La Justicia obliga a May a pedir la autorización del Parlamento británico para activar el Brexit

La Justicia británica ha dictaminado que el Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que inicia el Brexit. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario. La decisión no significa necesariamente un freno al proceso pero supone una importante derrota política para la primera ministra, Theresa May.

miller-dEl presidente del Supremo, David Neuberger, ha informado de que el fallo ha sido aprobado por una mayoría de 8 magistrados frente a 3, basándose en que el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que “esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento”. Y, precisamente, la tesis de los defensores de que sea preceptivo el pronunciamiento del Parlamento es que la salida de la UE modificará los derechos legales disfrutados por los residentes en el Reino Unido.

El Tribunal Superior había fallado en noviembre en favor de la empresaria Ginna Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes del Parlamento. El Gobierno recurrió reclamando su derecho a utilizar la prerrogativa real, que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona. Concretamente, el Ejecutivo de May defiende que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que un 51,9% frente a un 48,1% de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar el Brexit sin una votación previa de la Cámara de los Comunes. La primera ministra ha insistido en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.

Miller, sin embargo, sostiene que el referéndum que aprobó el Brexit, el 23 de junio de 2016, no es legalmente vinculante al tratarse de “un ejercicio de consulta”, por lo que la primera ministra no puede ejercer la “prerrogativa real” y activar por su cuenta y riesgo la salida de la Unión Europea sin someterse al escrutinio parlamentario. Además, los abogados de la empresaria han argumentado que la salida de la UE supondrá que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972. Esos letrados insistieron en que solo el Parlamento de Westminster puede retirar esos derechos. Sin embargo, el Gobierno ha defendido que puede poner en marcha el artículo porque el Reino Unido es constitucionalmente “dualista”, ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.

En su dictamen, el tribunal también establece por unanimidad de los once jueces que lo componen que el Gobierno no tiene que consultar a los organismos legislativos autonómicos -Escocia, Irlanda del Norte y Gales- antes de activar el Brexit. La Corte explica que los estatutos de autonomía fueron establecidos cuando el Reino Unido era ya miembro del bloque europeo y que “las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido”.

La gran pregunta es qué hará ahora el Gobierno de May que a través de una portavoz de Downing Street ha reaccionado recordando que “el pueblo británico votó por abandonar la UE y el Gobierno cumplirá ese veredicto activando el artículo 50 antes del final de marzo, tal y como estaba planeado. El fallo de hoy no cambia eso en ninguna medida”. La portavoz ha recordado que “el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y que ya ha indicado su apoyo a continuar con el proceso de salida con el calendario que hemos establecido. Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y presentaremos nuestros próximos pasos en el Parlamento en breve”.

Esta declaración se refiere a la moción aprobada en la Cámara de los Comunes en diciembre para “respetar” la voluntad del pueblo británico expresada en el referéndum. La iniciativa fue respaldada por 461 votos a favor y 89 en contra (entre ellos, 23 laboristas, 5 liberal-demócratas, 51 nacionalistas escoceses y un solo conservador, el veterano Ken Clarke). A cambio de que saliera adelante la iniciativa parlamentaria, May se comprometió a hacer público su “plan para dejar la UE” y a informar al Parlamento sobre las líneas maestras de la negociación con Bruselas. Precisamente, la semana pasada la primera ministra expuso las líneas maestras del ‘Brexit duro’ que se propone impulsar.

Ahora, el Gobierno británico tiene que presentar un proyecto de ley que le permita cumplir su promesa: dar el pistoletazo de la salida de la UE a finales de marzo. Y así lo ha confirmado el ministro británico para el Brexit, David Davis, para quien “esto no es un debate sobre si el Reino Unido debe o no abandonar la UE. Esa decisión ya la tomó el pueblo británico”. En una comparecencia en el Parlamento, Davis ha expuesto los planes del Ejecutivo: “Trabajaremos con nuestros colegas de las dos Cámaras para asegurarnos de que este proyecto de ley se pasa a tiempo para activar el Artículo 50 antes de finales de marzo”. Según el ministro, el objetivo de esta iniciativa legislativa “no será otro que el de dar al Ejecutivo el poder para activar el artículo y así iniciar el proceso de dejar la Unión Europea”.

Los partidarios del Brexit ya han reactivado la campaña para que no se obstaculicen sus aspiraciones. “De nuevo la élite muestra su desprecio hacia los votantes del Brexit”, ha titulado la versión online del Daily Mail nada más conocerse el fallo del Supremo.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha señalado que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. “Los laboristas respetan el resultado del referéndum y la voluntad de los británicos y no frustraremos el proceso de invocar el Artículo 50”, ha afirmado. No obstante, ha aclarado que su partido tratará de enmendar la ley para la activación del Artículo 50 “para evitar que los conservadores usen el Brexit para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa”. Corbyn, no obstante, podría enfrentarse a una nueva revuelta en las filas del laborismo, donde no todos están de acuerdo con su inequívoco respaldo al Brexit.

Por su parte, el líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, ha sostenido que de lo que trataba el litigio judicial era de “dar voz a los ciudadanos sobre lo que viene después” tras el referéndum. En este sentido, ha señalado que su partido “demanda una votación de los ciudadanos sobre el acuerdo final y sin el cual no votaremos a favor del Artículo 50”.

 

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