Miguel Ángel Flores culpa al Ayuntamiento de la tragedia del Madrid Arena

Su letrado ha negado que existiera un sobreaforo y ha responsabilizado al Ayuntamiento por la falta de seguridad en un edificio "inevacuable"

La defensa del principal responsable de la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, ha negado este martes en el Tribunal Supremo que existiera un sobreaforo y ha responsabilizado al Ayuntamiento por la falta de seguridad así como por las “deficiencias estructurales” de un “edificio claramente ilegal”, cuya pista central era “inevacuable” en caso de incendio.

Son los principales argumentos que el letrado Jose Luis Fuertes ha expuesto en la vista pública, celebrada en el Salón de Plenos del alto tribunal, para revisar los recursos de los condenados y de algunas familias contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Flores a cuatro años de prisión por ser el máximo responsable de la muerte de cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.

En su intervención, el letrado ha negado toda responsabilidad de su cliente en la tragedia al afirmar que “no existe ni una sola prueba de cargo” que permita condenar a Flores por lo ocurrido.

Su letrado ha defendido ante el Tribunal Supremo que no pudo haber sobreaforo en la sala ya que “no se ha podido demostrar la sobreventa de entradas”. “No hay pruebas de que se haya vendido el número que asegura la sentencia de la Audiencia Provincial (unas 16.600), pues no se puede establecer un nexo casual entre la venta de entradas y el sobreaforo”, ha explicado el letrado, para acto seguido añadir que, por ejemplo, una prueba audiovisual de la Policía Científica demostró que llegó a haber como mucho unas 12.000 personas en la sala.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial consideró el 27 de septiembre del año pasado en una sentencia a Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal, autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones.

Además, la Audiencia inhabilitaba a Miguel Ángel Flores, al que considera que actuó intentado conseguir en todo momento el “máximo beneficio económico”, para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de condena.