Cifuentes sugiere ‘fuego amigo’ en la difusión del informe de la UCO: “A mis 52 años no creo en las casualidades”

“A mis 52 años para 53 no creo en las casualidades y en política mucho menos”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha apuntado a la posibilidad de ‘fuego amigo’ en la difusión el martes del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil que detectase indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de la presidenta madrileña en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011. Según se conoció ayer, tanto el juez como la Fiscalía descartan actuar contra la presidenta al no hallar pruebas de su vinculación con la financiación ilegal del PP.

Cifuentes, que ha defendido de nuevo su honorabilidad en una declaración ante una multitud de periodistas este miércoles en la Real Casa de Correos, sede de su Gobierno, ha subrayado que prefiere “no entrar” al ser preguntada sobre si alguien puede alegrarse en el seno del PP, “yo que sé, mire, en la vida pues habrá gente que se alegra, gente que no y en los otros partidos igual”, ha apostillado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado el “difama que algo queda” y que sea necesario demostrar su honradez en lugar de que se cumpla su derecho a la presunción de inocencia, y ha asegurado que duerme “muy tranquila”.

“Al final la sospecha se expande y es el ‘difama que algo queda’ y probablemente haya habido personas que ayer hayan leído teletipos, vieron noticias y dijeron: otra… ésta ya está; y al final da lo mismo que luego haya un desmentido, da lo mismo que el juez haya considerado que ahí no ha habido ninguna actuación irregular y que yo lo esté explicando”, ha afirmado Cifuentes, que ve daño político.

Consecuencias políticas y personales con las que la dirigente autonómica no se va a venir abajo, no se va a desmoralizar ni tampoco a “tirar la toalla”, “todo lo contrario”, Cifuentes asegura que se “crece” en este tipo de situaciones.

“No tengo bienes, no tengo casas, áticos, pisos, fincas, acciones ni cuentas corrientes, yo vivo de mi trabajo, duermo muy tranquila pero desde luego no voy a permitir que nadie quiera manchar ni poner sombra de duda en mi trayectoria, ni en mis actuaciones”, ha exclamado la también presidenta del PP madrileño.

Cifuentes, que ha vuelto a defender la legalidad y transparencia de sus actuaciones al frente de la mesa de contratación, cree que “ni siquiera” Podemos, partido al que acusa de aprovechar la situación para tratar de desgastarla, lo conseguirá porque la ciudadanía conoce su honradez.

Se filtra un segundo informe

Un segundo informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de prevaricación como “directa partícipe y conocedora” de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El documento, con fecha del pasado 27 de marzo -casi un mes después del primero- y al que ha tenido acceso Europa Press, incide en el contenido del informe conocido ayer si bien no habla del delito de cohecho, centrándose en un presunta prevaricación que apuntalan diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente.

La UCO concluye que las declaraciones prestadas ponen de manifiesto la existencia de “significativas y evidentes contradicciones” entre los diferentes testimonios y permiten concluir la existencia de “una pluralidad de acciones” por parte del Comité de Expertos -del que formó parte Cifuentes- que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”.

Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas “arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina” en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no alude a esta circunstancia.