El Supremo da el primer paso para asumir la investigación sobre el ‘Govern’ y ‘los Jordis’

El juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido un informe a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de resolver sobre la competencia y acumulación de la causa que se sigue contra exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de Anc y Omnium en la Audiencia Nacional. En una providencia, el magistrado da cinco días de plazo a Lamela para que le informe del procedimiento y para que emplace a las partes personadas a que, en ese tiempo, se pronuncien sobre esa acumulación de causa.

Con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, Llarena solicita a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que en el plazo de cinco días le informe sobre “los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos”, así como para que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente a esta Sala sobre la eventual acumulación de los procesos.

Es decir, Lamela preguntará al fiscal y a los abogados de los imputados sobre cuál es su posición sobre la posibilidad de acumular ambos procedimientos en el Supremo y les conminará a que hagan llegar sus escritos al alto tribunal. De hecho la defensa de Forcadell y de la miembro de la Mesa Ana Simó, ejercida por el mismo abogado que defiende a Junqueras, Andreu Van Der Eynde, ya ha pedido al Supremo que acumule ambas causas. Y este martes el vicepresidente del Govern cesado y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa también se han mostrado favorables a que el TS asuma su causa.

El juez Llarena investiga en el Supremo el ‘procés’ hacia la declaración unilateral de independencia de Cataluña en lo que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa del legislativo autonómico. La semana pasada, interrogó a esos imputados y los dejó en libertad bajo fianza después de que acataran la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que se intervino la autonomía y se comprometieran a desarrollar su actividad política dentro de los cauces constitucionales.

La juez de la Audiencia Nacional, por su lado, sigue la misma causa contra ex miembros del Govern, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, y contra responsables de las organizaciones independentistas ANC y Omnium, para quienes ordenó prisión preventiva sin fianza. Claro que en este caso los investigados solo respondieron a sus abogados, mientras que los citados en el Supremo se sometieron a preguntas de todas las partes, escenificando así su deseo de colaborar con la justicia.

La pasada semana, Llarena dictó otra providencia en la que reclamaba al TSJ de Cataluña la investigación sobre Forcadell y los demás miembros de la Mesa, otro paso hacia lo que podría suponer la acumulación de todos los procedimientos sobre la independencia de Cataluña en uno solo.

Si Llarena acumula en sus manos las dos causas, lo primero que tendrá que resolver es si mantiene o no al Govern y a los líderes de las entidades civiles en prisión, ya que podría dejarlos en libertad bajo fianza, como ha hecho con Forcadell y otros, siempre y cuando se produjera un compromiso por su parte similar al de los miembros de la Mesa. Después de todo, el victimismo desplegado por los independentistas con su campaña a favor de los ‘presos políticos’ dentro y fuera de España es un elemento que distorsiona la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre, dando bazas a los partidarios de la secesión frente a los defensores del orden constitucional.

¿Rebelión, conspiración para la rebelión o sedición?

Pero además de la posible excarcelación de exconsejeros y de los líderes independentistas de ANC y Òmnium, la asunción por el juez Llarena de la causa de la Audiencia Nacional podría tener otro efecto a más largo plazo, una vez haya concluido la instrucción. Y es que cuando la sala de admisiones del Supremo aceptó la denuncia de la Fiscalía, sorprendió al descafeinar la calificación de rebelión que figuraba en la querella del ministerio público.

En ese auto, del 31 de octubre, se daba a entender que en la incipiente fase en la que se encuentra el proceso es precipitado confirmar o desmentir si los actos que se investigan son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el art. 472 del Código Penal (rebelión) o, por el contrario, han de ser subsumidos en los arts. 477 y 17.1 del CP, que castigan la conspiración para la rebelión, “delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”. El mismo auto aludía “con carácter subsidiario y para el caso en que no pudiera confirmarse la existencia del delito de rebelión, a un hipotético delito de sedición previsto en el art. 544 del CP”.

Unos días después, el 9 de noviembre, el auto por el que el instructor acordó prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, daba una de cal y otra de arena. En principio, el escrito del juez Llarena afirmaba que “se constata la concurrencia inicial de todos elementos que precisa la calificación de rebelión que el Ministerio Fiscal sustenta en su querella”. Y recordaba que el artículo 472 del Código Penal, contempla como autores del delito de rebelión, a los que “se alzaren violenta y públicamente” para lograr la consecución de alguno de los fines expresamente previstos en dicho precepto, entre los que se encuentra, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (art. 472.5º) y “sustraer a cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno” (art. 472.7).

El magistrado reflexionaba que para evaluar si los hechos investigados pueden tener encaje en el delito de rebelión, es preciso establecer si para lograr que la Comunidad Autónoma (de Cataluña) se constituyera como una república independiente, se instrumentalizó (o se pretendía utilizar) el alzamiento violento y público, que el tipo penal describe.

Tras un pormenorizado relato de los pasos que se han venido dando para avanzar en el proceso independentista, el juez llegaba a la conclusión de que “dado que la viabilidad política de una nueva realidad nacional no podía lograrse con la actuación legislativa y gubernativa desplegada, se muestra factible, como sostiene la querella, que se contemplara que el resultado sólo sería alcanzable mediante la incorporación de un nuevo elemento, concretamente, una movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado”. Ahora bien, ¿se puede considerar que esa movilización ciudadana encaja en la definición de “alzamiento violento y público” que contempla el artículo 472 del Código Penal?

Eso es lo que, según el magistrado, habrá de determinar la investigación. El instructor remataba su argumentación dejando una puerta abierta al cambio de la calificación penal: “Lo expuesto anteriormente no excluye la posibilidad de que los hechos puedan integrar figuras delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión expuesto”. Explicaba que “todos los investigados han referido que nunca tuvieron la intención de desarrollar un proceso que englobara actos de violencia (el propio Sr. Corominas ha hecho referencia a un periodo de 7 años sin violencia alguna)”. Y continuaba: “La eventual consideración de que el comportamiento de los querellados no englobara una utilización instrumental de la violencia, no excluiría la posibilidad de subsumir los hechos en el delito de sedición contemplado en los artículos 544 y ss. del Código Penal”.

De 3 a 30 años: la gran diferencia de penas según el delito

La sedición se atribuye a aquellas personas que se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales” la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. El Código Penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a las autoridades que la cometan y de entre cuatro y ocho años a cualquier ciudadano que participe en la “provocación, la conspiración y la proposición para la sedición”.

Las penas son sensiblemente mayores en el caso de la rebelión, cuyos jefes pueden ser castigados con penas de entre 15 y 25 años de prisión y hasta de 30 años si mediara la utilización de la violencia.

En cambio, quienes participen en la conspiración para la rebelión se enfrentan a penas mucho más leves ya que este delito supone una condena de entre 3 años y 9 meses a los 8 años de cárcel.

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