Puigdemont activa este viernes la cuenta atrás del referéndum anunciando la fecha y la pregunta

Por fin, este viernes se desvelarán dos elementos clave para impulsar el proceso secesionista catalán: la fecha del referéndum que pretende convocar Puigdemont y la redacción de la pregunta que se quiere someter a la votación de los catalanes.

El anuncio se producirá con toda la pompa de la que echa mano la Generalitat en estas ocasiones -se ha previsto una comparecencia conjunta del ‘president’ y su vicepresidente, Oriol Junqueras- pero, eso sí, sin firmar papel alguno. Se trata de no dar excusas al Gobierno central para que a su vez active los mecanismos previstos por la ley y la Constitución para frenar un acto claramente ilegal.

De hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría dio a entender el miércoles que de momento no habrá respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a lo que solo será un anuncio más. “El Gobierno no es de anunciar, sino de actuar”, dijo en declaraciones a TVE. Y este jueves se ha pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. “Tendremos que actuar en consecuencia, pero no sé todavía en qué consiste y no vamos a anticipar ninguna medida”, ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de un informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab).

Por lo demás, no se puede decir que haya grandes incógnitas por despejar. La fecha de la supuesta cita con las urnas será el 1 o el 8 de octubre. En cuanto a la pregunta, se intenta llegar a un consenso sobre si a la oración “¿Quiere que Cataluña sea…?” le debe seguir el término estado, o si es mejor optar por república o país. Añadiendo inmediatamente después, claro está, el calificativo “independiente”. Mientras que el PDeCat se inclina por “estado”, a ERC y la CUP les gusta más “república”.

Para contentar a todo el mundo y no abrir nuevas fisuras en el frente independentista, circula por ahí una especie de componenda en la que se preguntaría a los votantes si quieren un “estado independiente en forma de república”. A los autores de la propuesta, habría que recordarles lo que se ha encargado de señalar el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez: “Un estado independiente en el siglo XXI adopta, sí o sí, la república como forma de gobierno”.

De momento, Puigdemont ha convocado para este viernes a las 9.30 horas un Consell Executiu extraordinario tras el cual se producirá esa comparecencia conjunta con Junqueras para hacer el anuncio solemne de la fecha y la pregunta del referéndum. Es probable que ambos comparezcan arropados por los 61 diputados de JxSí en el Parlament, que han sido convocados para después del Consell. Este tipo de escenificaciones multitudinarias tratan de diluir responsabilidades para que sea más difícil señalar a unos pocos culpables de cometer actos ilegales. No obstante, cuando llegue el momento de estampar la firma en la convocatoria del referéndum será difícil ocultar a la/s persona/s que incurren en el delito.

De hecho, fue la inhabilitación por dos años de Artur Mas, por desobedecer al Tribunal Constitucional cuando organizó la consulta del 9-N de 2014 la que planteó la pregunta que más preocupa a los políticos catalanes: ¿Quién está dispuesto a exponerse a las mismas consecuencias con la convocatoria del referéndum de independencia?

Junqueras, que es el más interesado en no quedar inhabilitado de cara a unas hipotéticas elecciones anticipadas en las que, según todas las encuestas, llevaría las de ganar, avanzó la idea de una firma “colectiva” de todos los miembros del Govern. Según dijo en marzo en declaraciones a Rac1, él está “encantado de firmar lo que haga falta”, pero puntualizó que “ante una cosa de este tipo, lo mejor es que lo firmemos todos, que sea el conjunto del Govern quien firme. Además, eso indicará el compromiso de todos”.

Fuentes del grupo parlamentario de ERC confirman ahora que esa será muy probablemente la solución de compromiso a la que se llegue, según informa Raimundo Castro. La convocatoria, según la Ley de consultas de Cataluña que se aprobó en 2014, tendría que producirse 55 días antes de la fecha prevista para la celebración. Por lo tanto, si se quiere que el referéndum sea el 1 o el 8 de octubre, la firma se escenificaría a finales de julio o en la primera quincena de agosto.

A partir de ahí, el Gobierno central pondría en marcha la maquinaria judicial para inhabilitar a los firmantes, pero es improbable que el juicio tuviera lugar antes de fin de año. Y eso dejaría un margen de casi tres meses, en el caso de que el referéndum no se llevara a cabo, para las elecciones autonómicas. Como apuntan esas fuentes del partido republicano, podría darse la paradoja de que Junqueras fuera el líder de la fuerza más votada y ‘president’ electo pero no pudiera ejercer el cargo tras su paso por el Tribunal Superior de Justicia lo que, como pronto, se produciría en enero de 2018.

El pasado miércoles, las dos empresas que aspiran a proveer urnas a la Generalitat para el eventual referéndum, Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida, superaron un nuevo trámite, el de la oferta económica, y ahora encaran la recta final para poder ser homologadas. Plastic Express ha ofrecido cada urna a 20,47 euros más IVA y la UTE a 19 euros más IVA.

La operación para comprar urnas se ha convertido en uno de los contenciosos entre la Generalitat y el Estado, ya que la Fiscalía ha anunciado una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general de la consellería, Francesc Esteve, por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación. “Nosotros estaremos atentos a que se cumpla la legalidad y si el concurso se utiliza para algo diferente, lo pondremos en conocimiento de los tribunales” ha subrayado este jueves el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.