La compra de urnas para el referéndum, primera prueba de fuego del renovado Govern

La primera reunión del Govern tras la crisis de la semana pasada y la sustitución de tres consejeros clave para llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre se producirá este martes y se hará con un asunto que prondrá a prueba la determinación secesionista del Ejecutivo autonómico: la compra de urnas para la votación. La orden de compra llevará la firma del vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, según lo acordado con Carles Puigdemont, pero no solo.

Además, en el documento estamparán su firma todos los consejeros. Esa colectivización de la responsabilidad, ante una eventual reacción de la justicia, fue una de las condiciones que Junqueras impuso para hacerse cargo de la organización del referéndum. La situación será pues muy distinta a la que se produjo en abril, cuando la orden de compra llevaba únicamente la firma de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, lo que le valió una querella de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a la reacción del Gobierno central, que hasta ahora ha frenado ante el Tribunal Constitucional todos los pasos que se han dado para avanzar hacia la ruptura de Cataluña con el Estado español, se da por descontada. Ya lo anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se presentó la Ley del Referéndum y dijo que “al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización”, una vez que se haya iniciado su tramitación parlamentaria y haya pasado del simple anuncio a la categoría de proyecto legislativo.

La vicepresidenta ya censuró entonces la estrategia repetitiva de la Generalitat de hacer un anuncio cada día en un escenario distinto “de un referéndum que no se atreven a firmar y, además, no saben cómo van a organizar”. Este martes, sin embargo, habrá firma o firmas, si se cumplen las previsiones, y por tanto base documental para actuar.

Lo previsible es que, como ocurrió con la consejera Borrás y el ya exsecretario general Francesc Esteve, se acuse a los firmantes de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. La querella contra la consejera sigue adelante aunque el concurso para el suministro de las urnas quedó desierto. Esta vez no se ha convocado concurso público ni hay pliego de condiciones, por lo que es posible que se recurra a la adjudicación directa, una fórmula igual de válida para la contratación de servicios pero menos transparente.

Una vez que se haya tomado la decisión, se planteará otra gran pregunta: ¿Cómo piensa pagar la Generalitat esas 8.200 urnas de metacrilato después de que el Constitucional anulara las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum? Hay que recordar en este punto que el TC anuló la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos y declaró que las partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el futuro político de Cataluña al que se refiere esa disposición. A raíz de esta resolución, el Gobierno se ha encargado de recordar a las empresas que vendan urnas para el referéndum del 1-O que no podrán cobrarlas y, además pueden enfrentarse a responsabilidades legales.

El Constitucional, en cualquier caso, parece ser el arma favorita del Gobierno para frenar el independentismo. Eso es lo que queda si, como hizo el ministro del Interior en una entrevista en ‘El Mundo’ que se publicó este domingo se descarta todo lo demás. Cuando le preguntaban sobre las respuestas al desafío independentista, Juan Ignacio Zoido excluía la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la asunción del mando de los Mossos d’Esquadra para impedir que se celebre la jornada de votación y la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, algo que sólo se ha hecho una vez en democracia, como consecuencia de la huelga de controladores aéreos de 2010.

De todas formas, hay que esperar a que finalice la reunión del Consell Executiu de este martes para saber si estamos ante un anuncio de un anuncio más o ante algo más concreto. Una vez se sustancie la compra de las urnas, quedará otro hito importante: la presentación en el Parlament de la Ley del Referéndum, cosa que es posible que no se produzca hasta agosto. Entonces, los 72 diputados del grupo tengan que votar a sabiendas que ese gesto tendrá consecuencias en los tribunales porque el Gobierno de Rajoy recurrirá la ley, su tramitación y la votación. Será otra prueba de fuego para comprobar cuántos parlamentarios están dispuestos a ir hasta el final en la carrera soberanista.