La Fiscalía ordena imputar y, en su caso, detener a los alcaldes que colaboren con el referéndum

La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre. En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.

La Fiscalía ha enviado su oficio a los fiscales jefes provinciales después de que la Associació Catalana de Municipis asegurara el martes que se habían adherido ya al 1-O un total de 712 localidades, del total de 947 municipios que hay en Cataluña. La ACM acompaña su afirmación de un listado de los ayuntamientos que se han comprometido con el referéndum y es a esa relación a la que se acoge la Fiscalía para pedir que se apliquen sus instrucciones que son dos:

Primero: “Se proceda a incoar diligencias de investigación, en relación con cada uno de los ayuntamientos radicados en la respectiva Fiscalía que aparecen en el listado adjunto, y se cite, por medio de la Policía Judicial, al alcalde para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado”.

Segundo: “Se proceda, en el caso de que el alcalde citado no comparezca, a acordar su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando a los Mossos d’Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.

Como ya hizo el martes en la orden que dio a los tres cuerpos de seguridad -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra- el fiscal recuera que “la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (…), prevaricación (…) y malversación de caudales públicos”, delito este último que según subraya está penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años.

En cualquier caso, pretender abrir diligencias contra setecientos alcaldes parece un plan demasiado ambicioso para una administración de justicia que no se caracteriza precisamente por estar sobrada de medios. Ni que decir tiene que detener a esos mismos alcaldes parece a simple vista un objetivo irrealizable. De ahí que se pida a los fiscales provinciales que comiencen sus actuaciones en los ayuntamientos con más población.

Seis partidos piden que Maza se explique en el Congreso

De hecho, algunas de las reacciones que se han producido tachan la actuación de la Fiscalía de “espectáculo mediático”. Es lo que ha dicho, por ejemplo, el diputado del PDeCat Ferran Bel, que es también alcalde de Tortosa (Tarragona), en una rueda de prensa para presentar la petición de que Maza comparezca en el Congreso que han suscrito seis partidos: la antigua Convergència, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu. Bel ha recordado que como él hay más alcaldes que son diputados y por tanto aforados y no puede ser llamados a declarar como imputados sin que se pida suplicatorio. Y ha denunciado que el fiscal general pretenda actuar contra el 75 por ciento de los alcaldes catalanes.

Según las cuentas de ‘La Vanguardia’, el 22% de la población catalana desconoce cuál es la posición de su consistorio. Ese porcentaje se eleva al 43% si sumamos, además, la población de Barcelona que representa el 21% del total censo electoral y que tampoco sabe todavía si la alcaldía pondrá urnas el 1-O. La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, se ha caracterizado por su falta de concreción al respecto ya que, por una parte, ha insistido en que no quiere poner en riesgo a los funcionarios y empleados municipales pero, por otro lado, ha proclamado que los catalanes deben poder ejercer su derecho a decidir. Este miércoles, sin ir más lejos, ha declarado en una entrevista que votará en el referéndum del 1 de octubre porque considera importante movilizarse ese día aunque, al preguntársele por el sentido de su voto, ha respondido que “ya veremos”.

Por cierto que el alcalde de Ponts (Lleida), Francisco García, que pertenece a la soberanista ERC, ha presentado su dimisión tras comunicar por correo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su intención de ceder locales para el 1-O, pero sin haber firmado el decreto. García apela a motivos personales y el presidente de su partido en Llida ha asegurado que ya había comunicado en agosto a los cargos del partido, y personalmente a él, su intención de no acabar el año en la alcaldía, argumentando su interés en una oferta laboral. Desde el PDeCAT, sin embargo, se han apresurado a reprocharle motivos políticos. Su sucesora, Maria Alba Basomba, ha expresado ya su intención de adherirse a la organización del referéndum.

Nada más conocerse la orden de la Fiscalía, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han expresado a través de Twitter su “máximo apoyo a los alcaldes y alcaldesas” que quieren colaborar con el referéndum.

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