El TSJC asume la investigación del 1-O y ordena precintar locales a los tres cuerpos policiales

La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que instruye la querella contra el Govern por el 1-O, Mercedes Armas, ha ordenado a Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional precintar las sedes electorales del 1-O y requisar el material vinculado al referéndum. Pero, además, ordena a la Fiscalía que cese en sus "diligencias, actuaciones e instrucciones" para impedir la votación.

El auto de la magistrada supone un salto cualitativo en las actuaciones que se están llevando a cabo para evitar la consulta ilegal. Por una parte, supone un toque de atención a la Fiscalía, dejará de pilotar la acción de la justicia como venía haciendo hasta ahora. La juez se acoge al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que “cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”. Hasta el momento, la Fiscalía Superior de Cataluña había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellas una en la que ordenaba a los Mossos d’Esquadra que precintaran los colegios electorales.

En segundo lugar, la orden de la magistrada para evitar el uso de locales público para la votación mediante su precinto no solo va dirigida a los Mossos, como había hecho la Fiscalía, sino que incluye a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

En el auto, por otra parte, se constata una “clara inobservancia” de los querellados de sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre el referéndum y también de resoluciones de la propia juez que ordenaban bloquear webs del Govern sobre el 1-O. Además, se apoya que los mandos policiales tengan la coordinación y supervisión del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad -el fiscal ya había ordenado la coordinación desde el Ministerio del Interior-.

En una de sus últimas instrucciones antes de que se conocera este auto, la Fiscalía ha ordenado a las policías locales que garanticen que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, no sea utilizado para el referéndum. En otra orden, el ministerio público dispone que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyen si es necesario a los Mossos d’Esquadra en las operaciones para evitar el 1-O, después de que la policía catalana haya expresado sus reticencias a la orden de Fiscalía de que precinten los locales del referéndum antes del próximo sábado.

En la reunión de coordinación policial que se ha celebrado hoy en la Fiscalía Superior de Cataluña, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se ha comprometido a cumplir la orden de la Fiscalía para impedir el referéndum, pero han precisado que lo hará con “proporcionalidad” para evitar desórdenes públicos. En una carta que ha presentado ante el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el mayor de los Mossos advierte de que aplicar de forma “estricta” la orden del ministerio de precintar los locales del 1-O podría acarrear consecuencias “no deseadas” porque obligaría a suspender la actividad en servicios “esenciales” como hospitales, ambulatorios y geriátricos.

Y, precisamente, el conseller de Salud, Antoni Comín, ha destituido a los representantes del Govern en los consorcios y entidades pública sanitarias de Cataluña y ha asumido su presidencia para “dar máxima seguridad jurídica” a los trabajadores de los 80 centros previstos por el Govern como puntos de votación. Asimismo, a cuatro días del 1 de octubre, la Fiscalía General ha ordenado a las fiscalías provinciales catalanas que recuerden a los centros educativos que son los responsables de la custodia de los menores, aunque sus padres les autoricen a ausentarse para acudir a manifestaciones.

 

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