El juez Velasco dejará los casos Púnica y Lezo el 1 de junio

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano y que tiene previsto empezar a funcionar el próximo 1 de junio.

Este significa en la práctica que el juez Velasco dejará la instrucción de algunos de los casos de corrupción más importantes que se están investigando: Púnica y Lezo. Ambos afectan de lleno al PP de Madrid.

De hecho, la pieza del sumario del sumario del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre ha aflorado en los últimos días el presunto desvío de fondos públicos y la utilización de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los gastos electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011, y de las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy repetía por segunda vez como cabeza de cartel de los populares.

En cuanto a Lezo, justo el martes pasado el juez Velasco levantó parte del secreto del sumario, dividiéndolo en en piezas separadas, la cuarta referida a la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Además, citó a un total de 52 imputados para tomarles declaración entre septiembre y octubre, lo que significa que sus comparecencias se producirán ante el magistrado que le sustituya en el Juzgado Central de Instrucción número 6, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos.

Velasco y López habían solicitado el ascenso junto con otros treinta magistrados, la mayoría pertenecientes a la Audiencia Nacional, aunque también se habían presentado al puesto, entre otros, el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo.

La Permanente del CGPJ se ha decantado por los dos jueces mencionados por mayoría de 6 votos a 2 -los de los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda, que se han pronunciado en contra- y de conformidad con el informe solicitado por la propia Comisión al gabinete técnico de este órgano sobre el modo en que debía interpretado el párrafo segundo que artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera y diez en lo penal, “prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista”. Condiciones todas ellas que cumplían Eloy Velasco y Enrique López.

Se da la circunstancia de que otros aspirantes no consideran ajustados a derecho los requisitos del concurso -en el orden jurisdiccional penal no hay especialistas porque las pruebas de especialización no han sido reguladas por la LOPJ- por lo que han recurrido el acuerdo de la convocatoria. Se trata de los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri, si bien su impugnación no suponía ningún retraso en la elección prevista para este miércoles. Ahora bien, el criterio usado para resolver el concurso podría dar lugar a un recurso ante el Supremo, y en caso de que ese tribunal suspendiera provisionalmente la adjudicación de las plazas en tanto no resolviera, el traslado efectivo de Velasco podría retrasarse varios meses.

De momento,  el Gabinete Técnico ha concluido que de la vigencia del artículo 37.2 del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial -“los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes”- se desprende que, “a los solos efectos previstos en la norma” -es decir, la cobertura de plazas en las que la especialización sea mérito preferente-, esa condición concurre en los magistrados Velasco y López.

Una vez Velasco cese como juez de instrucción, el CGPJ deberá convocar su plaza, que se obtiene por antigüedad. La convocatoria debería producirse en breve para cumplir el deseo del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, de que la nueva sala de apelaciones comience a funcionar sin retrasos. Entre la veintena de aspirantes se encuentran una decena de jueces que ya prestan sus servicios en la Audiencia Nacional.

La ‘supersala’ que podrá revisar todas las sentencias penales

En cuanto a la nueva sala de apelaciones, su creación viene obligada por numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierten de la inexistencia en España de una segunda instancia penal efectiva. Para el órgano europeo la no existencia de esta segunda instancia conculca derechos fundamentales puesto que la revisión en casación no cumple con los requisitos legales para ello al no permitir una nueva revisión de las pruebas.

Lo cierto es que se trata de una ‘supersala’ que podrá revisar las sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tanto por lo que se refiere a los hechos juzgados como desde el punto de vista de la aplicación del Derecho. Es decir, tendrá un inmenso poder y los dos jueces que han sido elegidos para integrarla dan una pista del carácter conservador que se pretende imprimirle: Enrique López fue apartado del caso Gürtel por sus vinculaciones con el PP y con FAES y el propio Eloy Velasco protagonizó una breve incursión en la política como director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003, cuando Eduardo Zaplana gobernaba la Comunitat. Con el cambio Velasco gana la posibilidad de dictar sentencias lo que, en un futuro, le permitiría acceder al Tribunal Supremo.

Eloy Velasco ha estado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el año 2008, cuando sustituyó al juez titular, Manuel García-Castellón, que desempeña el cargo de magistrado de enlace ante Italia desde el 23 de marzo de 2012. Velasco ha investigado numerosos casos de terrorismo, justicia universal y corrupción, y últimamente no había ocultado cierto cansancio y un grado de amargura por no contar con medios suficientes. Eso es lo que le dijo al periódico ‘El Mundo’, el pasado 23 de abril, cuando a la pregunta sobre si con los medios disponibles podía hacer bien su trabajo respondía: “No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar”.

En la misma entrevista explicaba los motivos por los que se quería marchar: “Porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… “Y negaba que su marcha vaya a dejar casos importantes empantanados: “Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor”.

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