Junqueras se niega a rendir cuentas a Hacienda y Montoro teme que gaste para el 1-O en diferido

El conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le comunica que deja de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat. El informe correspondiente a esta semana debería haber sido enviado este jueves y, puesto que eso no va a ocurrir, el Consejo de Ministros del viernes se dispone a adoptar medidas adicionales.

Aunque se desconocen los detalles, fuentes de Moncloa precisan que no se verán afectados ni los servicios públicos ni los proveedores de la Administración catalana, aunque sí los presupuestos de la Generalitat, a través de la financiación autonómica.

Cuando el Gobierno extremó en julio el control sobre los gastos de la Generalitat -el Ejecutivo catalán sí seguirá enviando el informe mensual que se le impuso a finales de 2015 para mantener el “compromiso con la estabilidad presupuestaria- lo hizo para evitar que se destinaran partidas presupuestarias al referéndum del 1 de octubre que considera contrario a la Constitución y la ley. Junqueras, en esu carta, esgrime que ese es un objetivo “político” que nada tiene que ver con la estabilidad presupuestaria a la que se ha comprometido Cataluña para seguir recibiendo fondos del FLA.

El hecho es que no se puede descartar que se esté gastando dinero público en la consulta cuando está en marcha una web para centralizar toda la información relativa al 1-O, al tiempo que se emite un spot de la Generalitat para promocionar el sí a la independencia. De ahí que, según ha informado La Sexta, Hacienda sospecha que se le está hurtando información mediante el ardid de pagos en diferido. Es decir, que los trabajos que ahora se encargan se facturen en 2018 para evitar el movimiento de dinero público.

Junqueras soslaya en su carta todos los pasos que ha dado la justicia para evitar el referéndum y argumenta, además, que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, por el cual se adoptaron “medidas adicionales para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes”, que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.

Incluso, Junqueras llega a justificar la decisión de interrumpir sus informes semanales en el hecho de que Cataluña ya no necesita las aportaciones del FLA que el Ejecutivo central condicionaba a este control. El vicepresidente asegura en su misiva que la Generalitat dispone de liquidez suficiente para hacer frente las obligaciones de pago de los proveedores para los próximos meses.

Después, el vicepresidente catalán hace una declaración política reiterando su apuesta “por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre España y Cataluña”. A pesar de que “hasta ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado sobre la celebración de un referéndum” y “a pesar de las reiteradas propuestas y peticiones formuladas por el Govern”, Junqueras asegura que la propuesta de diálogo “sigue en pie”.

El vicepresidente, en definitiva, se expresa en los mismos términos que Carles Puigdemont el pasado lunes cuando, en plena manifestación de la Diada, deslizó que aún se estaba a tiempo de negociar antes del 1 de octubre. La cuestión es que ambos han circunscrito esa negociación al referéndum lo que, ya de entrada, impide que el Gobierno central, que lo rechaza de plano, entable algún tipo de diálogo.