La Fiscalía denuncia por sedición los disturbios en Barcelona y señala a los líderes de ANC y Omniun

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-0, en la que menciona expresamente a los presidentes de ANC y Ómniun. Ambos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, convocaron las protestas durante la macrooperación del pasado miércoles. Cierto es que el llamamiento a participar en las protestas partió de ellos, pero la denuncia no dice nada de los miembros del Govern que también estuvieron alentándolas.

De hecho, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, valoró la macrooperación del miércoles en RAC-1 como “un ataque al conjunto de las instituciones del país” y a “todos los ciudadanos de Cataluña”, lo que en sí mismo ya era una invitación a la rebelión en las calles. Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, publicó un mensaje en la red social Twitter llamando a la “calma y la serenidad ante este estado policial y de sitio”. Pero, al mismo tiempo, dijo que su compromiso con el referéndum seguía “intacto” e incluso opinó que la determinación de celebrar la consulta tenía “más razones a cada hora”.

Nada se dice tampoco de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha liderado y arengado a las masas para que mantuvieran la protesta ante el Tribunal Superior de Justicia. El jueves 21, un día después de la macrooperación policial, Forcadell se plantó ante los concentrados para proclamaar que los detenidos “no están solos, tienen un pueblo luchando por ellos porque son nuestros héroes. Demostraremos que no tenemos miedo y lo demostraremos votando en el referéndum“.

La sedición, se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

La denuncia de la Fiscalía es bastante difusa a la hora de identificar a los responsables, que se enfrentarían a una pena mucho más grave en el caso de ser cargos públicos. Lo dice el artículo 545: “Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

El escrito atribuye la conducta delictiva a las “personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones” pero también a la “existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas” que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o “movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación”.

En un momento dado, se cita a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por montar en la Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía y se dice también que sus voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. Además, en el relato de los hecho denunciados, se incluye el siguiente párrafo: “Sobre las 20.20 h Jordi Sánchez, presidente de la ANC, ante las 40.000 personas (según Guardia Urbana) que se concentraban ya en ese momento en Rambla, manifestó: “El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos”. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”.

Se refiere también el fiscal a las manifestaciones del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien a las 00.13 del jueves “pidió que la movilización no se detuviera. Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la “movilización permanente” desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente y vista la situación provocada pidieron a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Conselleria. La comitiva judicial y la Guardia Civil permanecían en el interior, al impedir los manifestantes la salida”.

En pleno desafío a las instituciones del Estado y concretamente a la Justicia, ambos, Sánchez y Cuixart, han comparecido para valorar el escrito de la Fiscalía y han reiterado su llamamiento a mantener la movilización. Además, se han arrogado la representación de “todo el pueblo catalán” que, según Cuixart, es el que está siendo reprimido a través de ellos. Han denunciado que el escrito de la Fiscalía está plagado de “falsedades”, pese a que hay pruebas documentales del acoso sufrido por las Fuerzas de Seguridad durante el miércoles y la madrugada del jueves y pese a que ellos no han ocultado en ningún momento su voluntad de seguir promoviendo las protestas. E, incluso, Cuixart ha mencionado el “escaso recorrido que esta denuncia tendría ante los tribunales europeos” dando a entender que, en el caso de prosperar la denuncia, estarían dispuestos a recurrir a esas instancias supranacionales.

Relato detallado de los hechos que motivan la denuncia

Según la reconstrucción de los hechos que realiza la Fiscalía, “a través de redes sociales se difundió una convocatoria para oponerse a la práctica de las diligencias” e individuos que no han podido ser identificados, “aprovechando la situación (…) pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Conselleria de Economia, a fin de impedir su legítima actuación”.

El escrito relata momentos de suma tensión en torno a la Consejería de Economía que dirige Oriol Junqueras y que fue el epicentro de los registros del miércoles: “A las 22.00 h finalizaron los registros en la Conselleria de Economía y, debido a la numerosa concurrencia, fue preciso montar un dispositivo por los Mossos para posibilitar la salida de los miembros de la Guardia Civil. A las 00.07 h dos agentes de la Guardia Civil intentaron salir por el Cinema Coliseum, pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron que se utilizara como tal vía de evacuación”.

En Via Laietana, donde está situada la Consejería de Asuntos Exteriores que también fue objeto de los registros ordenados por el juez, los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad, según detalla el fiscal, que incluye el ataque a la sede del PSC “llegando incluso a producirse agresiones a militantes socialistas”. Añade que a mediodía la concentración ante Economía concentraba a unas 3.800 personas y que la planificación de estas actuaciones llegó al punto de contar con ese dispositivo de voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados.

Se refiere el fiscal a que en el exterior de la consejería de Economía, tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda y añade que “la turba destrozó los tres vehículos oficiales”. Reproduce además otros incidentes registrados en la Consejería de Gobernación y en la sede de las CUP como consecuencia en este caso de la llegada de furgonetas de la Policía Nacional y donde se impidió el requiso de cartelería de propaganda del referéndum.

Fuera de Barcelona, el escrito cita las dificultades de los agentes en su actuación en la imprenta de Bigues i Riells donde se encontraron las papeletas del referéndum y donde cientos de manifestantes les impedían el paso. En Sabadell, mientras se llevaba a cabo por orden judicial el registro en el domicilio particular del jefe de gabinete de Governació, Joan Ignasi Sànchez, se concentraron en las proximidades del mismo una treintena de personas en protesta por la operación de la Guardia Civil.

El escrito de la Fiscalía dice que “no puede desconocerse que la finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos de los días 20 y 21 de septiembre de 2017 antes descritos, estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial”. Y añade: “La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”.

Por ello, todos estos hechos son, “en principio”, constitutivos de un delito de sedición, al que se refiere el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, como “forma colectiva y tumultuario de alzamiento, ‘rebelión en pequeño’ y que queda consumado “cuando el alzamiento haya producido el peligro objetivo para la consecución de esos fines sediciosos”, según fijó en sentencia el Tribunal Supremo en octubre de 1980. Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Imágenes de las que hay testimonio en las redes sociales.

Por su parte, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha avisado este viernes a los nuevos fiscales de que llegan en un momento “políticamente complejo” y les ha pedido que exijan el cumplimiento de la Constitución Española “a quienes con responsabilidades públicas hacen ostentación de su vulneración”.

Mientras, en el exterior del Palacio de Justicia seguía la concentración que se inició este jueves al mediodía para pedir la libertad de los organizadores del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, que fueron detenidos por la Guardia Civil el 20 de septiembre.

El número de manifestantes este mediodía era inferior al del jueves, dado que muchos manifestantes se han desplazado hasta la Ciudad de la Justicia, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde han declarado los organizadores del 1-O detenidos por la Guardia Civil, si bien la previsión es que en algún momento del día regresen todos a la avenida Lluís Companys de Barcelona.

Pese al menor número de gente, el ambiente ha seguido siendo festivo, con actuaciones musicales en directo y cánticos de “independencia”, “libertad” y “votaremos”, y con decenas de banderas independentistas ‘estelades’ ondeando entre el público.

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