son otra cosa que fábulas interesadas, integradas en una estrategia claramente definida desde el principio.

Pretendían validar un referéndum sin censo, sin junta electoral, sin colegios electorales, con urnas opacas, que llegaban a las mesas de votación llenas de papeletas, con gente que votó varias veces, contraviniendo el estatuto de autonomía, la constitución y los mandatos del tribunal constitucional; y ahora, que hay luz y taquígrafos, todo se hace como manda la ley, bajo el imperativo de la ley.

La realidad es que están preocupados ante unas elecciones en las que es previsible que se vote en masa, con controles independientes y unas encuestas que parecen igualadas. Y la insinuación de pucherazo no es sino una cortina de humo para intentar que sus adeptos no se ocupen de las nefastas consecuencias económicas de una eventual continuidad del proceso de independencia. Hipocresía en su grado máximo.

Si los encarcelados son puestos en libertad sin que se haya producido un acatamiento incondicional del articulo 155 y sin dar muestras de un arrepentimiento nítido, la Justicia, ese imperio de la ley que se encarna en la declaración del juez que ha dictado la prisión provisional, sufrirá, y sufrirá también el sistema democrático y el principio de la separación de poderes.

La forma de jurar “Sí prometo…por imperativo legal”, fue ideada por un partido independentista vasco en los ochenta y fue amparada por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, se ha extendido y forma parte del ardid de moda, del que se sirven diputados, senadores, alcaldes y concejales cuando, al tomar posesión de su cargo, juran o prometen acatar la constitución con distintas amenidades: “por imperativo legal”, “sin renunciar a sus convicciones”, «Omnia sunt communia» («todo en común, todo de todos»), «con lealtad a los ciudadanos y ciudadanas». O lo hacen compatible con la “defensa de una Constitución independiente para Cataluña”.

Ya en diciembre de 2003, los consejeros del Gobierno Maragall omitieron en los juramentos de sus cargos “lealtad al Rey y a la Constitución”. No pasó nada, como si la excesiva tolerancia y el mirar para otro lado sirviese para arreglar los problemas. En el caso del partido nacionalista irlandés (brazo político del grupo terrorista IRA), que logró representación en el Westminster británico, nunca pudieron sus parlamentarios asistir a las sesiones de la Cámara de los Comunes porque se negaron a prestar juramento de lealtad a la Reina, requisito imprescindible para ocupar el escaño.

Y es que el juramento o la promesa no es una simple formalidad equiparable a la de “ponerse corbata en una boda, saludar en el ascensor o usar los cubiertos adecuados”.

En este caso, equivale a decir “digo esto porque decirlo es necesario para salir de la prisión, pero ello no quiere decir que yo realmente respete y vaya a cumplir la Constitución”. Así que se impone la repregunta: si realmente no acepta la Constitución en todos sus términos y extensión y sin reserva alguna. Si alguno de ellos no lo hace así, se le debería negar la excarcelación, si es que siguen concurriendo las circunstancias que determinaron la prisión provisional.

Acatar no significa compartir o estar de acuerdo, sino simplemente cumplir. Y cumplir, para quien no esté de acuerdo con la Constitución, no impide reformarla de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales vigentes. Pero la sujeción de los poderes democráticos al Estado de Derecho no se condiciona ni se matiza.

El acatamiento del ordenamiento jurídico desde la discrepancia es legítimo, incluso por quien ha hecho de Cataluña un despotado. La discrepancia misma es una parte esencial de la democracia, sin la primera no puede concebirse la segunda.

El acatamiento por imperativo legal forma parte del día a día de mucha gente que no está de acuerdo con la ordenanza fiscal de turno, o con la denegación de la licencia de terraza de tal ayuntamiento o con la concesión de una subvención a la fundación del vecino en perjuicio de la propia. Y aplica en el mismo grado y extensión a los gobernantes de cualquier signo -obviamente no con la misma responsabilidad que el ciudadano común-. Pero es precisamente por el mismo derecho a discrepar de los demás por lo que la ley no puede ser interpretada, modificada o directamente subvertida al gusto de un grupo, sino mediante los procedimientos que la Constitución y la misma ley a su amparo han previsto.

Sin embargo, el acatamiento ‘por imperativo legal’ no puede constituir una treta, un mal truco de mago de provincias, para eludir la responsabilidad penal (o en este caso la aplicación de unas medidas cautelares) de quien ha perpetrado un ataque sin precedentes contra la democracia. En este caso, la discrepancia excede la propia democracia y la dichosa fórmula insulta la inteligencia del juez instructor.

En última instancia, recordando la definición según la cual el Derecho es “el sistema de normas imperativas, dotadas de vigencia inexorable….”, debe ser inexorable que los imputados sufran las consecuencias previstas para unos hechos, en las normas vigentes al ocurrir esos hechos, sin subordinar este cumplimiento a las conveniencias políticas o a las presiones mediáticas. Hágase lo que diga el juez en aplicación de la ley.

Los encausados dicen que acatan el artículo 155 ‘por imperativo legal’, lo que viene a ser una fórmula de Perogrullo. ¿Cuando uno va a casarse le puede decir al cura o al juez ‘sí, quiero, pero solo en el caso de que mi señora me permita ir al fútbol todos los domingos…’?

Luis Sánchez Merlo es presidente de SES Astra España

 

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