Junts pel Sí y la CUP acuerdan aprobar la ley de desconexión antes del 1-O

La 'Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República' entrará en vigor tras el referéndum y permitirá al Parlament declarar la independencia si no se celebra

Comienza la ruptura total del gobierno de la Generalitat con el Estado español. Eso es lo que se desprende de la presentación este lunes en el parlamento catalán por los grupos parlamentarios ‘Junts pel Sí’ (PDeCAT y ERC) y la CUP de la ‘Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República’ que permitirá desconectar a Cataluña del Estado español, en el caso de que el ‘sí’ a la independencia gane el referéndum del 1 de octubre. Si el Estado impidiera la celebración del referéndum esta ley permite al parlamento catalán declarar ‘la independencia de Cataluña’.

La proposición de ley para la ‘desconexión’ con el Estado cuenta con 89 artículos y tres disposiciones finales, una de ellas de suspensión, de manera que tras su aprobación la ley no entraría en vigor a no ser que gane el ‘sí’ a la independencia en el referéndum previsto para el 1-O. En caso de victoria del ‘no’, se celebrarían elecciones autonómicas.

Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley, que será aprobada antes del 1-O, prevé dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del ‘sí’, por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre, y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una “constitución catalana”.

Así, JxSí y la CUP buscan dar con esta ley “la seguridad jurídica” que quieren “que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea ‘sí’ o ‘no'”, ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.

Para el diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas el planteamiento de esta ley supone “el fin del procesismo”. “Dinamita cualquier posible debate procesista, porque el escenario ya se ha fijado si gana el ‘sí”, ha asegurado en la presentación en el Parlament, donde ha insistido además en que podrá haber más participación el 1-O si los ciudadanos saben, antes de votar, las consecuencias de la victoria del ‘sí’: “Ahora ya saben que se activa esta transitoriedad”.

“Ahora saben que nacerá una república catalana, y todos los que no quieran ese nacimiento están interpelados”, ha argumentado en referencia a la participación de los ciudadanos contrarios a la independencia.

El contenido de la ley

Tras la rueda de prensa, las dos formaciones han pasado a detallar los artículos de la ley de desconexión en una sala sin cámaras y en la que sólo se admitirán preguntas después de la comparecencia. En uno de los primeros puntos definidos, se ha explicado que la obtención de la nacionalidad catalana, para lo que hará falta acreditar al menos cinco años de residencia, “no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”.

El diputado Jordi Orobitg (Junts pel Sí) ha desvelado que se reconocerán como oficiales las lenguas catalana, castellana y aranesa y que el derecho al sufragio estará limitado únicamente a quienes posean la nacionalidad catalana.

Esta ley de desconexión que se ha presentado está fuera de la ley, del Estatut y la Constitución y carece de garantías democráticas. En ella se anuncia: la proclamación de la República catalana, el control de los jueces catalanes por la Generalitat; el traspaso de los funcionarios y de los bienes de España a Cataluña, la amnistía a los políticos encausados por causas relacionadas con el proceso independentista y se declara que a partir de ese momento Cataluña permanece en la UE. Asimismo la ley de desconexión prevé que en caso de no celebrarse el referéndum, el parlamento catalán podrá declara ‘la independencia de Cataluña’.

Contempla una Constitución catalana

La Ley de Transitoriedad contempla en su articulado el procedimiento para elaborar mediante participación ciudadana una eventual “constitución catalana”, que Junts pel Sí y la CUP prevén que podría aprobarse en el plazo de un año si ganase el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre que pretenden celebrar.

Dicha proposición de ley apunta que “una vez celebrado el referéndum y en caso de resultado favorable de la opción independentista, la Generalitat activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, para redactar y aprobar la Constitución de la República”.

El proceso constituyente constaría así de tres fases sucesivas: una primera, de proceso participativo; una segunda, de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y una tercera, de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.

El proceso participativo tendría lugar, según dicha ley, durante los “seis meses posteriores a la proclamación de los resultados del referéndum” y constaría de un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial y la convocatoria de un “Foro Social Constituyente” formado por representantes de la sociedad y partidos políticos. Al mismo tiempo, el Govern creará, en ese supuesto, un consejo asesor formado por expertos académicos, catalanes e internacionales, para asesorar en esa fase deliberativa.

Y el Foro Social Constituyente, recogiendo los debates de esa fase, formularía un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de esa futura ‘constitución’, que deberán ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación, cuyo resultado constituirá un mandato que vincularía políticamente a la futura asamblea constituyente (el Parlament), que los articulará jurídicamente.

Acabado ese proceso participativo, “el presidente de la República disolverá el Parlament y convocará elecciones constituyentes”, del que saldría una “Asamblea Constituyente” que se compondría del mismo número de miembros que el Parlament disuelto.

Esa “Asamblea Constituyente” dispondría de plenos poderes para redactar una propuesta de constitución, que se deberá aprobar por mayoría de 3/5 de los miembros del pleno; en caso de no ser así, será suficiente mayoría absoluta en una segunda votación; y ninguna de las decisiones de la asamblea “serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por otro poder, juzgado o tribunal”.

Por último, una vez se aprobase la propuesta de la ‘constitución’, se someterá a referéndum y, de ser ratificada por la ciudadanía, se disolverá la Asamblea Constituyente de forma inmediata y se procederá a convocar elecciones para conformar el nuevo sistema institucional establecido por la nueva constitución.

Aunque Junts pel Sí y la CUP han asegurado no tener plazos exactos fijados, la diputada cupera Gabriela Serra ha explicado en la comparecencia ante los medios que un plazo de un año sería una “aproximación sensata” desde una eventual victoria del sí en el referéndum hasta la aprobación de la constitución y las elecciones posteriores.

Amnistía de los encausados

Por otro lado, la Ley de Transitoriedad prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

Según la norma, que ha sido explicada este lunes ante los medios, el título V sobre “Poder Judicial y Administración de la Justicia” afirma: “los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”.

Por otro lado, la ley señala que Cataluña “se constituye en una República de Derecho, democrática y social”, cuya “soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña”, y cuyo “jefe de Estado” será el presidente de la Generalitat, según dicha ley.

También se explicita que la atribución de la nacionalidad catalana “no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”, además de que “el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad”.

La norma, con 89 artículos, establece otros aspectos como que las normas de la UE se continuarán aplicando en Cataluña; que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en Tribunal Supremo de Cataluña; o que el Consejo de Garantías Estatutarias pasará a ser Consejo de Garantías Democráticas y sería vinculante.

Estamos ante un nuevo paso en pos de la ruptura total de la legalidad que tendrá las oportunas respuestas del Tribunal Constitucional y del Gobierno de España donde, según fuentes próximas al palacio de la Moncloa, están preparadas las medidas legales, administrativas y ejecutivas que impedirán tanto la celebración del referéndum como la aplicación de la citada ley y la proclamación de la independencia de Cataluña.

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