El Parlament aprueba la ley más importante de ruptura en medio de una gran tensión

El Parlament de Catalunya ha dado un paso más en su pulso a las instituciones y los poderes del Estado. El órdago a la grande ha sido esta vez la 'Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república' que Junts pel Sí y la CUP se han empeñado en sacar adelante por el mismo procedimiento de urgencia, sin debate ni enmiendas, que la ley del referéndum. La fractura y el enfrentamiento entre los independentistas y los que no lo son es de tal calibre que ha unido a enemigos políticos irreconciliables. El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha arrancado una cerrada ovación de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, puestos en pie al grito de "democracia".

Coscubiela ha arremetido contra las fuerzas independentistas por sus procedimientos para aprobar el marco legal del referéndum convocado para el 1 de octubre. A lo largo de su intervención, diputados de la bancada de la oposición iban aplaudiendo algunos de los dardos que Coscubiela lanzaba contra la mayoría independentista.

Y ante los gestos de reprobación de los diputados de la CUP, Coscubiela ha dicho que no le importa ser aplaudido por diputados de ideología muy diferente a la suya, si se trata de defender la democracia. “Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella”, ha afirmado Coscubiela, lo que ha provocado que toda la bancada de Cs, PSC y PPC, así como diversos diputados de su grupo, se pusieran en pie a aplaudirle.

En cambio, el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot y secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha permanecido en su escaño sin aplaudir, visiblemente incómodo con el tono empleado por el portavoz de su grupo.

Junteros y cuperos habían avisado que este jueves iban a aprobar la ley “sí o sí”. Todo esto ha provocado que en la Cámara autonómica se haya vivido una reedición de los acontecimientos del miércoles con nuevas broncas entre el grupo mayoritario y la oposición y sucesivas e interminables suspensiones del pleno.

La ley ha sido aprobada con los 71 votos de JxSí y la CUP y 10 en contra de Catalunya Sí Que Es Pot, mientras que los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC se han ausentado del hemiciclo como hicieron con la votación de la Ley del Referéndum. Además de JxSí y la CUP, también ha apoyado la ley el diputado no adscrito y excoseller de Justicia, Germà Gordó, pese a que ha reconocido que el texto “crea dudas jurídicas”, es “mejorable desde el punto de vista técnico y jurídico” y habría sido “deseable una mayoría más importante para su aprobación”.

Pese a su aprobación, la propia ley establece que sólo entrará en vigor si se celebra el referéndum convocado para el 1 de octubre y gana el ‘sí’ a la independencia.

El debate ha comenzado cuando la portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira, y la diputada de la CUP Anna Gabriel han pedido a primera hora de la tarde alterar el orden del día del pleno para introducir esta ley de transitoriedad. Rovira ha pedido la palabra a la presidenta, Carme Forcadell, para invocar el artículo 81.3 del reglamento parlamentario con el fin de incluir esta norma, como pasó el miércoles con la ley del referéndum. La ha secundado Gabriel y la presidenta de la Cámara ha suspendido el pleno para llevar el asunto a la Mesa y la Junta de Portavoces. Allí, se ha repetido la batalla parlamentaria entre JxSí y la CUP y toda la oposición durante dos horas. Repentinamente, se ha visto a los diputados regresar a sus escaños pero el alivio ha durado poco. Inmediatamente, se han producido más peticiones para reconsiderar la alteración del orden del día que han conducido a una nueva suspensión.

Por cierto que el Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional catalán, ha emitido un nuevo acuerdo de pleno para regañar a JxSí y la CUP por la vía exprés elegida para aprobar esta ley. El CGE recuerda que todos los diputados pueden solicitar un dictamen sobre un proyecto legislativo que esté en fase de tramitación y que “dicha facultad constituye un derecho de los parlamentarios garantizado por el Estatuto y la legislación que lo desarrolla, sin que pueda ser limitada por ninguna decisión de un órgano parlamentario”.

La Constitución del Estado catalán

En su intervención inicial, Rovira ha defendido que la ley de transitoriedad garantizará que “haya un marco legal, una seguridad jurídica” ante el 1-O, afirmando que si gana el ‘sí’ la ley entrará en vigor; si gana el ‘no’ se convocarán elecciones. De hecho, la diputada de JxSí ha tenido que reconocer que la ley rebasa con mucho el marco constitucional y estatutario cuando ha recomendado a los grupos de la oposición que no soliciten dictámenes al Consell de Garanties Estatutàries puesto que el objetivo de la norma sería crear un marco legal nuevo en caso de victoria del independentismo.

Y es que la Ley de Transitoriedad es una especie de Constitución provisional, que se regiría en una eventual Cataluña independiente hasta que se aprobara la definitiva, fruto del proceso constituyente que se abriría nada más producirse la desconexión del Estado. Así es como se autodefine la propia ley en su artículo 3: “Mientras no sea aprobada la Constitución de la República, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”. El artículo 1 establece que “Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social”.

“El derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y su posición respecto al derecho interno”, se afirma en la ley pasando por alto los avisos que han lanzado reiteradamente las autoridades comunitarias sobre la inmediata salida de Cataluña de la UE en el caso de que se declarara la independencia.

El texto contempla la nacionalidad catalana de origen para aquellas personas que, en el momento en que esta ley entre en vigor, posean la nacionalidad española y estén empadronadas en un municipio catalán desde antes del 31 de diciembre de 2016. Aquellas personas empadronadas con posterioridad a esta fecha adquirirán la nacionalidad catalana de origen automáticamente al cumplirse dos años de su registro en el censo catalán. También establece que la obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia “no exige la renuncia de la nacionalidad española”. En este sentido, el Govern pretende promover, “en el tiempo más breve posible”, negociaciones con España para aprobar un tratado en materia de nacionalidad.

La Administración de la Generalitat, “que incluye todas las administraciones de Cataluña”, sucedería a la administración de España en el territorio definido como nuevo Estado catalán. De esta manera, en el momento de la aprobación de esta ley, las leyes estatales dejarían de tener vigencia en la nueva república, siendo sustituidas por aquellas aprobadas a partir del momento en el que se hiciera efectiva la independencia. De la misma manera, los funcionarios pasarían a ser trabajadores públicos de Cataluña y ya no de España. Y el tránsito se produciría “con las mismas condiciones retributivas y de ocupación”. El Ejército “dejará de tener jurisdicción en el territorio catalán” de manera automática.

Puigdemont, presidente de la República catalana

En el artículo 34 se establece que el presidente o la presidenta de la Generalitat será, a la vez, el jefe o jefa del Estado, asumiendo su más alta representación y dirigiendo la acción de gobierno. Eso convertiría a Carles Puigdemont en presidente de la República.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasaría a ser el Tribunal Supremo de Cataluña, “órgano judicial superior en todos los órdenes y en el que culmina la organización judicial de Cataluña”. El fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament a proposición del Govern de la Generalitat.

Por otra parte, el artículo 79 especifica que “los jueces y tribunales sobreseerán o anularán los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”. Entre los condenados figura el expresidente Artur Mas, que estaba al frente de la Generalitat cuando se organizó el 9-N.

La ley también dice que “la Generalitat es la autoridad que exige en el territorio de Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones del sistema de seguridad social”, lo que supone el traslado de competencias financieras al nuevo Estado catalán. De esta manera, el texto prevé que la Agencia Tributaria estatal deje de tener la potestad recaudadora en Cataluña y pasaría a ser la Generalitat la que tendría toda la autoridad tributaria, aunque sin afectar a las competencias recaudatorias de las administraciones locales.

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