Colau anuncia un acuerdo con el Govern para que los barceloneses puedan votar el 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves un acuerdo con la Generalitat que va a permitir supuestamente a los ciudadanos de la capital catalana votar en el referéndum sobre la independencia convocado por el ejecutivo catalán para el próximo 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Colau ha utilizado la red social Twitter para hacer el anuncio, en el que no da ningún detalle sobre el contenido de ese acuerdo aunque sí subraya que los barceloneses podrán votar “sin poner en riesgo ni la institución ni servidores públicos”. Poco después, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado el acuerdo haciendo un retuit del de Colau con el encabezamiento “¡buena noticia!“.

La ausencia de más precisiones sobre lo acordado, junto a un informe jurídico contrario al acuerdo de Colau y Puigdemont, ha enredado bastante este asunto, sobre todo cuando el segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, -el PSC ha rechazado que sus alcaldes participen en el referéndum- ha afirmado que “si ha habido acuerdo” para el 1 de octubre ha sido entre partidos “favorables a una movilización” y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará “ni locales ni medios” para la votación. Collboni ha defendido, en declaraciones a Efe, que lo comunicado por Colau “no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido”, y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

La declaración de Collboni se entiende si, como luego ha confirmado la propia alcaldesa, se parte de la premisa de que el acuerdo al que se ha llegado no compromete las instalaciones municipales sino que, siguiendo el ejemplo de los alcaldes socialistas de Granollers y Terrassa, se ha pactado una lista de locales propiedad de la Generalitat o de terceros (como diputaciones o consejos comarcales) como los que se utilizan en unas elecciones municipales, autonómicas o generales. Colau se ha declarado “muy contenta” por haber podido salvaguardar una doble premisa: garantizar la seguridad de los trabajadores municipales y facilitar que los ciudadanos puedan votar en el mayor número de puntos posible.

Muy importantes para llevar a cabo las votaciones serán, por otra parte, los centros educativos que desde el miércoles dependen directamente de la consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, tras haber cesado al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona.

El informe jurídico no avala que Barcelona ceda locales

Poco antes del anuncio de Colau, se ha conocido el dictamen del secretario del Ayuntamiento de Barcelona, según el cual Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.

En un informe de 15 páginas, el secretario general del consistorio detalla los motivos por los que no se deberían ceder esos espacios, y que se resumen en este párrafo: “La puesta en disposición de la Generalitat de Catalunya de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación (para el referéndum del 1 de octubre), supondría un incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 87.1 de la LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) a todos los poderes públicos”,  así como de un mandato “expreso, claro y taxativo” del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal”.

También recuerda que este mandato del TC es el de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, ningún acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña”.

“La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición de locales para la votación”, concluye el secretario municipal.

Respecto a las responsabilidades penales, el secretario general del Ayuntamiento cita en su informe el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre en el que imparte instrucciones para que las Fiscalías catalanas investiguen las actuaciones “dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”.

El asunto de la cesión de locales para la votación que quieren llevar a cabo los independentistas ha mantenido a Colau en el centro de la polémica debido a la falta de concreción de la alcaldesa, quien un día se manifestaba a favor de mantener a los funcionarios y empleados públicos lejos de cualquier actividad que suponga un riesgo para ellos y, al día siguiente, defendía la necesidad de preservar el derecho a decidir. Las dudas de Colau han enturbiado aún más el debate que estos días ha rodeado a los alcaldes catalanes, sometidos a fuertes presiones por ambas partes -Gobierno central y Govern- para que se mantengan dentro de la legalidad o para que colaboren con el referéndum que ha sido suspendido.

En este contexto, la alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre. También pedía que se emitiera un informe sobre los riesgos jurídicos para la institución y para el personal de la misma derivados de su eventual participación en el referéndum, según explica el informe del secretario, que no tiene carácter preceptivo.

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