La Seguridad Social pagará la extra a los pensionistas con un préstamo de 6.000 millones

Se acerca uno de esos momentos complicados para las cuentas del Estado, la paga de la extra de verano a los pensionistas, y el Gobierno ha tenido que echar mano nuevamente de un instrumento extraordinario para poder solventarlo.

Esta vez, el departamento que dirige Fátima Báñez no se contenta solo con meter la mano en la llamada ‘hucha de las pensiones’ -escuálida después de las acometidas de las que ha sido víctima en los últimos años- sino que ha aprobado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 10.192 millones de euros. Para la extra se tomarán 5.986 millones del préstamo del Estado y otros 3.514 millones de la hucha.

Eso significa que este mes de julio se agotará casi el 60% del préstamo que se concede para todo el año (quedará aún por abonar la extra de diciembre) y que venía contemplado en la disposición adicional novena de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.  La Seguridad Social tendrá 10 años a partir de 2018 para devolver este préstamo al Estado y, eso sí, no devengará intereses (al contrario que la deuda del Tesoro que financió la Seguridad Social).

En julio hay que pagar a los pensionistas 17.218 millones de euros, que es lo que resulta de sumar la prestación mensual, la paga extra de julio y el abono del IRPF. La ‘hucha’ o fondo de reserva contaba al cierre de 2016 con 15.116 millones, lo que significa que una vez extraídos los 3.514 que se necesitan ahora solo quedarán 11.602 millones de euros (en precio de adquisición). De este modo, en la primera mitad del año el Gobierno habrá retirado el 23% del dinero que quedaba a final de año.

Los 11.602 millones de euros que quedarán en la ‘hucha’ serían suficientes para pagar la extra de diciembre a los pensionistas dado el ritmo actual de las cotizaciones, aunque lo más probable es que el Gobierno no utilice todo este dinero y aproveche el crédito concedido por el Estado a la Seguridad Social para así no vaciar del todo el Fondo de Reserva.

El fondo se creó en época de bonanza como un colchón de seguridad del que tirar en épocas críticas. Pero al Gobierno del PP no le ha preocupado recurrir insistentemente a él mientras sus políticas de empleo reducían las cuotas a la Seguridad Social de las empresas, achicando la fuente de ingresos del sistema y negándose a admitir que ha llegado el momento de explorar vías de financiación alternativas.

Ese es el principal reto que tiene planteado la Comisión del Pacto de Toledo con varias alternativas encima de la mesa: “destopar” o, lo que es lo mismo, eliminar los topes que hoy existen tanto en las cuantía de las bases de las cotizaciones como en la renta que perciben los pensionistas; subir las cotizaciones sociales; que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con cargo a los impuestos; creación de un nuevo impuesto; incentivar la vida activa de los trabajadores haciendo compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo y lo que acaba de hacer el Gobierno: pedir un crédito.

De hecho, el Gobierno de José María Aznar tuvo que hacerlo en 1996, cuando pidió a la banca 3.000 millones para las pensiones tras heredar una Seguridad Social quebrada que también corría con los gastos de la sanidad y los complementos a mínimos. La diferencia con el momento actual es que ahora sí existe un fondo de reserva, la famosa ‘hucha’ que en su mejor momento, en 2011, llegó a tener 67.000 millones de euros. Ese dinero se ha evaporado en su mayor parte y ha quedado reducido a los 11.000 millones actuales, lo que obliga a acometer la reforma del sistema sin más dilaciones.

Los sindicatos han aprovechado para urgir esa reforma y UGT, por ejemplo, ha recordado en un comunicado que es necesario salir del inmovilismo en que se ha instalado el Gobierno y afrontar medidas para reducir el déficit de la Seguridad Social incrementando sus recursos. A su juicio, los 10.192 millones de préstamo aprobados volverán a computar como déficit. Las soluciones, explica, pasan por que el sistema “no pague lo que no debe e ingrese lo que le corresponde”, en referencia a los más de 16.000 millones en políticas de subvención que UGT cree que deberían financiarse con cargo a los presupuestos y no a las cotizaciones sociales.

Aunque el Gobierno se empeña en negar una y otra vez que haya motivos para la alarma, lo cierto es que tampoco debe ver muchos motivos para el optimismo cuando procura ‘camuflar’ anuncios como el que se ha producido este jueves en medidas como la presentación de la nueva ley de autónomos, que ha presentado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves con mucho más boato.

Báñez ha apuntado que los recursos que se toman del fondo de reserva de las pensiones corresponden al vencimiento natural de activos y cupones durante el primer semestre del año. “Se ha optado por combinar dos instrumentos financiadores para garantizar el pago puntual y completo de las pagas”, ha dicho la ministra, que ha añadido que el Gobierno tiene que buscar los mecanismos para sufragar las necesidades del sistema, mientras el empleo por sí solo no sea suficiente para cubrirlas.