Los Mossos iban a destruir pruebas del 1-O que los incriminaban

Entre la documentación que la Policía intervino el 26 de octubre hay documentos que relacionan a mandos con la consulta ilegal

El pasado 26 de octubre, la Audiencia Nacional autorizó a la Policía Nacional a intervenir y analizar la documentación que los Mossos d’Esquadra llevaban a incinerar en una furgoneta a una planta de tratamiento de residuos de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Fue una de las imágenes más explicativas de la crisis catalana con dos cuerpos de seguridad ‘enfrentados’ y viviendo momentos de mucha tensión.

Ese día, los Mossos acudieron a la incineradora con el objetivo de quemar unos documentos con información sensible, en un trámite que la policía catalana calificaba de habitual y ordinario, pero se encontraron en su camino con una veintena de agentes de la Policía Nacional que bloquearon la puerta de acceso a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de Sant Adrià.

Ahora, según publica ‘El Mundo’ este lunes, entre el material incautado figuran escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O que tenían como objetivo proteger la consulta ilegal.

Los Mossos siempre defendieron sin embargo que la documentación que pretendían quemar no estaba vinculada al 1-O y que era una práctica habitual que se acudiese a la incineradora a quemar este tipo de archivos, ya que la actividad policial generaba documentos de contenido sensible que, cuando ya no eran necesarios, se debían destruir para atender a la protección de datos.

La Policía Nacional ya sospechaba que podría llevar en la furgoneta documentación relativa al 1-O y los documentos les han dado la razón. Al parecer, entre el material “muy sensible y clave”, según las fuentes de la documentación intervenida, se pueden apuntar comportamientos delictivos con nombres y apellidos tanto de mandos como de agentes de los Mossos.

En el material queda claro que se hicieron “seguimientos sin autorización judicial” e intervenciones telefónicas para blindar el 1-O en lo que serían actuaciones que podrían haber sido ilegales.

Los documentos se encuentran bajo secreto de sumario y todavía quedan algunos días para finalizar el trabajo. La información se enviará a la jueza Carmen Lamela para que estudie todo lo que tenga que ver con los delitos de sedición que está investigando.