Las pensiones perderán siete puntos de poder adquisitivo en 10 años, al menos hasta 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta de que los pensionistas perderán poder adquisitivo al menos hasta 2022. Así lo ha señalado su presidente José Luis Escrivá en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, donde ha avanzado algunas de las conclusiones preliminares del informe que su organismo está realizando en relación con las pensiones.

Escrivá, que ha explicado el desequilibrio en el que se encuentra la Seguridad Social, ha dicho que esta situación hará que la fórmula que calcula la subida de las pensiones arroje un aumento del 0,25% para los próximos años. Esa subida, ha dicho, implicaría “una probable pérdida de poder adquisitivo de las pensiones”. Se mantendrá, eso sí, la relación entre la pensión media y el salario medio.

“Entre 2013 y 2016 las pensiones no han perdido poder adquisitivo, eso no es discutible. Pero a partir de ahora sí lo van a perder si no se toman medidas”, ha insistido, aludiendo al cambio en la evolución de la inflación, que ha pasado del 0% a tasas positivas en los últimos meses. Una situación que sólo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social -vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto- un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.

Sin embargo, el dirigente de la AIReF ha eludido pronunciarse sobre qué medidas serían más convenientes -más allá de reclamar equilibrio financiero en la Seguridad Social-, ya que ninguna propuesta es “neutral desde el punto de vista redistributivo”, por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones “más informadas”. “Cuentas nocionales, emitir deuda pública, financiar la Seguridad Social vía impuestos… Todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas. Los impactos redistributivos, sobre el déficit o sobre la actividad económica que podrían tener requieren de instrumentos de análisis que no están disponibles. Y cualquier medida debe ser evaluada de forma más precisa y rigurosa que hasta ahora”, ha reclamado.

Por eso, ha pedido invertir más en estudios ‘ex ante’ de las políticas públicas “mucho más detallados” y también profundizar en los análisis ‘ex post’ de las reformas paramétricas para saber por qué funcionan mejor o peor de lo esperado. Y, para ello, hace falta una “involucración mayor y más decidida” de la Seguridad Social, que es la que tiene “todos los datos disponibles” y puede llevar a cabo microsimulaciones precisas. En cualquier caso, la AIReF presentará a lo largo de este año un primer informe sobre la sostenibilidad de la deuda y el déficit estructural de la Seguridad Social en el que ya está trabajando.

Escrivá ha puesto en duda que la Seguridad Social vaya a ser capaz de alcanzar el objetivo de déficit del 1,4% fijado para este ejercicio, y cree que si no se toma ninguna medida el desequilibrio se situará en el entorno del 1,7%, el mismo con el que previsiblemente se cerrará 2016. Y ha indicado que las cuentas de la Seguridad Social cerraron el año 2016 con un desfase del 1,7%, por encima del 1,1% que tenía como objetivo, y considera que a partir de ese punto alcanzar el 1,4% previsto para este ejercicio “no es alcanzable” en ninguno de los escenarios probables.