La CUP desafía a la Fiscalía y responde que sus alcaldes no irán a declarar

La CUP ha anunciado este mediodía que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto en el que se comprometen a ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos d’Esquadra que los detengan.

La CUP indica en un comunicado que sus alcaldes “no asistirán a declarar” ni tampoco “comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado” y emplaza al resto de fuerzas políticas “a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación”.

Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa cómo “archiva la advertencia del Gobierno” pasándola por una trituradora de papeles. En el segundo tuit afirma: “Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme”.

La CUP dice a la fiscalía que su estatuto “no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación”, y que esto “sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales”. Sobre este punto, existe una cierta discrepancia con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Neus Lloveras, presidenta de la primera de estas asociaciones y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, ha dicho tras una reunión de alcaldes prorreferéndum celebrada esta tarde que unos “lo harán voluntariamente y otros no, pero todos iremos a declarar”. Se refería Lloveras a que no tienen nada que ocultar y a que los alcaldes que no quieran atender la orden de la Fiscalía tendrán que hacer, probablemente, por la fuerza cuando sean detenidos.

Ambas entidades municipalistas han expresado su total apoyo a los alcaldes que quieran seguir adelante con los preparativos del referéndum. “Esto es un hecho sin precedentes”, ha dicho Lloveras sobre la orden del fiscal general. “Esto no se ha visto nunca en ningún país europeo” ha añadido y se ha comprometido a responder con “positivismo y tranquilidad”. “Seguiremos haciendo lo mismo que hasta ahora: estar al lado de la gente para que pueda expresarse libermente”, ha asegurado la presidenta de la AMI que ha detallado que el acuerdo se ha tomado por unanimidad. En respuesta al fiscal general, se ha convocado un acto de protesta el sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

La CUP, por otra parte, ha denunciado lo que considera “actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales” por parte del Estado español “ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos”. “Responderemos conjuntamente -avanza la CUP-, como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del Estado español para hacer valer lo que entendemos que es un mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación”.