La coartada del fiscal Moix se desmorona, la oposición pide su cese y el Gobierno no le apoya

Justo antes de que se produzca la reunión entre el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción, una cita que ha anunciado el propio Manuel Moix en declaraciones a Onda Cero, el Gobierno parece haberle señalado la puerta de salida. Tanto la vicepresidenta como el ministro de Justicia han dejado en manos de José Manuel Maza la decisión sobre su continuidad o su relevo en el cargo. Ambos han evitado respaldarle públicamente y lo mismo ha hecho el presidente, 24 horas después de afirmar que seguía confiando en él.

La revelación de que el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, heredó de sus padres una sociedad en un paraíso fiscal y que ha conservado el 25% que le corresponde, pese a su nombramiento para dirigir la Fiscalía que persigue a quienes se apuntan a ese tipo de prácticas, ha desencadenado el enésimo escándalo en los tres meses que lleva en el cargo. Moix ha emprendido una nueva gira por los medios para defenderse con dos argumentos: no se enteró de que la sociedad existía hasta la muerte de sus padres y no ha cometido delito alguno porque todos sus bienes están declarados a la Hacienda española.

Esta segunda afirmación no convence a casi nadie porque lo cuestionable no es solo la posibilidad de una conducta delictiva, en cuyo caso Moix ya habría sido denunciado ante la justicia, sino la evidente contradicción entre desempeñar un cargo como el suyo y ser copropietario de una ‘offshore’, un tipo de sociedad opaca por definición que se domicilia en un paraíso fiscal para eludir el pago de impuestos. En cuanto a la primera excusa del fiscal, el desconocimiento hasta fechas relativamente recientes de la existencia de la sociedad, se acaba de desmoronar gracias a una nueva información de InfoLibre, el medio que desveló el escándalo.

Según la mencionada web, Manuel Moix estaba al tanto de que sus padres habían creado una sociedad en Panamá, la Duchesse Financial Overseas, para costear la construcción de un chalé  en la localidad madrileña de Collado Villalba antes de la muerte del padre en 2011 e incluso antes de la muerte de la madre, que se produjo en 2008. Y es que InfoLibre ha podido saber que el abogado José Román Marín de la Bárcena actuó judicialmente contra la familia Moix a principios de los años noventa por impago y alzamiento de bienes y el actual fiscal jefe estuvo presente en la declaración de sus progenitores ante la jueza.

El abogado defendió en aquella causa los intereses de una pequeña sociedad denominada Terecon S.A. que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares y que fue contratada por el padre de Manuel Moix para edificar su chalé. El problema se produjo cuando Manuel Moix Martínez se negó a pagar aduciendo él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero no el dueño. El asunto se agravó cuando se intentó embargar bienes a los Moix y se descubrió que el chalé estaba efectivamente a nombre de la sociedad panameña, así como que cierto dinero que Manuel Moix Martínez tenía en una cuenta bancaria había sido transferido.

El fiscal jefe se queda pues sin argumentos a punto de reunirse con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue quien le nombró y a quien, por lo tanto, debe todas las explicaciones. El escándalo se ha enredado de tal manera que el propio Moix ha insinuado la posibilidad de un relevo -“yo no tengo ningún apego al cargo”, ha dicho en una entrevista radiofónica- y el Gobierno ha dejado exclusivamente en manos de Maza la decisión final. Se trata de un significativo cambio de postura después de que ni las interferencias de Moix en la investigación del caso Lezo, ni la rebelión de los fiscales que han discrepado de algunas decisiones, ni las grabaciones en las que un ilustre imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, considera “cojonudo” su nombramiento para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, hayan hecho mella en el apoyo expreso del Ejecutivo al fiscal.

Pues bien, eso ya no es así. “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales”, ha dicho este miércoles la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En la misma línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado que es al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que “corresponde proponer un expediente para remover a (Manuel) Moix” de la fiscalía anticorrupción. Y Mariano Rajoy, que el martes respondió con un lacónico ‘sí’ cuando le preguntaron si mantenía su confianza en el fiscal Moix, no ha querido ni responder al abandonar el Congreso tras el debate de los Presupuestos. Mientras tanto, la oposición redoblaba sus peticiones para que el fiscal jefe abandone el cargo.

El caso es que al fiscal jefe se le están complicando las cosas y no sólo desde el punto de vista político. Esta declaración suya a ‘El Mundo’ puede traerle otro tipo de problemas: “Cuando muere mi padre y llega la herencia, decimos que esto lo disolvemos. Pero no es cierto que hacerlo cueste sólo 400 euros. En la disolución hay que pagar impuestos por el valor de la casa, declarado en 900.000 euros, el Impuesto de Plusvalía y el Impuesto de Transmisiones. Por las cuentas que hicimos entonces, nos podía ocasionar un gasto de entre 90.000 y 100.000 euros entre los cuatro hermanos, más notarios, etcétera”.

Esas cuentas coinciden en principio con las que han hecho los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que han solicitado este miércoles a la Agencia Tributaria que abra una inspección para verificar si realmente la sociedad familiar radicada en Panamá es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos.

Además, Gestha pide a la AEAT que informe públicamente si detectó alguna irregularidad fiscal en dicha familia y qué decisión se tomó al respecto tras la presentación de los modelos 720 de bienes y derechos en el extranjero en 2013 y, especialmente, tras la puesta en marcha en el primer semestre de 2016 de la nueva herramienta informática para el control de patrimonios y rentas con la información de este modelo tributario.

El caso es que a Moix no le quieren ni los suyos. Las tres asociaciones de fiscales -la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales- han exigido al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que dé “explicaciones urgentes y convincentes”. Y Twitter se ha llenado de mensajes de reprobación: