Registros en Girona por un presunto fraude en la gestión del agua cuando Puigdemont era alcalde

La Guardia Civil ha realizado un total de 15 registros a primera hora de este martes en Girona en el marco de la operación 'Aquarium', en la que investigan los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua, en una investigación que afecta a la etapa en la que era alcalde de la localidad el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El dispositivo está coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga esta trama desde 2016 y que ha decretado el secreto de sumario. Las pesquisas se centran en el Ayuntamiento de Girona, donde los agentes han requerido documentación, como actas de pleno y auditorías, y en las empresas Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa), que abastece de agua a las tres localidades, Girona SA y Prodaisa.

Todo arranca de una denuncia presentada por la CUP en 2015 ante la Fiscalía de Girona por el presunto desvío de 15 millones de dinero público que habrían revertido en el recibo del agua de los vecinos. Los antisistema denunciaron concretamente al exconsejero delegado de Agissa, Narcís Piferrer, por supuesta administración desleal. El socio privado de Agissa, Girona SA, se habría enriquecido en detrimento de la parte pública. El procedimiento es el habitual en estos casos de fraude y apropiación indebida: Girona SA habría girado facturas falsas a la matriz, según consta en un informe que obra en poder de la Agencia Tributaria. En el informe se asegura que Girona SA facturaba cada año 400.000 euros por servicios de dirección que no se realizaron.

Por todo ello, también se han producido entradas en los domicilio de Piferrer, que fue consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016; su sucesor y director técnico de la empresa pública en el momento de los desvíos, Xavier Ballell; el secretario, Lluís Sibils y Joan de Llobet, consejero de Agissa y supuestamente uno de los grandes beneficiados por el presunto desfalco.

Existe, además, una cierta conexión con el ‘caso del 3%’, el del cobro de comisiones ilegales y financiación irregular de la antigua CDC, a través de la consultoría Efial, que fue la que se encargó de elaborar informes ‘ad hoc’ para justificar concesiones de consistorios convergentes a cambio de las comisiones. En 2012, el entonces alcalde de Girona Carles Puigdemont (el presidente de la Generalitat estuvo al frente del ayuntamiento entre 2011 y 2016) encargó una auditoria sobre la gestión del agua a Efial. Ese trabajo fue encontrado por la Guardia Civil en los registros del 3%, momento en el que la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación. Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013.

Precisamente, la actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha recordado que fue Puigdemont quien encargó las auditorías municipales sobre el agua y ha considerado que la operación de la Guardia Civil “tiene que ver con el proceso” independentista y con el 1-O. Madrenas también ha explicado que la información que busca la Guardia Civil es de 1992, en alusión implicita a la época en que gobernaba el Ayuntamiento el socialista Joaquim Nadal, aunque no ha acusado a ningún ejecutivo municipal.

 

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