El Constitucional anula la hoja de ruta hacia el referéndum catalán y denuncia a Forcadell

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad anular la hoja de ruta aprobada por el Parlament el pasado octubre, es decir, la resolución por la que se preveía celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña en el 2017 y ha autorizado a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell y a proceder contra cuatro miembros de la Mesa. De este modo, el Constitucional ha aceptado el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament que convocaba la consulta.

forcadell-mesa-dLa admisión a trámite del incidente de ejecución de sentencia, el pasado 14 de diciembre, ya había supuesto la suspensión cautelar de la hoja de ruta soberanista. Por eso, había cierta expectativa de que el Constitucional actuara sin prisa y esperara a su renovación -antes de mediados de marzo deben incorporarse los cuatro nuevos magistrados que debe nombrar el Senado- para dictar una resolución que se asienta en una doctrina sobre la que el tribunal de garantías se ha pronunciado en reiteradas ocasiones: la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y no solo en una parte, por lo que la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que solo participen los ciudadanos catalanes es ilegal.

Sin embargo es posible que acontecimientos recientes como el juicio por la consulta del 9-N que ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau haya contribuido a acelerar el calendario. El juicio fue una nueva demostración del pulso secesionista al Estado español, con la escenificación del respaldo popular y con una radicalización del mensaje del que ha dado testimonio la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, quien en una comparecencia ante la prensa ha contado lo que le ocurrió a la salida del tribunal: “Me insultaron. Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda, vete de Cataluña, fuera”.

En cualquier caso, no parece que el diálogo con los dirigentes catalanes que prometía el Gobierno de Mariano Rajoy inmediatamente después de su constitución vaya a suponer ningún giro respecto a la postura mantenida hasta ahora. El líder del PP lo dejó claro este fin de semana en el congreso de su partido, cuando avisó de que “no se puede negociar el incumplimiento de la ley, no vamos a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución, nadie nos puede pedir que seamos cómplices de esa arbitrariedad”.

Con los ecos del juicio del 9-N aún resonando, Rajoy recordó lo mismo que el Constitucional lleva recordando durante los últimos años: que la Carta Magna sitúa la soberanía nacional en cada uno de los ciudadanos españoles y no “sólo en una parte”. “Todos los españoles tenemos el derecho a decidir sobre lo que queremos que sea España”, dijo y añadió que ese derecho no puede ser obviado ni por el Parlamento ni por el Gobierno sin una reforma previa de la Constitución ya que, de lo contrario, se estaría incumpliendo la ley.

Lo que ha hecho ahora el TC es anular, por ser contrarios a la Constitución, los apartados de la resolución 306/XI del Parlament titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el título “El futuro político de Cataluña”. Además, notifica la resolución personalmente a la presidenta del Parlament y demás miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalitat y a los demás miembros de su Gobierno “con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento” a la resolución anulada. Asimismo, les recuerda “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de los apartados” de la resolución del Parlament declarados inconstitucionales. De no hacerlo y de seguir dando pasos para la celebración del referéndum, les señala en su resolución, podrían incurrir en responsabilidad penal.

Advertencias a Puigdemont, Forcadell, el Govern, el Parlament…

Lo que no puede hacer el Constitucional es entrar a decir si existe o no delito por lo que deja en manos del fiscal la decisión se presentar una querella, que se formalizará con toda probabilidad en los próximos días, contra Carme Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta independentista. Forcadell ya ha reaccionado en su cuenta de Twittter con este mensaje: “El único diálogo que se nos ofrece es con los tribunales. A pesar de todo, continuamos defendiendo la libertad y el derecho de iniciativa de los diputados”.

Literalmente, el pleno ha acordado “deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a todos los citados (incluidos Puigdemont y sus consejeros), que podrían haber incumplido “el mandato” de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva”. En otras palabras, ha denunciado ante el fiscal una posible desobediencia a sus sentencias por parte de los responsables públicos del Parlament antes citados.

El Constitucional anula pues, definitivamente, los acuerdos a los que dio luz verde el Parlament el 27 de julio de 2016, cuando la mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP bastó para que se consumara el desafío al tribunal aprobando las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Entonces, el alto tribunal todavía no había avalado las nuevas herramientas con las que le dotó el gobierno del PP poco antes de perder su mayoría absoluta. Ahora, en este nuevo incidente de ejecución, podía acordar la suspensión de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones.

En su demanda, la Abogacía del Estado resaltaba que las propuestas de resolución aprobadas “generan una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional, pues el Parlamento catalán pretende formalizar una vez más la convocatoria de un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la desconexión con el Estado de manera unilateral”. Y concluía que “las resoluciones aprobadas vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución”.

El Govern, dispuesto a seguir adelante pese al TC

En cualquier caso, la cuestión catalana sigue empantanada y sin que se vislumbre solución alguna. Nada más conocer la resolución del TC, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha avisado de que dicha decisión “no altera en nada” la “voluntad inequívoca” del Govern de convocar el referéndum. Munté, como Puigdemont y el resto del Govern, sigue apelando a la “mayoría parlamentaria” y la “mayoría social” que según ellos justifica su voluntad de seguir adelante. Por esa razón, ha dicho, “esto no altera en nada nuestra voluntad inequívoca de continuar trabajando para poder celebrar un referéndum en 2017″. Ha subrayado, además, que las resoluciones soberanistas anuladas por el TC fueron “discutidas y votadas en el Parlament” en base a la “libertad de expresión” y ha mostrado su “apoyo incondicional” a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa con problemas judiciales por haber permitido esas votaciones.

Precisamente, la consellera ha llamado la atención sobre “la celeridad extraordinaria” con la que el Constitucional ha tomado su decisión, algo que a su juicio “no es ninguna sorpresa” justo después de “una semana tan intensa como la pasada”, que es cuando se celebró el juicio por el 9-N. “Estamos dirimiendo cuestiones políticas, que no deben ser objeto de persecución judicial”, ha añadido y ha señalado que el Govern muestra su “obediencia a la legalidad catalana y a los retos y mandatos democráticos que surgen del Parlament”.

 

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