Trapero acata la orden de la Fiscalía y ordena a los Mossos investigar los preparativos del referéndum

La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que, para evitar la "consumación del delito" que, a tenor de las resoluciones de suspensión del Tribunal Constitucional supone la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre, "requisen urnas" y todo el material que pueda estar relacionado con esa convocatoria ilegal. Trapero ya ha acatado la orden del Ministerio Público y ha encargado al cuerpo "la instrucción de las diligencias policiales que correspondan para da cumplimiento a la instrucción 2/2017", investigando los preparativos del referéndum.

Lo ordena en un comunicado interno que encarga esas diligencias que correspondan a la Comisaría General de Información -mediante sus Servicios Centrales o sus Unidades Territoriales-, que será la que tramite los atestados o informes policiales a la Fiscalía Superior de Cataluña o a las Fiscalías Territoriales competentes.

Lo deberán enviar así a Fiscalía, y además se podrán incorporar a las propias diligencias policiales las actuaciones que las Unidades del cuerpo hayan tenido que hacer “de manera previa cuando la urgencia de la situación requiera una actuación inmediata”.

Para cumplir el apartado 3 y disposición 5 de la instrucción de Fiscalía, la circular interna adjunta su contenido íntegro para que se difunda en todas las unidades policiales de Mossos, con el fin de que “todos los funcionarios pertenecientes a estas unidades sean conocedores”.

Tras una reunión este martes al mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, la Fiscalía emitió un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o “particulares en connivencia con aquellos” dirigidos a preparar y celebrar del “referéndum de autodeterminación ilegal”.

El escrito que les ha entregado el fiscal jefe, José María Romero de Tejada, figuran varias directrices, entre ellas la que dice que “los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal”.

Es importante cómo la Fiscalía repasa al abundante normativa que le otorga capacidad para dirigir esta investigación al margen de cualquier otra actuación judicial. Para empezar, se acoge a lo establecido en el artículo 126 de la Constitución española, que proclama la dependencia a efectos de investigación de delitos, de todos los cuerpos policiales respecto a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal. Y recuerda a los tres cuerpos policiales que “ante la existencia o conocimiento de cualquier hecho de la naturaleza descrita, o conexo con los anteriores, se procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes”. En este párrafo está implícita la orden de que investiguen y localicen donde está el material que la Generalitat tiene previsto utilizar para la celebración de la consulta.

Hasta ahora, los Mossos se habían mantenido al margen de otras operaciones emprendidas por la Guardia Civil o la Policía Nacional como, por ejemplo, la entrada el pasado fin de semana en una imprenta de Constantí (Tarragona) y en la sede de la revista ‘El Vallenc’ en Valls (Tarragona) por su posible vinculación con material relacionado con el 1-O.

La Fiscalía recuerda expresamente a los Mossos d’Esquadra que “están obligados a seguir las instrucciones” del ministerio público y que “la obediencia debida” a sus responsables políticos “no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos contrarios a la Constitución”. Y eso es así porque, como empieza proclamando el escrito, “la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

Turull: “Los responsables somos nosotros y con mucho honor”

El Govern ya ha reaccionado a la instrucción a través del conseller de la Presidencia, Jordi Turull, quien ha advertido a la Fiscalía de que la “prioridad absoluta” de los Mossos d’Esquadra y del Govern es “perseguir terroristas y evitar atentados”, y no dedicarse a retirar urnas. Turull ha expresado la “confianza total y absoluta” en Trapero y, tras recordar los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de este verano y las “alarmas que hay a nivel europeo”, ha añadido que “alguien debería hacer una reflexión en este sentido”.

Pero, por encima de todo, lo que ha hecho Turull es tratar de desvincular a los Mossos de las actuaciones del Govern. Los responsables “somos nosotros y con mucho honor”, ha dicho y ha añadido que “dar la voz a los ciudadanos no es un problema, es un honor”.

Ya a primera hora de la mañana Carles Puigdemont, que no deja de interpelar a los alcaldes para que se sumen a la organización del referéndum, ha pedido que se deje tranquilos a los Mossos, reproduciendo así las palabras que le dijo el lunes la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregrat. “Deja a los alcaldes tranquilos”, le pidió Núria Marin, que no es partidaria de ceder recursos para la votación. Es más, el ‘president’ ha dado a entender que los Mossos desobedecerán órdenes que no procedan de sus superiores. Y es que ha asegurado que si reciben una orden judicial para que retiren urnas, “harán lo que deban hacer”, que es “defender los derechos de la gente y velar por la seguridad de las personas”, y “no se desviarán de este objetivo”.

Tampoco a Podemos le ha parecido bien la instrucción. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, ha acusado al Gobierno del PP de poner en riesgo a los Mossos d’Esquadra al colocarles en la tesitura de cumplir las resoluciones del TC y ordenes judiciales y con ello seguir aumentando la “escalada de tensión” y la crisis en Cataluña. La portavoz de Unidos Podemos ha insistido en que las fuerzas de seguridad y los Mossos están para cumplir con sus obligaciones y que los representantes políticos no deben utilizar las instituciones de “de forma partidista”.

Tras definir a los Mossos como una “fuerza del orden catalana con funciones especificadas”, ha reconocido que los agentes autonómicos deben cumplir las obligaciones que marca el conjunto de la legislación, pero ha criticado que los políticos pretendan que sean las fuerzas policiales las que decidan por “no ser capaces de articular una respuesta política”. En su opinión, la respuesta “no puede ser judicial”, sino democrática, por lo que ha deseado que después del 1 de octubre se “entre en razón” y las fuerzas políticas sean capaces de dar voz a los catalanes.

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