Puigdemont provoca a Rajoy: ‘Si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré esta decisión’

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que “si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender". De esta manera, el máximo representante del órdago soberanista al Estado español sube la apuesta y anticipa que está dispuesto a delinquir antes, durante y después del referéndum que quiere llevar a cabo el 1 de octubre. Una actitud desafiante que contrasta con los esfuerzos del Govern para no dejar rastro de sus preparativos y evitar así que intervenga la justicia.

Puigdemont hace todo lo posible para provocar al Gobierno central, quizá con la esperanza de que Mariano Rajoy pierda los estribos y dé unl paso que le exima de celebrar un referéndum que no puede llevar a Cataluña a ninguna parte. En ese caso, el líder popular le estaría haciendo la campaña a su partido, el PDeCAT, y a quien finalmente sea su cartel electoral para unos comicios que habría que convocar inmediatamente.

Quizá con esa esperanza el ‘president’ ha remachado, en declaraciones al diario francés ‘Le Figaro’, que se propone seguir adelante con sus planes: “No renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional”. Su intención es ignorar al TC si suspende la ley del referéndum porque, según sus palabras, “nuestro compromiso con el pueblo y con el Parlament es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática”.

No obstante, para que Rajoy responda a la provocación es indispensable que Puigdemont y su Govern conviertan los anuncios y las declaraciones en algo más tangible. Y es que según el Código Penal español los actos preparatorios de un delito no son punibles salvo en algunos casos que el propio CP especifica: asesinato y homicidio, lesiones, detención ilegal, determinados delitos contra el patrimonio, atentado o delitos de terrorismo. Como el caso que nos ocupa no se adecúa a ninguna de esas figuras, el Ejecutivo se mantiene en los límites de la acción-reacción, esto es, en la tesis de que actuará cuando le den pie para hacerlo. “Cualquier actuación ilegal y prohibida dará lugar a la correspondiente respuesta”, ha dicho este lunes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en Benissa (Alicante).

Por lo que respecta a su situación personal, Puigdemont considera que “una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”. Se refiere Puigdemont a lo que podría sucederle si el Constitucional le aplica el artículo 92.4 de la ley que regula el funcionamiento y las atribuciones del tribunal desde la reforma aprobada por la mayoría del PP en 2015:

4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

En sus declaraciones a ‘Le Figaro’, por otra parte, Puigdemont hace algunas afirmaciones bastante discutibles como que “el derecho a la autodeterminación existe”. Lo justifica asegurando que en el “derecho internacional ninguna norma o principio prohíbe la independencia de los pueblos”.

Olvida el presidente de la Generalitat que el derecho a la autodeterminación como tal no forma parte del listado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que es fruto de pactos internacionales a los que se llegó con posterioridad para atender las necesidades de una realidad surgida en la segunda mitad del siglo XX: los nuevos países que se formaron tras un de descolonización, en su mayoría africanos o asiáticos. Y no parece que Cataluña pueda incluirse en ese supuesto. Es más, ‘Le Figaro’ se lo recuerda a Puigdemont cuando objeta que “en derecho internacional el principio de integridad territorial puede colisionar con el de autodeterminación que tradicionalmente está reservado a los pueblos colonizados”. El mandatario catalán no se arredra y replica que “ese derecho de autodeterminación pertenece hoy a los pueblos. Y Cataluña es claramente un pueblo”.

También es hay que tener presente que en la era de la ‘posverdad’ no es la primera vez que el soberanismo catalán reinterpreta hechos, leyes e informes para adaptarlos a sus intereses. Lo ha hecho con la Comisión de Venecia, al asegurar que está de su parte cuando lo cierto es que avisa de que el referéndum no se puede celebrar si no se acuerda con el Gobierno español, y lo hizo hace mes y medio con la Constitución española. Entonces, envió un memorándum a las embajadas, dentro de su campaña para internacionalizar el ‘procés’, en el que aseguraba que el referéndum es una opción “legítima” y “el único camino posible” que, además, “no está prohibido por la Constitución”.

Sí admite el ‘president’ en ‘Le Figaro’ que una “participación ridícula equivaldría a perder el referéndum” y garantiza que en aquellos ayuntamientos donde los alcaldes se opongan a la organización de la consulta, se establecerán locales alternativos para votar. Se compromete, además, a que el Gobierno catalán y los ayuntamientos mantendrán una neutralidad escrupulosa sometida a un control de los observadores internacionales. “El Gobierno catalán no hará campaña en favor de la independencia”, dice en la entrevista.

En cuanto a los pasos ulteriores al referéndum, Puigdemont explica que si “el sí a la independencia gana el 1 de octubre”, 48 horas después de la proclamación de los resultados -que puede prolongarse entre una semana y diez días- comunicarán que Cataluña “se transforma en un Estado independiente”. Se abrirá así un periodo de transición “hacia la independencia plena, hacia la obtención de un estado soberano”. Todo ello culminará con unas elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por un referéndum.

Sobre la remodelación de su gobierno, sostiene que la salida de tres consellers en las últimas semanas no tiene nada que ver con el referéndum del 1-O: “Estaba muy contento con ellos, todos me han manifestado su apoyo en este tema. Respeto sus decisiones personales”. Pero recuerda que él tiene la “prerrogativa de nombrar y destituir a los miembros de su Gobierno”.

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